En medio de insistentes trascendidos, se confirmó que la oficial Ayudante de la Policía bonaerense Laura Sosa fue imputada por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Franco Sánchez, aunque continúa en libertad. Darío Sánchez, padre de la víctima, está acusado de tenencia ilegal de arma de guerra. El móvil que originó esta locura sería una deuda comercial.
Una secuencia demencial que dura poco más de dos minutos, registradas a partir de las 18.47 horas de este miércoles 22 de enero. Tres sujetos bajaron de una camioneta Toyota Hilux que estacionaron en la esquina de las calles La Rioja y Lavardén del barrio Cortejarena de la localidad morenense de La Reja. Los recién llegados eran Darío Sánchez, de 50 años, y sus hijos Alan (26) y Franco (24). Al encuentro salieron dos integrantes de la familia Sosa.
Darío Sánchez ni bien descendió del vehículo acomodó una pistola en su cintura, del lado derecho. A los 25 segundos la situación se desmadró. Alan Sánchez le aplicó una trompada a uno de miembros del clan Sosa. Comenzaron los forcejeos y los golpes. Apareció una mujer, con un ceñido vestido negro. Esto ocurre a los 27 segundos del video captado por la cámara de vigilancia propiedad de los Sosa. Llevaba una pistola en la mano. Un tiempo de respuesta llamativo, por la celeridad.
Laura Sosa, oficial Ayudante de la Policía de la provincia de Buenos Aires con franco de servicio de la Comisaría 2º de Luján, se metió en el tumulto y accionó el arma. El balazo alcanzó a Franco Sánchez en el abdomen. El joven no estaba armado. Cayó pesadamente de espaldas, tomándose el estómago. Solo habían pasado ocho segundos desde su irrupción en el cuadro.
Mientras Darío Sánchez fue reducido por más personas que entraron en escena, Laura Sosa tomó la pistola que portaba este hombre y que estaba caída detrás de un auto estacionado. La arrojó al patio de una casa. Luego sería secuestrada por la justicia. Era una Browning 9 mm. En ningún momento, debido al ángulo de la cámara y el obstáculo que constituye el vehículo parado, se aprecia que Darío Sánchez empuñara el arma.
Franco Sánchez tuvo espasmos sobre la calle. Tres chicas lo patearon mientras estaba agonizando. Demencial. Una de ellas tomó un objeto indeterminado caído al lado de su cuerpo.
Un sujeto con delantal golpeó brutalmente a Darío Sánchez, quien soportaba una llave que lo inmovilizaba, aplicada por uno de los hombres de la familia Sosa. Totalmente indefenso y conmocionado, observó los últimos momentos con vida de su hijo más joven.
Alan Sánchez, en inferioridad numérica, escapó por Lavardén en dirección a la Autopista del Oeste. Posteriormente fue atrapado y llevado a la esquina donde yace el cadáver de su hermano. Una pequeña parte del vecindario se sumó al linchamiento. La mayoría observaba indignada. Se había corrido el rumor que eran ladrones que intentaron asaltar a la familia Sosa. El hartazgo ante la inseguridad hizo el resto.
Con la llegada de los primeros móviles de la Policía, los ánimos se tranquilizaron un poco. Darío y Alan Sánchez ya tenían las manos atadas con precintos. Los mantuvieron boca abajo, alrededor del cuerpo de Franco. Los videos capturados por los vecinos muestran a la oficial Laura Sosa observando tranquilamente el accionar de los uniformados.
Con la presencia de los funcionarios Sebastián Bueno y Pablo Córdoba de la fiscalía Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Luisa Pontecorvo se comenzaron a tomar las declaraciones a los testigos. Inmediatamente incautaron el disco rígido donde quedaron grabadas las imágenes de videos, claves para determinar la mecánica del asesinato.
Las pericias la realizaron especialistas en criminalística de la Gendarmería Nacional. Hasta este domingo 26 los informes todavía no habían sido girados a la fiscalía. Sí fue recepcionado el análisis preliminar que realizaron los médicos del Cuerpo Médico Forense de Lomas de Zamora, organismo dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Un solo disparo terminó con la vida de Franco Sánchez. Tenía un hijo de cinco años.
