Polémica por la intervención tutelar en la justicia de menores

La justicia y especialmente aquella que tiene que ver con los menores están en una importante disyuntiva ¿Qué se debe hacer con los jóvenes que delinquen? ¿Se los mira de soslayo, se mira para otro lado y se espera que la justicia actúe sobre ellos o bien se los debe acompañar en su desarrollo, mientras sigue el proceso y, entre otras cuestiones activas de involucramiento, enviarlo a una institución educativa?. Cuestiones sociales que se deben debatir y que evidentemente rozan los procesos penales.
Las diferentes opiniones al respecto no solamente alcanzan a los especialistas del tema, sino que, por ejemplo en la cámara de Mercedes, donde se ocupan los hechos ilícitos que ocurren en Moreno y General Rodríguez en los cuales están involucrados jóvenes, hay dos salas, las cuales tienen posiciones diametralmente distintas y de esta manera se define el futuro de los jóvenes según el lugar donde termina recayendo la causa.
Opiniones encontradas
Mirta Guarino, actual Jueza de Garantías del Joven del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez, hizo una serie de aseveraciones respecto a la actualidad que les toca vivir y defiende la posición de su grupo de trabajo, el cual consiste en integrar al joven hasta que se conozca cuál será su destino dentro de la sociedad. “Nosotros desde hace un tiempo pusimos un sistema que tiende principalmente a prevenir. En los hechos penales donde los chicos no están detenidos, porque el fiscal les da la libertad, intentamos trabajar con ellos dos cosas: la no comisión de nuevos episodios delictivos y después que vayan a la escuela y que conozcan que juez va a intervenir, porque el proceso sigue más allá que el chico esté en libertad, por lo que cuando se llega a la audiencia para terminar la causa, ¿Cómo llega el chico?, tiene que llegar al menos escolarizado”, puntualizó la funcionaria judicial con amplia experiencia en la temática.
Más adelante agregó: “Nos está preocupando, y desde hace un largo tiempo, como congeniar el debido proceso con las garantías de toda la sociedad. Este no es un problema nuevo que se descubrió ahora, es un problema vigente desde siempre para los jueces de menores, porque es ver que armonía se logra entre el derecho de todos, como gozar de la propiedad, no ser molestado en la vía pública y de no ser abusado o sufrir un delito con los derechos del imputado. Aunque no lo parezca, este es el drama de todo el proceso penal.
Ahora en el caso de los menores, el tema está en que es un foro especializado y lo que se quiere decir es que se apuesta al futuro, o sea un niño que hoy trasgrede la ley penal, lo que se debe aspirar es que no la transgreda más, pero cuidado, que en el camino no quede la víctima sin sus derechos, o sea que todo debe tratarse de armonizar”.
Haciendo hincapié en el modo en que llevan adelante el trabajo judicial con los protagonistas del caso puntualizó: “En delitos cometidos por menores cuando hay un homicidio, nosotros recibimos a los familiares del muerto y nos preocupamos mucho para que sean escuchados los familiares de las víctimas, como así también siempre recibimos a los padres del presunto victimario. En los últimos tiempos hay un incremento de hechos con una circulación de armas importantes. Tuvimos un episodio con la muerte de un chico de 14 años en un enfrentamiento entre barrios, donde quedó claro que es un tema más que preocupante el manejo de las armas que se está observando”.
En las audiencias, más allá de interrogar al joven que vulneró la ley sobre las circunstancias del hecho, desde el Juzgado de Garantías se consultado sobre los aspectos sociales directamente vinculados con la vida del menor, como por ejemplo si concurre a algún establecimiento educativo o institución deportiva. En caso de que la respuesta sea negativa, se impulsa su escolarización. Pero algunos de los abogados defensores posteriormente presentan recursos contra estos planteos, ya que consideran que invaden cuestiones que nada tienen que ver con su situación procesal y se adentran en esferas tutelares, que nada tienen que ver con la instrucción penal. Respecto a esta temática en los casos que se producen en la zona de Moreno – General Rodríguez, Guarino dijo: “Sabemos que los defensores que principalmente provienen de Mercedes apelan esta medida, por lo que esta intervención, que estábamos logrando eficazmente, se ha venido complicando últimamente.
