Inesperado giro en la investigación: Detuvieron a una empleada municipal por el robo de una fiscalía donde se investigan denuncias de corrupción

Una empleada municipal fue detenida por orden de la justicia de San Martín acusada del robo de dinero en efectivo que tenía en custodia la fiscalía Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. El monto sustraído asciende a unos 150.000 pesos y se detectó, además, el faltante de una decena de celulares.

Un giro inesperado tuvo la causa donde se investiga el faltante de dinero en resguardo de la Fiscalía Nº 4 producto de distintos allanamientos realizados en el marco de las investigaciones criminales que llevaba adelante la justicia. A raíz de una pesquisa comandada desde la UFI Nº 9 del Departamento Judicial de San Martín, se procedió a finales del mes pasado a la detención de una empleada de la municipalidad de Moreno, acusada del robo de estos efectos.

Antes de la creación del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, la justicia mercedina decidió la descentralización de un puñado de fiscalías en territorio morenense. A través de un acuerdo con la municipalidad de Moreno y el Ministerio Público Fiscal, la comuna alquiló el bloque de oficinas lindante al Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Moreno. Además, la intendencia dispuso de empleados municipales para que se encargaran de la limpieza del edificio. Las fiscalías descentralizadas del Departamento Judicial de Mercedes comenzaron a funcionar en febrero del 2007.

Con la puesta en funcionamiento de las fiscalías ahora englobadas en el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, hace poco menos de dos años, la municipalidad de Moreno continúo a cargo del alquiler de las oficinas y siguió proveyendo el servicio de limpieza. Desde el 2007 hasta febrero de este año, una empleada de maestranza, dependiente de la plantilla de personal de la comuna, prestó servicios en este organismo de la justicia: Marta Beatriz Gómez, hoy de 45 años.

En diciembre del año pasado, a raíz de una solicitud de la Fiscalía de Cámara, se detectó el faltante de unos 106.000 pesos, producto de una serie de allanamientos realizados a mediados del mes de noviembre pasado y que terminó con la detención de Cristian Di Croce, un narco que actuaba en la zona de Villa Zapiola y que respondía al apodo de “Vértigo”. El dinero, junto con otros elementos vinculados con la causa, se guardó en una especie de armario dentro de un despacho que ocupa la UFI Nº 4, aún a cargo del Dr. Gabriel Lorenzo. Solo un empleado judicial tenía llave del candado de ese espacio, pero las fuentes consultadas afirmaron que la misma quedaba en el cajón de un escritorio que no tenía ninguna medida de seguridad. La sospecha recayó sobre todos los funcionarios de esa fiscalía. Días después, desde la Procuración de la provincia de Buenos Aires se decidió la suspensión de la totalidad de los empleados del organismo en cuestión.

Un párrafo aparte merece el trabajo de esta fiscalía. A principios del año 2012 tuvo a su cargo un expediente que terminó con un funcionario municipal tras las rejas. Oscar Pazos fue acusado y condenado por el robo de combustible destinado a las patrullas de la Policía Bonaerense. En noviembre del año pasado recayó en la UFI Nº 4 una causa más que sensible: La denuncia por corrupción en el Consejo Escolar de Moreno. La presentación la hizo el interventor Sebastián Nasif y apuntó contra varios consejeros escolares, la mayoría de ellos alineados con el oficialismo de Moreno. Jorge “Pol” Almada, que estaba a cargo del área de la tesorería de este organismo y fuertemente identificado políticamente con el intendente Walter Festa, quedó en el centro de las sospechas.

En ese marco, y con un incendio intencional ocurrido el 5 de enero en el Consejo Escolar de Moreno y que afectó parte de los archivos vinculados a la investigación instruida desde la justicia, se produjo la detección del faltante de dinero. Posteriormente se conoció que también habían sustraído dinero incautado en otras causas (llegando a un total de casi 150.000 pesos) y teléfonos celulares. Y en este punto se empieza a desenredar un entramado casi sorprendente.

La Fiscalía 9 del Departamento Judicial de San Martín, donde recayó la causa penal por el robo en la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez –por obvios motivos de transparencia y de competencia- solicitó el seguimiento de los teléfonos robados. Los datos tecnológicos constaban en los distintos expedientes. Y a un par de ellos se los detectó en la zona de Francisco Álvarez. A raíz de una serie de allanamientos otorgados por el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, se secuestraron los equipos y se obtuvo un nombre, señalado como la persona proveedora de los teléfonos: Marta Beatriz Gómez.

La pesquisa se centró en la figura de Marta Beatriz Gómez. Gómez, de 45 años y domiciliada en la zona sur del distrito, era una de las empleadas de limpieza facilitada por la municipalidad de Moreno y que trabajaba en las dependencias judiciales desde febrero del 2007. Pese al magro sueldo –y con el conflicto que mantienen los trabajadores con la comuna por el pago a destiempo de los haberes- Gómez había viajado a la costa junto a su familia durante este período estival, cuando meses antes la mujer habría manifestado que el dinero percibido como remuneración por sus tareas no le alcanzaba para llegar a fin de mes.  El círculo comenzó a cerrarse. Marta Gómez, empleada de confianza de los funcionarios judiciales, limpiaba las oficinas sin ninguna supervisión, incluso en el sector donde se depositaban los elementos secuestrados y tenía acceso al cajón donde se guardaba la llave del armario.

A finales de marzo, la justicia de San Martín dispuso la detención de Marta Beatriz Gómez acusada del delito de “Hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída, hallada o retenida en concurso real con la sustracción de elementos de pruebas”. Gómez se negó a declarar. Le negaron la excarcelación.

Es al menos sugestivo que el hecho se haya producido en esta fiscalía, donde se instruye una causa que investiga a dirigentes vinculados al oficialismo morenense (Frente para la Victoria) y que justamente la acusada del robo haya sido una empleada de la comuna. Ahora se espera que la Procuración –que lleva adelante un sumario interno- disponga la reincorporación de los funcionarios de la fiscalía que han sido suspendidos en sus funciones sin goce de sueldo. En medio de este escándalo, el Dr. Gabriel Lorenzo –quien era titular de la UFI Nº 4- fue asignado a otra fiscalía, con menores responsabilidades en las investigaciones criminales. Se desprende de esta decisión abordada por la Fiscalía General del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Lucas Oyhanarte que considerarían que Lorenzo habría fallado en el control de ese organismo. También se especula con algún tipo de sanción para el empleado judicial que tenía bajo su responsabilidad el cuidado de los elementos secuestrados.

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