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  • Corrupción en el Consejo Escolar: denuncian un nuevo desfalco por más de medio millón de pesos


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    Corrupción en el Consejo Escolar: denuncian un nuevo desfalco por más de medio millón de pesos

    El interventor del Consejo Escolar de Moreno Sebastián Nasif amplió la denuncia realizada la semana pasada y sumó una nueva irregularidad en el Servicio Alimentario Escolar (SAE). En este caso la maniobra tendría una sobrefacturación de casi 540 mil pesos. De esta manera se suma al anterior escrito, donde habrían acreditado la existencia de remitos truchos por una suma que rondaba los 366 mil pesos. Los nombres de los supuestos implicados en este ilícito serían los mismos: los consejeros escolares Jorge “Pol” Almada, Cecilia Parentti y Mónica Berzoni y los propietarios de la empresa Pasfin S.A. proveedora del SAE.
    Durante la mañana de este miércoles 29 de noviembre el avocador (interventor) del Consejo Escolar de Moreno, profesor Sebastián Nasif amplió la denuncia realizada la semana pasada donde suma una irregularidad por el pago de más de 1.156.307,60 pesos en un servicio alimentario al que califican como “irregular”. Calculan que el desfalco en esta operatoria sería de casi 540 mil pesos. Este escrito se suma a la causa que finalmente está investigando la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Gabriel Lorenzo por los delitos de “Defraudación a la administración pública y asociación ilícita” y que tiene como denunciados a los consejeros escolares Jorge “Pol” Almada, Mónica Berzoni y Cecilia Parentti y a los propietarios de la empresa Pasfin S.A.
    Esta nueva maniobra detectada por el interventor tiene base en la Escuela Secundaría Nº 41 del barrio Nuevo Casasco, en el corazón del Plan Federal de Viviendas de la zona sur de Moreno. Según el escrito presentado en la justicia, allí funcionaba un comedor escolar que no estaba habilitado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Innegable es la necesidad de la comunidad de una de las zonas más postergadas del distrito; con raíz en ella, la directora de la escuela solicitó la creación de un comedor. Desde el Consejo Escolar se recepcionó el pedido y se llevó adelante la incorporación de este servicio alimentario. Pero no se habría pedido autorización al gobierno de la provincia de Buenos Aires por lo cual el comedor funcionaba de manera irregular. Un olvido no menor.
    La verdadera cuestión de fondo surge avanzando en el escrito. En el mismo Nasif señala que “Por esta maniobra, el Consejo Escolar abonó a la firma Pasfin S.A., en dos períodos (seis meses) de contrato la suma de $1.156.307,60.- entre marzo y agosto de 2017” y afirma que “Según los cupos otorgados por el SAE, el valor de la mercadería entregada debería ser de $616.686,90.- generando una diferencia en perjuicio del Consejo Escolar de Moreno de $ 539.620,70.- esto se desprende de la valorización de los remitos en cuestión”.
    Agrega en otro párrafo que “En las planillas adjuntas, se puede apreciar la entrega de 19 remitos con mercadería solo en el mes de mayo del corriente año; y en total, durante los seis meses de contrato auditado se entregaron 86 remitos con mercadería que se abonaron sin mencionar que estaban entregando mercadería que nadie revisaba su contenido, su calidad y su procedencia”. Nasif señala que “Se puede apreciar nuevamente que los consortes de causa actuaron nuevamente en forma organizada, con total acuerdo de las partes, con distribución de roles y tareas, sumando un nuevo actor a la organización delictiva (la señora Directora) y con la finalidad de defraudar al erario público en los pagos de los seis meses de contrato denunciado; o sea, ochenta y seis remitos cometiendo 86 ilícitos, poniendo en peligro la salud y seguridad de los adolescentes a los que se les brindaba un servicio clandestino desde una organización gubernamental, y que esas 86 entregas ilícitas se abonaron en seis cheques con un perjuicio para el Estado Provincial de $ 539.620,70.-; casi cien mil pesos por orden de pago”.
    Nasif nuevamente sube la apuesta cuando afirma que “Vengo a informar a la fiscalía actuante que tenemos más elementos de prueba de otros ilícitos cometidos por los mismos actores; pero por razones de tiempo y organización no hemos podido entregarlos y denunciar los mismos hasta la fecha. En un breve lapso de tiempo, ofreceremos a la fiscalía nuevas pruebas de más hechos delictivos cometidos por los denunciados en autos”.
    En la presentación el interventor del Consejo Escolar adjuntó las actas de donde Berzoni, Parentti y Almada asumen como presidenta, secretaria y tesorero, respectivamente, del cuerpo. Agrega que “Para una mayor compresión de los hechos denunciados, vengo a informar que cuando llegue a la Avocación, en el Consejo estaban trabajando unas cincuenta personas que decían ser empleados del Municipio, y que prestaban colaboración en el Consejo Escolar de Moreno. De inmediato les informe que debían volver al Municipio y no podían prestar servicios en este Consejo, y así acataron la instrucción”. En ese sentido, afirmó que “El personal estable de la entidad, me comento que esas personas no les permitían realizar su tarea, ya que con la anuencia del señor Tesorero Jorge Eduardo “Pol” Almada, los tenían apartados de la administración y verificación de la documentación que terminaría produciendo una orden de pago”. La distribución del personal de la comuna mereció una aclaración: “Almada tenía gente del municipio colaborando con él, sin permitir que los empleados de carrera pudieran acercarse a realizar las tareas que les correspondían hacer; y Cecilia Verónica Parentti tenía personal externo que colaboraba con ella en su tarea de secretaria. La profesora Mónica Berzoni, también, pero en menor medida trajo su gente a colaborar en su tarea de presidente del Consejo Escolar”.
    Esta operatoria denunciada se suma a la realizada la semana pasada por hechos similares, donde Nasif apuntó contra los mismos consejeros y la misma empresa proveedora del Servicio Alimentario Escolar. Sumadas todas las supuestas maniobras ilícitas el desfalco en perjuicio del Estado rondaría los 900 mil pesos. La causa finalmente es instruida por el Dr. Gabriel Lorenzo, titular de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, pese a que en un primer momento se especuló que se haría cargo la Dra. Luisa Pontecorvo, que ya tiene otra denuncia emanada del Consejo Escolar, en este caso por los títulos apócrifos detectados en los expedientes de los aspirantes a auxiliares de escuelas. En la pesquisa llevada adelante por el Dr. Gabriel Lorenzo se investigan los delitos de “Defraudación a la administración pública y asociación ilícita” entre otros. Habría importantes novedades al respecto en las próximas semanas, antes de la feria judicial estival.
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