En medio de fuertes objeciones, Festa vetó la ordenanza que adjudicaba el estacionamiento medido

El intendente municipal de Moreno, Walter Festa, vetó la ordenanza que adjudicaba el contrato por la explotación del estacionamiento medido en el centro del distrito. El motivo de esta medida tendría base en las denuncias realizadas por el concejal -en uso de licencia-  Leonardo Coppola respecto a irregularidades detectadas en el expediente aprobado por el legislativo. ¿El Concejo Deliberante insistirá con la ordenanza o sostendrá el veto del ejecutivo?

Este viernes 18 de mayo tomó fuerza el rumor que señalaba que el intendente municipal de Moreno, Walter Festa, finalmente decidió vetar la ordenanza de adjudicación del contrato que otorgaba la explotación del sistema de estacionamiento medido a la empresa IPS Group Argentina. Este trascendido fue confirmado en horas de la tarde de ese mismo día por distintas fuentes vinculadas a la gestión municipal. El lunes por la mañana el expediente ingresó por mesa de entrada del HCD.

En este punto cabe recordar que el proceso del establecimiento del establecimiento medido comenzó meses atrás, cuando desde el Concejo Deliberante se aprobó el pliego de bases y condiciones para el concurso de empresas interesadas en desarrollar y explotar el sistema que ya tuvo una anterior experiencia, fallida, a finales del siglo pasado. Solo se habría presentado una organización a la compulsa de precios y fue la solitaria ganadora. Nuevamente el legislativo tuvo un rol importante al votar una ordenanza (acompañaron 17 concejales y solo Gisele Agostinelli de Cambiemos se opuso) que adjudicaba el negocio a IPS Group Argentina.

Desde un sector de Cambiemos se denunció una serie de irregularidades en el final de proceso. Entre ellas, el concejal, en uso de licencia, Leonardo Coppola junto a Gisele Agostinelli, señalaron en la emisión del 11 de mayo de “Semanario Actualidad Magazine” que la empresa IPS Group Argentina sólo tenía una vida institucional de seis meses (cuando en el pliego se exigiría una antigüedad mayor a los dos años de constitución), un capital de sólo 25 mil pesos y no tener empleados, entre otras cuestiones. Pero el mayor impacto político lo tuvo la identificación de los titulares de IPS Group Argentina. Juan Carlos Viñez y Daniel Raúl Castillo, titulares de la firma, aparecen también vinculados a una empresa denominada Gestión Tallión Argentina, inhibida por el Juez Federal Ercolini en la causa penal que investiga al empresario Cristóbal López, quien se encuentra actualmente detenido. Los trascendidos indican que Gestión Tallión Argentina participaría de la Unión Transitoria de Empresas para explotar el estacionamiento medido junto a IPS Group Argentina y la organización norteamericana IPS Group Inc. Esta revelación generó un movimiento tectónico en la gestión municipal y algunos de los principales dirigentes del oficialismo reclamaron explicaciones. La mayoría de los interlocutores se llamaron a silencio.

En la sesión extraordinaria del jueves 10 de mayo, donde se trató la adjudicación, solo Gisele Agostinelli se opuso a su aprobación. Hubo seis ausencias en el plenario legislativo – Cintia González y Marcelo Cosme de Unidad Ciudadana; Claudia Asseff, Bibiana Atala y Mariano Cais de CAMBIEMOS y Julio Jiménez (unibloque Moreno Vive)-. Fue aprobado los concejales del Frente Renovador Damián Contreras, Carlos Capizzi, Juan Domingo Gorosito y Néstor Joao, la edil de COPEBO Karina Álvarez, los radicales enrolados en CAMBIEMOS Jorge Kartofel y María Fábregas (que responden a la conducción de Joaquín «Pipi» Nogueira) y los legisladores de Unidad Ciudadana Marcelo García, Nadia Olea, Gabriela Gómez, María Esther Vargas, Orlando “Manolo” Castillo, Martín Fraiz, Horacio Chiqué, Sandra Cruz, Martín Osorio y José Luis Barreiro. Justamente las fuentes consultadas señalan a Barreiro (quien viajó a China junto a los funcionarios del ejecutivo Lucas Chedrese, Mauro Tanos y Roberto Gaudio) como el impulsor y virtual operador de la aprobación de la ordenanza en el Concejo. Muchos miran de reojo al ex presidente del cuerpo durante la gestión de Mariano West al frente del municipio y lo hacen centro de las críticas. ¿Será Barreiro quien pague el costo político de la decisión?

El decreto vetando la ordenanza 5.894, que adjudica la explotación del sistema de estacionamiento medido a la empresa IPS Group, ingresó a través de mesa de entrada del Honorable Concejo Deliberante durante la mañana de este lunes 21 de mayo. Entre los considerandos de la normativa refrendada por el intendente Walter Festa y los secretarios de Gobierno Lucas Chedrese y de Economía Mauro Tanos, se señala que “Que en días posteriores y a través de medios de comunicación, integrantes del Cuerpo Legislativo manifestaron, en días posteriores, su disconformidad respecto a la adjudicación realizada por el mismo cuerpo deliberativo al que pertenecen, sembrando un manto de duda sobre el proceso licitatorio y la empresa que resultaría adjudicataria. Que todo ello resulta diametralmente opuesto a la transparencia que este Departamento Ejecutivo lleva adelante la contratación pública, resultando en la inexistencia absoluta de objeciones formales o impugnaciones a los procedimientos realizados”. En el cuerpo del texto se decreta el veto, en conformidad a lay Orgánica de las Municipalidades, contemplado en el artículo 108 inciso 2.

Con la llegada del veto del ejecutivo al Concejo Deliberante se comenzará a transitar un camino legal con dos alternativas: Si el legislativo insiste con la aprobación de la norma, deberá computar en la sesión con la anuencia de 16 de los 24 concejales. Si esto no ocurre, por no contar con las manos suficientes o directamente por no someterlo a tratamiento y sostener de esta manera el veto, se deberá realizar todo el proceso nuevamente, incluido un nuevo llamado a licitación para concesionar el sistema de estacionamiento medido en el centro de Moreno, según la consulta realizada a especialistas en estas cuestiones. ¿Alguien pagará el costo político de este enorme paso en falso?