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    Consejo Escolar: Allanaron una empresa y uno de los consejeros denunciados presentó una eximición de prisión

    En el marco de la denuncia realizada por la intervención del Consejo Escolar a raíz de supuestos hechos de corrupción, desde la justicia allanaron la sede de la empresa Pasfin S.A., donde secuestraron cajas de documentación, computadoras y celulares. A la par de este procedimiento el consejero escolar Jorge “Pol” Almada presentó, a través de su abogado, un pedido de eximición de prisión ante el Juzgado de Garantías de la Dra. Adriana Julián.
    Durante la tarde del pasado lunes, funcionarios judiciales junto a policías allanaron la sede de la empresa Pasfin S.A. en la localidad de Haedo secuestrando seis cajas de documentación, computadoras y teléfonos celulares. El operativo fue realizado en el marco de la investigación que lleva adelante la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a raíz de la denuncia formalizada por el avocador Sebastián Nasif. Cabe recordar que el Consejo Escolar de Moreno está intervenido desde el 27 de octubre a raíz de una resolución firmada por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos con base en tres informes de auditorías y que detectaron varias irregularidades en el organismo descentralizado.
    Las fuentes judiciales consultadas indicaron que desde la UFI Nº 4 tienen fuertes presunciones sobre la comisión del delito de peculado (fraude a la administración pública) y asociación ilícita. La maniobra investigada, a grandes rasgos, incluiría la adulteración (de manera burda) de remitos de entrega de mercadería que no habrían sido recepcionadas por los directivos de las escuelas beneficiadas por el programa SAE (Servicio Alimentario Escolar). Estos productos tienen como destino los comedores escolares que funcionan en esos establecimientos. Pese a estas irregulares circunstancias, los mismos habrían sido abonados por el Consejo Escolar de Moreno. La empresa proveedora es Pasfin S.A. y los consejeros denunciados son Jorge “Pol” Almada (tesorero en esos momentos de la institución), Mónica Berzoni (presidenta) y Cecilia Parentti (secretaria).
    La documentación secuestrada es analizada ahora por la justicia y confrontada con la papelería entregada por la intervención del Consejo Escolar. Ya se habría identificado otras irregularidades, entre ellas la inexistencia de papeles en poder de la empresa que compruebe la adjudicación de la licitación realizada para proveer el SAE.
    A la par de este procedimiento, se conoció que el abogado de Jorge “Pol” Almada presentó ante el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Adriana Julián un recurso de eximición de prisión en beneficio del consejero escolar denunciado. Este pedido está fundado en el artículo 185 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que reza “Toda persona que se considere imputada en un delito en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre, podrá por sí o por terceros solicitar al órgano competente que entienda en el proceso su eximición de prisión”. La Jueza de Garantías debe evaluar la gravedad del delito, los peligros procesales (fuga y/o entorpecimiento de la investigación) y la pena en expectativa (en el caso del peculado o fraude a la administración pública de 2 a 10 años de prisión y en la asociación ilícita de 3 a 10 años de prisión). Si la Dra. Julián considera que está neutralizado el peligro que implican estas cuestiones, puede dar lugar al pedido de Jorge “Pol” Almada y por lo tanto puede seguir en libertad en caso que la fiscalía solicite la detención. Igualmente en caso que sea aprobado o rechazado, la resolución puede ser apelada ante la cámara. Julián tiene 3 días para decidir y posteriormente las partes involucradas (tanto Pol Almada como el Dr. Gabriel Lorenzo, titular de la UFI Nº 4) tienen igual tiempo para apelar.
    No es un dato menor que Almada haya solicitado la eximición de prisión. Deja en evidencia la gravedad de la investigación desarrollada por la justicia. El mismo recurso habría sido presentado por los propietarios de la empresa Pasfin S.A.
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