La Cámara mercedina está dividida. Hay una sala que nos da la razón a nosotros y otra que se la da a los defensores. Creo que en algún momento se van a tener que plantear la unificación de criterios, porque yo no creo que sea punitivo convocar a un chico para que vaya a la escuela y por ello creo que en este tema lo que tenemos que ganar es en sentido común, porque en General Rodríguez y Moreno, casi siempre detrás de ese menor que tiene conflicto con la ley penal, existe un mayor que no ha cumplido con lo que debía hacer, que es mandarlo al colegio o bien no observó cuando su propio hijo se estaba drogando.
Hay padre que increíblemente se enteran en las audiencias que sus hijos se drogaban y lo que digo en ese momento, es que no quisieron ver la realidad”.
El sistema administrativo educativo
La jueza Guarino, como tantos otros especialistas afianzados en el sentido común, considera que la escolarización es una piedra fundamental en la integración del joven en la sociedad. Pero reconoce posibles conflictos que se pueden suceder dentro de los establecimientos educativos “Nosotros tenemos un buen dialogo con las escuelas y se los escucha mucho a los docentes. El aparato administrativo escolar es bastante complejo”. Guarino explica que ante eventuales desordenes, si el chico “está sacado” el docente puede intentar contenerlo, inclusive “tocarlo” sin recurrir a la violencia física, aunque deja bien en claro que “no se le puede abusar, no se le puede golpear” y señala que “ahora si esto después se complica en los papeles, y el docente que intento arreglar un problema, solucionar un conflicto sin ir al juzgado, tiene un sumario y pierde el trabajo, otra vez no lo va a hacer. Por eso me parece que los papeles están siendo piedras en el camino, y todo lo jurídico para que sea social no tiene que ser un obstáculo, tiene que servir a lo social”.
“Hay que trabajar con la familia también. Cuando se convoca a los padres es porque se inicia un proceso penal, no es que al pibe un día -aleatoriamente- se le ocurrió salir a robar. Desde algún punto hubo un desvalimiento de no preguntar ¿a dónde vas?, ¿qué haces?, ¿fuiste a la escuela?” afirmó la funcionaria.
Respecto a la defensa y protección de los docentes que intentan contener a jóvenes con conflictos dentro de las aulas, la Dra. Guarino consideró que “creo que además de los reclamos que se hacen por cuestiones salariales, también hay que discutir qué tipo de trato el docente merece, esto también tiene que estar en la mesa de discusión, no solo el tema salarial”. “El tema es cómo sobrevive un docente con un aparato administrativo que le puede ser adverso, y que no puede poner orden donde el necesita poner orden. Esto hay que discutirlo, pero esto lo tienen que discutir los docentes igual como discuten el sueldo, tiene que ser parte de los reclamos del buen trato de los docentes, porque esto a mi excede” insistió Guarino.
En ese mismo sentido, la jueza recordó que “he tenido casos en los que los docentes tuvieron que actuar, y los he apoyado. Si un chico lleva un arma o un objeto -ilegal- a la escuela y el docente le comunica esta circunstancia a la comisaría o al fiscal juvenil, me parece que está actuando perfectamente”. Para estos casos “hay una fiscalía juvenil en Moreno que tiene competencia en Moreno – General Rodríguez, hay un lugar donde denunciar, hay una asesoría de incapaces y tenemos los servicios locales, hay un organismo que recibe estas denuncias si es que en la comisaría no lo quieren hacer”. Evaluó que “hay resortes y siempre he respaldado al docente. Me parece que el trabajador tiene que ser custodiado por el sistema jurídico y no amenazado”.
Claramente el debate dentro de los profesionales de la justicia está abierto. Muchos dividen la situación en mano dura o blanda ante la situación judicial del menor. La población, en muchos casos, actúa por impulso y ante la actitud del chico de menor de 18 años que delinque exige el escarnio, casi el linchamiento, pero es evidente que la exclusión social genera un individuo conflictuado que puede dejar graves secuelas en toda la comunidad.