La justicia allanó la institución “Valientes” durante la tarde del pasado sábado. Fue a raíz de una denuncia realizada por personal del ministerio de Salud de la provincia. Personas con problemas de adicciones atados en un gallinero, otros que eran sumergidos en una pileta olímpica en el invierno son algunas de las aberraciones detectadas. Las familias de los internos pagaban 80.000 pesos mensuales. El director de esta asociación civil está preso por un homicidio ocurrido a finales de enero de este año. Crónica del horror.
El sábado 21 de enero, Germán Ferrante, director del centro de recuperación de personas con adicciones “Valientes”, mató de varias puñaladas a Marcelo Daniel Coronel. El suceso se produjo en horas de la noche, luego de una disputa entre varias personas. La víctima, de 46 años, había recibido un piedrazo en la cabeza, lo atacaron con un taco de pool y cuando estaba indefenso en el suelo, recibió las heridas de arma blanca. Una de las cuchilladas le cortó la arteria femoral y murió desangrado.
La Dra. Luisa Pontecorvo (Titular de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, de turno en esos momentos) dispuso la detención de Ferrante acusado de ser el autor material del homicidio y de dos internos de la comunidad terapéutica en calidad de partícipes necesarios. Todos continúan tras las rejas.
La asociación civil “Valientes” tiene su sede sobre la calle Monsegur esquina Carlos De Linneo, del barrio Altos de La Reja, en el límite con Francisco Álvarez. Este sangriento hecho, ocurrido en la puerta de la institución, disparó una serie de denuncias en el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
En la cartera sanitaria bonaerense se determinó que no tenían registro de ninguna habilitación para “Valientes” en esa zona, como si la posee en otros distritos. Por este motivo dispuso una inspección que se llevó a cabo el pasado jueves 2 de febrero. Lo que descubrieron los profesionales los dejó estupefactos.
Cuando ingresaron al lugar, se encontraron con un joven que era sacado de un gallinero con las manos atadas en la espalda. Otros, cuatro decenas aproximadamente, encerrados bajo llave en una dependencia de pequeñas dimensiones. Que los internos, casi 90, estaban hacinados ya que las habitaciones no podían albergarlos a todos simultáneamente. Por lo bajo, estas personas les contaron parte de las torturas que recibían. Algunos eran sumergidos en la pileta de natación en pleno invierno. Horrorizados los funcionarios se despidieron y el sábado al mediodía el director de Asuntos Legales del ministerio de Salud realizó la denuncia por mail, la cual fue recepcionada en la UFI Nº 8 a cargo del Dr. Gabriel López.
Ante el tenor del escrito, el fiscal dispuso un allanamiento de emergencia, luego de consultar con el Juzgado de Garantías en turno. Con la participación de la división de Tratas de Personas de la Policía Federal Argentina y empleados del ministerio de Justicia de la Nación, acompañados por personal de la municipalidad de Moreno y de la provincia de Buenos Aires, se ejecutó la orden e intempestivamente ingresaron al predio. En total, más de 90 eran los estatales intervinientes.
87 personas (8 de ellas menores de edad, entre ellos un preadolescente de 13 años) fueron rescatadas. “Lo que podemos describir como malos tratos, para mi entender eran lisa y llanamente torturas” reveló una fuente que participó de los operativos. «Los internos estaban en condiciones infrahumanas, de hacinamiento, encierro y privación de la libertad; los tenían encerrados bajo llave y puertas enrejadas, con aguas servidas en los patios de recreación, baños tapados y paredes con humedad. Solo tres profesionales acudían para esa gran cantidad de pacientes, no había médico o psicólogo para realizar seguimiento de los tratamientos”, indicó la Policía Federal Argentina a través de un comunicado.
Las personas que estaban bajo “tratamiento” en el lugar sufrían de consumo problemático de estupefacientes y sus familias pagaban 80.000 pesos mensuales para su asistencia. Solo los podían visitar cada tres semanas. En esos momentos los responsables del centro les advertían a quienes llegaban que les podían relatar cualquier circunstancia extraña porque estaban bajo los efectos del síndrome de abstinencia. Que su imaginan volaba.
Hay tres detenidos, acusados por los delitos de “reducción a la servidumbre en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad agravada por haberse perpetrado bajo violencia y amenazas y por tener una duración mayor a un mes”. Un vocero judicial adelantó que muy probablemente Ferrante también quede imputado en el mismo expediente.
Por lo pronto todos los internos fueron derivados a sus domicilios. Algunos de ellos residían en otras provincias, por lo cual la comuna (con la colaboración de otras instituciones) los albergó transitoriamente domingo y lunes. La investigación continúa para desarticular la estructura de responsabilidad del centro de rehabilitación clandestino. Los testimonios de los “pacientes” son claves, al igual que las pericias que se realizaron en las instalaciones.
Entrevista con el Dr. Nahuel Berguier, secretario de Justicia y Derechos Humanos de la municipalidad de Moreno