Un funcionario municipal de Moreno, junto a un policía en actividad y un civil, fueron detenidos por orden de la justicia durante la tarde del pasado miércoles 29 de febrero. Están imputados en una causa caratulada como «Asociación ilícita, peculado y falsificación de documento privado».
En base a los pocos datos obtenidos, Oscar Pazos, funcionario político dependiente de la comuna de Moreno, fue aprehendido por orden de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Gabriel Lorenzo. Pazos estaría sindicado como jefe de una asociación ilícita que sustraía combustible -para luego comercializarlo en estaciones de servicio de la zona- y cuyo destino era los patrulleros de las distintas seccionales policiales del distrito. La casa de Pazos, en Paso del Rey, fue allanada durante la tarde del miércoles 29 de febrero y se habría secuestrado documentación de importancia para la pesquisa. Junto a Pazos fueron privados de la libertad el sargento de la Policía bonaerense Diego Agudo -ahora pasado a disponibilidad- y Leonardo Agüero.
Pazos estaba encargado del área de logística, bajo la órbita de la secretaría de Seguridad que encabeza Diego Vacis. Vacis se desempeñó hasta el 10 de diciembre como secretario Privado de la comuna en la gestión de Andrés Arregui. En esa función Vacis también tenía bajo su influencia la estructura de la seguridad municipal.
Según fuentes confiables, la operatoria desarrollada -y que estaría acreditada en el expediente- se habría realizado de la siguiente manera: un grupo de personas -entre ellas Pazos, Agüero y Agudo- se dirigían a la estación de servicio ESSO -firma EMFACO- ubicada en la intersección de la Avenida España y colectora sur de la Autopista del Oeste. Allí retiraban el combustible, por cuenta y orden de la municipalidad de Moreno, movilizándose en vehículos particulares. Los trascendidos indican que la sustracción rondaba entre los 250 y 350 litros diarios, los cuales eran trasladados en bidones de gran capacidad. Eran reducidos en surtidores de la zona a un valor aproximado de 3 pesos el litro. El desfalco alcanzaría los 7 mil pesos semanales.
Aunque se conoció que este no habría sido el único delito detectado. También se sospecha oscuras maniobras con repuestos para los automotores policiales. Aunque el proceso para determinar este ilícito es más engorroso, ya que se necesitaría la intervención directa de especialistas y los peritajes se tornarían complicados, no se descarta ahondar la pesquisa en ese sentido. Más allá de esto, la acusación contra los involucrados sería la misma: «Asociación ilícita, peculado y falsificación de documento». Tanto en el caso de los combustibles como de los repuestos, los mismos tenían como contrapartida vehículos de la fuerza de seguridad provincial que se encontraban inutilizados.
El cimbronazo político se hizo sentir. Los rumores constantes señalan la inminente detención de Diego Vacis -por ser el responsable del área-, pero voceros, más cautos y alejados de la efervescencia mediática, indican que en el expediente instruido en la justicia no habría elementos suficientes para solicitar su aprehensión ni estaría acreditada su participación en el ilícito. Estas versiones son agitadas diariamente por dirigentes opositores a la gestión West. Incluso los comentarios de pasillo en el Honorable Concejo Deliberante mencionan la posibilidad de formar una comisión investigadora, pero se duda de la capacidad de los ediles para lograr el quórum necesario para llamar a un sesión extraordinaria y aún más de contar con los 14 votos indispensables para ponerla en marcha. En el mismo sentido se manifiestan sectores internos de la alianza tejida por el actual mandatario comunal intentan sacar provecho de la situación, para de esta manera desgastar la figura del ex diputado nacional.
Ante el impacto de la noticia, la municipalidad de Moreno emitió un comunicado en el que se explicita que Mariano West «manifestó públicamente su firme decisión de continuar colaborando con el proceso y ofrecer todo lo que sea necesario para esclarecer el hecho». En otro párrafo señala que «ya desde mediados del año pasado, cuando se inició esta investigación, el Municipio se puso a disposición y a la espera del accionar de la Justicia ofreciendo todo lo que ésta necesite para esclarecer el hecho».
Por lo tanto, desde la comuna se conocía la pesquisa desde hace 8 meses, y se permitió que la irregularidad se sostuviera en el tiempo, con un costo para el erario municipal no menor a los 200 mil pesos, los cuales serían prácticamente irrecuperables. En base a esta aclaración es evidente que el delito investigado comenzó anteriormente a esa fecha, y por lo tanto la suma defraudada puede ser sensiblemente mayor. Desde principio de este año el área de logística está bajo una suerte de intervención y los trascendidos indican que se habría bajado el consumo de combustible de los móviles policiales en casi 300 litros diarios.
Un punto no menor, y que vendría de la mano de la cuestión precedente, gira en torno a la efectividad de los controles. ¿Cómo se monitoreaba los gastos elevados en la cuentas de combustibles?. Evidentemente la situación es complicada para todos los funcionarios vinculados a esta área, aunque ninguno -al menos no se conoció oficialmente- renunció a su cargo para transparentar la investigación y así enviar un fuerte mensaje político.
También se espera con expectativa la presentación de la municipalidad de Moreno como particular damnificado. Analistas consultados sostienen que este paso otorgaría, al menos en la consideración de la sociedad, una claridad en el accionar de la comuna, ya que este hecho de corrupción afecta directamente las arcas del Estado local. La medida a solicitar posteriormente sería un embargo de los bienes de Pazos, para que, una vez que se desarrolle el debate oral ante el tribunal -y en el caso de ser hallado culpable- la municipalidad logre recuperar, al menos, parte del dinero desviado por la maniobra ilícita.
Aún restan pasos procesales. Las fuentes indican que en las próximas horas el fiscal Lorenzo solicitaría al tribunal competente la prisión preventiva para Oscar Pazos por considerarlo como jefe de la asociación ilícita. Si el Juzgado de Garantías otorga la solicitud, Pazos estaría un tiempo prudencial a la sombra. Ahora se encuentra alojado en la Comisaría 1º de General Rodríguez a la espera de su destino.
