La justicia imputó a dos sujetos mayores de edad por el delito de “Ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y falsificación de documento público”. La Policía los detuvo este lunes por la tarde. Esta organización se dedicaba a la comercialización de certificados médicos “truchos” a través de las redes sociales. Una licencia laboral por 30 días, con el diagnóstico de ataque de pánico, tenía un valor de 2.300 pesos. El servicio era completo: cuando estaba próxima a vencer, se comunicaban para ofrecer la renovación.
A raíz de una pesquisa que comenzó el pasado mes de agosto y realizada por el Dr. Gabriel López y el Dr. Walter Velázquez –titular y secretario de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez-, personal de la DDI de Moreno y General Rodríguez detuvo a dos sujetos acusados de vender, a través de las redes sociales, certificados médicos “truchos”. Una de las aprehensiones se realizó en la rotonda de Derqui, en Cuartel V, mientras que la restante en un domicilio del partido de José C. Paz. También allanaron la Unidad de Pronta Atención (UPA) de esta última localidad, ya que uno de los imputados trabajaba en el lugar, aunque estaba suspendido. Los diagnósticos salían en papeles membretados de esa unidad sanitaria, pero eran apócrifos.
La operatoria fue detectada a principios de agosto a través de Facebook. En dicha red social aparecían ofertas de realización de certificados médicos con el objetivo de lograr licencias laborales, obviamente de manera irregular. Los investigadores solicitaron presupuestos bajo el nombre ficticio de una mujer. Los valores eran accesibles: Una licencia por 30 días tenía un costo de 2.300 pesos, por 60 días 3.900 pesos y por 90 días 4.500 pesos. Cerraron un acuerdo por un certificado por 30 días. En momento de la entrega, se realizó el pago.
Con ese papel, donde se consignaba un diagnóstico de ataques de pánico, se profundizó la pesquisa. Determinaron desde la justicia que el médico cuyo sello aparecía en el pie del certificado existía, pero no participaba de ninguna maniobra delictiva. Había sido “truchado” también. Los seguimientos y las escuchas telefónicas dieron indicios que sólo dos sujetos participaban del circuito; uno de ellos era empleado público – justamente trabajaba en la UPA (Unidad de Pronta Atención) de José C. Paz -. También determinaron que este individuo estaba suspendido en sus funciones por faltas reiteradas.
El servicio era completo. Días antes que se venciera el certificado de licencia por 30 días, comenzaron a mandarles mensajes a la “cliente” preguntándole si quería renovar el papel. Acordaron una nueva entrega por la extensión. La cita fue combinada en una estación de servicio cercana al Cruce Derqui para este lunes 5 de octubre para las 16 horas.
Cuando llegó el repartidor, fue apresado por los Policías de la DDI que estaban de civil. Ya contaban con órdenes de detenciones y de allanamientos brindadas por la Dra. Adriana Julián, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.
Los policías se dirigieron a dos viviendas en José C. Paz, donde en uno de ellos apresaron a quien realizaría toda la operatoria burocrática, un individuo de 28 años quien trabajaba en la UPA de José C. Paz. Justamente ese centro sanitario fue allanado y se resolvió un misterio para los empleados y directivos del lugar. No entendían las razones ya que desde varias empresas se comunicaban a ese nosocomio consultando si habían realizado certificados por distintas patologías otorgando licencias a sus empleados. La respuesta llegó de mano de la justicia.
En los distintos operativos, los oficiales secuestraron certificados de discapacidad y sellos médicos de distintas especialidades como psiquiatría, clínica médica y traumatología. También incautaron recetarios “firmados” por profesionales –incluidos para la compra de psicofármacos -, certificados de discapacidad para aportar en la Asignación Universal por Hijo y certificados de aislamiento por COVID – 19.
Los detenidos fueron alojados en los calabozos de la DDI, ubicados en General Rodríguez. Este martes fueron trasladados a las dependencias de la Fiscalía Nº 8 en Moreno, donde se negaron a declarar, asesorados por un abogado de oficio aportado por el Estado. Están imputados por los delitos de “Ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y falsificación de documento público”. En los próximos días recuperarían la libertad, ya que la pena en expectativa tiene un máximo de seis años y un mínimo de uno. ¿Qué va a pasar con los empleados de las diferentes empresas que estuvieron consultando en la UPA por los certificados presentados para la solicitud de las licencias laborales? Seguramente, una vez que sean detectados, serán despedidos con justa causa, porque conocían el origen irregular de los papeles en cuestión.