Desde ese momento la oficial Ayudante Laura Sosa fue imputada por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Quedó en libertad porque la justicia consideró que no tiene posibilidad de entorpecer la investigación como así tampoco peligro de fuga. Una alta fuente con injerencia en la causa advirtió que esta situación podría modificarse en el tránsito de la instrucción. No trascendió si Asuntos Internos de la Policía tomó alguna medida en su perjuicio.
Darío Sánchez está acusado por la portación ilegal de un arma de guerra. Junto a su hijo Alan estuvieron aprehendidos en la Comisaría 6º de Moreno (Francisco Álvarez).
La versión sobre el intento de robo a la familia Sosa corrió como un reguero de pólvora en Cortejarena. Hasta que circuló el video que registró el suceso. A partir de ese momento, el rumor ya no cerraba. Ya se hablaba de un nuevo caso de gatillo fácil.
La Policía ordenó que dos micros fueran cruzados sobre la calle Lavardén. El objetivo era obstaculizar el trabajo de nuestro equipo periodístico. Estaban preocupados por el impacto mediático. Esta decisión iba a tener consecuencias no deseadas en el futuro inmediato.
Alrededor de las 21 horas llegaron familiares y amigos de Sánchez. La tensión en el ambiente era palpable. Arremetieron contra los colectivos estacionados. Rápidamente fueron pasto de las llamas. El incendio fue dantesco, alcanzando los cables de electricidad. Parte del barrio quedó a oscuras.
Como en otras circunstancias, los policías miraban impotentes. Perdieron el control territorial. La autoridad pisoteada, sin posibilidades de contención. Una imagen que se repite cada vez más asiduamente. Se vivió esta semana también en La Matanza, con la muerte de dos delincuentes. Un pandemónium.
Luego la acción se trasladó a la seccional de Francisco Álvarez, donde reclamaron la liberación de los Sánchez. Hubo incidentes y balazos de goma. Los Sánchez viven en el barrio La Lucrecia. Son miembros de la comunidad gitana, muy numerosa en Moreno Sur. Ya en la madrugada del jueves estuvieron en la puerta de la Comisaría 1º. Allí la manifestación se desarrolló de manera pacífica.
La principal queja está centrada en la suerte procesal de la oficial Laura Sosa. No encuentran explicación sobre su libertad. Justamente ese fue el reclamo del jueves por la tarde en la puerta de la fiscalía. El viernes a la mañana intentaron que el cortejo fúnebre, que trasladaba los restos de Franco Sánchez al cementerio de Moreno, pasara por la puerta de las oficinas judiciales. Los uniformados cerraron el paso. Esta semana estarían planificadas nuevas manifestaciones.
En las primeras horas de la pesquisa quedó en claro que el móvil de la disputa que tuvo este fatal desenlace fue económico. Todas las fuentes consultadas afirman que los Sosa le debían dinero a los Sánchez. Se habla de 10.000 dólares.
No queda claro el origen de ese dinero. Se mencionó la venta por parte de Sánchez de un cuatriciclo pero esa versión mutó rápidamente a la transacción por los dos colectivos que fueron incendiados. En este punto desde la comunidad gitana afirman que el acuerdo fue por plazos y que incluía algunos trabajos ya pactados, como el traslado de personas contratado por la municipalidad de Moreno (principalmente para el torneo Evita de Fútbol) además de escolares. En ese sentido, los Sánchez habrían pactado que se le entregara un porcentaje de esos servicios. Se habría incumplido alguno de los ítems del convenio.
El círculo cercano a los Sosa desmiente este trascendido y apuntan a una extorsión por parte de los Sánchez, para que les permitan trabajar. Este argumento se vuelve endeble ya que no hay ninguna denuncia previa por este delito. Incluso desde el entorno de Sánchez afirmaron que los Sosa mantenían una relación de amistad con esta familia zíngara.
La justicia tiene a su cargo determinar el móvil, aunque no es determinante en el avance del expediente. Tiene que enfocarse en los hechos. ¿Hubo legítima defensa, exceso de la legítima defensa o lisa y llanamente un homicidio agravado cometido por la oficial Sosa? El plexo probatorio será clave. La situación que nunca tendrá explicación es como una diferencia económica terminó en esta locura.