Cuando a fines de la semana anterior se le escuchó decir al propietario de la Línea 500, Juan Arguissaín, que la empresa “El Nuevo Ceibo” estuvo a minutos de desaparecer, se debe consignar que no estuvo exagerando en lo más mínimo, puesto que la firma encargada del servicio de transporte de pasajeros de General Rodríguez, pasó las peores 48 horas de su historia.
Con escaso apoyo político, los empresarios contra las cuerdas presionados por la Unión Tranviario Automotor (UTA), los choferes amenazados si salían a realizar los recorridos y las unidades sin los correspondientes elementos legales para circular; se había conformado un combo perfecto para que directamente se declare el final del trabajo del conocido “amarillito”.
Fueron sin dudas los empleados de la empresa y parte de la sociedad rodriguense, los que lograron reflotar el servicio que pasó por momentos muy duros cuando, el jueves 8 de noviembre por noche, dos de los micros que estaban realizando su recorrido, recibieron disparos de arma de fuego que astillaron los parabrisas, teniendo como saldo un chofer herido levemente por los vidrios que salpicaron en su habitáculo.
Mucho de lo ocurrido fue producto del trabajo interno realizado por los hombres de la UTA, los cuáles más allá de tener elementos para reclamar, instalaron la famosa “patota” a 100 metros de los talleres de la empresa de la calle Manny, en una clara intimidación para aquellos que no acaten sus directivas.
A continuación se hará un resumen cronológico de todo lo acontecido.
Miércoles 7 de noviembre
Todo comenzó en horas del mediodía cuando, integrantes del Ministerio de Trabajo y de la UTA, se colocaron en la estación central de colectivos y sin mediar palabras, fueron derivando a los talleres a cada uno de los colectivos que llegaba sin su máquina expendedora de boletos. Así en cerca de dos horas todos los micros terminaron estacionados y sin brindar el servicio a los rodriguenses quienes, con casi 35º de temperatura ambiente, quedaron en la calle sin poder llegar a sus viviendas.
La drástica decisión comenzó a generar todo tipo de especulaciones. Las reuniones desarrolladas durante el día fueron muy poco productivas y solamente se supo que el intendente Juan Pablo Anghileri dialogó con el subsecretario de Empleo de la provincia de Buenos Aires, Luis Antonioli, para que realice todo lo que esté a su alcance en pos de destrabar el conflicto planteado.
Pese a las presiones existentes, de las cuáles también formó parte la ex senadora Adelma Arguissaín (hija del propietario de la empresa), ya en horas de la tarde se sabía que el servicio se suspendía hasta, por lo menos, el viernes al mediodía, dado que habría una reunión en la ciudad de La Plata donde se podría abrir un panorama más claro.
Jueves 8 de noviembre
Desde muy temprano, los choferes se hicieron presentes en la sede del transporte en la calle Intendente Manny al 1400, mientras esperaban las determinaciones de los empresarios y gremialistas provenientes de la capital de la provincia. Hubo durante esas horas algunos encontronazos entre empleados que querían salir a trabajar y miembros de la UTA, quienes estaban atentos a no dejar salir ninguna unidad para brindar el servicio.
Cerca de las 11 de la mañana llegó la noticia aliviadora de la situación. El Ministerio de Trabajo había firmado la conformidad para salir a realizar los recorridos, pero una acción intempestiva de los gremialistas hizo que el permiso quede trunco. El motivo del reclamo, en esta oportunidad, era que los choferes no podían ser quienes realicen la labor de guarda para cortar boletos.
Ya con Diego Ghirardi al frente del departamento ejecutivo (Juan Pablo Anghileri estaba de viaje en Brasil) y ante la presión de los choferes de cortar la ruta 7 sino se llegaba a un acuerdo, nuevamente comenzaron las negociaciones que se terminaron cuando un miembro de la UTA nacional, llamó telefónicamente y pidió a los delegados zonales que permitan salir a los micros.
Cerca de las 13 horas, nuevamente comenzaron a verse en las calles los colectivos, restableciéndose lentamente cada uno de los ramales en sus servicios habituales.
Parte de la UTA, que quedó disconforme con lo establecido, habían prometido que se vivirían situaciones violentas y efectivamente se materializaron. Entre las 20 y las 21 horas, dos colectivos que provenían por la ruta 7 en dirección a General Rodríguez, recibieron dos impactos de bala en sus parabrisas que hicieron astillar los mismos. Rápidamente y por seguridad, se levantaron todos los ramales y se terminó la jornada con un fuerte dramatismo interno y con familiares de los empleados preocupados por la situación que les tocaba pasar a sus seres queridos.
Viernes 9 d noviembre
Pese a que desde la UTA indicaron al celular de uno de los responsables de la firma que los episodios vandálicos podrían continuar, el apoyo de la policía local y principalmente la firme convicción de los choferes de brindar el servicio, hizo que la mañana casi sea “normal” en cuanto a la circulación de los vehículos.
Cerca de las 10 de la mañana, en la sede de la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad de Luján, se reunieron nuevamente las partes en conflicto y allí definitivamente firmaron un acta compromiso. En la misma se dejaba establecido que se le daría un plazo de 90 días a la empresa El Nuevo Ceibo, para que colocara la máquina expendedora de boletos. Mientras tanto el servicio se brindaría con personal eventual (no choferes) que irían arriba del colectivo cobrando el pasaje a aquellas personas que no poseen la tarjeta Sube.
Este acuerdo normalizó el servicio, por lo que a partir de ahora el compromiso es para que desde el ámbito político, se comiencen con las exigencias de inversión hacia la empresa, la cual si recibe un cimbronazo más de este tipo, sin dudas quedará sin aval de ningún tipo para seguir funcionando.
La versión de la empresa
Por parte de la empresa “El Nuevo Ceibo”, quienes salieron a los medios a dar explicaciones de lo sucedidos fueron las actuales dos figuras más emblemáticas. Por el lado de los socios el propio Juan Arguissaín, mientras que por la parte legal lo hizo el Dr. Alberto López. Ambos admitieron que se pasaron momentos límites e inclusive en algún momento se vislumbraba un futuro muy negro que hacía peligrar la continuidad de la Línea 500.
El “Vasco” Arguissaín en el inicio franco de su diálogo dijo respecto a lo acontecido: “Estuvimos pasando una situación política gremial muy difícil y muy dura con nosotros. Lo que pasó es el que el 5 de octubre, nuestros delegados, hicieron un paro sorpresivo que era el día de pago y de 712 mil pesos que tenían de sueldos, les faltaban 275 cobrar y por eso decidieron realizar la medida de fuerza.
Desde ese día comenzó toda esta hecatombe y los responsables directos de todo fueron los mismos delegados que tenemos en la empresa. Luego aparecieron intereses foráneos los terminaron rebasando a los propios representantes de los trabajadores y el conflicto no se pudo parar más, porque aparecieron 70 tipos que eran de otras empresas que nos avasallaron y realmente nos hemos salvado arañando de desaparecer”.
Más adelante el histórico titular de la firma agregó: “El transporte de pasajeros en General Rodríguez lo hice yo, porque antes no había nada. Si me tengo que ir, lo voy a hacer pacíficamente, porque lo que tengo me lo dio el pueblo de General Rodríguez y si el pueblo no me quiere más me tendré que ir. Son cosas de la vida, nos pasa a todos y nosotros no somos la excepción”.
Finalmente Arguissaín hizo un reconocimiento público respecto al servicio que presta la Línea 500 al decir: “La verdad es que General Rodríguez pasó en poco tiempo de 40 a 120 mil habitantes y la empresa no acompañó el crecimiento demográfico. Por distintas razones nos fuimos quedando y ahora sufrimos las consecuencias”.
Por su parte y metiéndose en lo que corresponde a la parte legal y de negociaciones que hubo entre la empresa, el Ministerio de Trabajo y la Unión Tranviario Automotor (UTA), fue el apodera de la firma, Dr. Alberto López, quién comenzó diciendo: “Hubo un procedimiento del Ministerio de Trabajo en conjunto con el gremio de la UTA donde verificaron que las unidades no tenían las máquinas expendedoras de boleto, aunque todas tienen el sistema SUBE desde el año pasado. Ahora por reglamentaciones vigentes, debemos reconocer que nuestras unidades no poseen la máquina expendedora, aunque nos dijeron y esto no lo he chequeado, que esas máquinas van a dejar de funcionar a fin de año.
Igualmente y dada la irregularidad, es que pedimos un tiempo de prórroga, algo que no lo concedieron y por eso estuvimos con el servicio cortado el día miércoles por la tarde y el jueves a la mañana”.
Para determinar la posición irreversible del sindicato, López explicó que pidieron que dejaran salir las unidades para ir a buscar a los chicos de las escuelas más alejadas. La respuesta fue positiva, pero únicamente saldrían con una autorización del Ministerio, algo que lógicamente no se podía tramitar en pocas horas.
Sobre la continuidad de las negociaciones agregó el abogado de la firma: “El día jueves nos apersonamos en la Subsecretaría de Trabajo de Luján y conseguimos el compromiso de poder salir a trabajar con un guarda o con Sube solamente. Pese a ello, igualmente gente de la UTA me dijeron que no podíamos salir, con lo cual a última hora de ese día, pasamos a un cuarto intermedio hasta el viernes”.
Pese al acuerdo establecido, la gente del gremio no quedó conforme del todo y muestra de ello es que se la relaciona con los hechos vandálicos que terminaron dos colectivos baleados en la misma noche del jueves. Inclusive existirían llamadas que ingresaron al teléfono de uno de los propietarios, donde se dejaba constancia que, en la jornada posterior, seguirían los problemas sino se paraban los micros.
El hecho hizo que se realice la correspondiente denuncia, por lo que la policía local realizó un exhaustivo rastrillaje para poder ubicar a los agresores sin resultados positivos.
Luego el doctor López prosiguió diciendo: “Estuvimos nuevamente en Luján con gente de la UTA y junto a sus letrados logramos obtener la posibilidad de tener otros tres meses de plazo para la colocación de las máquinas expendedoras de boletos. Mientras tanto se va a salir con guardas que serán personal contratado eventual por el término de 90 días”.
Pese a que el panorama era bastante incierto, la empresa festejó el acuerdo e inclusive se comentaba que en 45 días ya podrían estar las máquinas en cada uno de los vehículos que hoy circulan las calles de General Rodríguez.