Desde la Fiscalía General del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez emitieron una resolución donde se consigna recomendaciones a los funcionarios judiciales y veladamente se pone de manifiesto la difícil situación que atraviesa la justicia local, en lo que se refiere, al menos, a este Ministerio Público. El informe de gestión 2023 que publicó la Procuración de la provincia de Buenos Aires en su página web ratifica ese análisis. Hay 134 empleados (incluyendo al fiscal general y los 13 fiscales criminales y correccionales) para atender la problemática delictual que demandan casi un millón de personas. Los recursos son escasísimos mientras crece la preocupación por el crimen organizado, principalmente el narcotráfico.
La Procuración de la provincia de Buenos Aires, organismo del cual dependen el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Tutelar, publicó el informe de gestión 2023 en la página web www.mpba.gov.ar. El escrito desmenuza las estadísticas de los 21 Departamentos Judiciales en que se divide en territorio bonaerense. Analizando solamente el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez se vislumbran datos alarmantes.
Una aclaración, antes de brindar información detallada. Consideramos que el censo 2022, al menos en nuestra región, fue realizado de manera deficiente. Quedaron amplias zonas sin que fueran relevadas. En virtud de este panorama, en conjunto, Moreno y General Rodríguez albergan a casi un millón de habitantes. Lejos de los 574.374 de Moreno y de los 143.211 plasmados en el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Avancemos. Para atender la demanda de esta vasta población hay 134 empleados en el Departamento Judicial, en la que compete a las fiscalías. Es el organismo que investiga los delitos. Ese número incluye al fiscal general y a los trece fiscales criminales y correccionales (cuatro de ellos son suplentes).
Según los datos de la Procuración en el 2023 se instruyeron 44.262 causas (8.869 de esas en General Rodríguez). Registró un aumento del 18.10% respecto al 2022. Son 3.405 expedientes por fiscalía. Casi 10 por día y con pesquisas de diversas complejidades. Esto es simplemente un promedio, porque hay fiscalías (por ejemplo la Nº 5) que reciben mayor carga por los delitos a los que están abocados. Estos números están muy por encima de la media provincial. Además, desde mayo pasado por decisión del procurador sumaron la acusación como fiscales de juicio. Antes se encargaban en Mercedes, donde aún están radicados los tribunales.
Respecto a la baja de la edad de imputabilidad casi no hay resistencia en la comunidad en general. Buscan reducirla de 16 a 13 años. Es un proyecto del gobierno nacional. Del dicho al hecho hay un trecho, reza el refrán. El tema tiene que ver con la estructura de la justicia y en particular la del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. En el 2023 se instruyeron 1.264 causas (un 48,53% más que en el 2022). Hay un solo fiscal. En la Provincia el promedio es de 404 causas por Fiscal, en el interior 314 y en el conurbano (que incluye La Plata y Mar del Plata) 467. Clarísimo. En la región no hay ningún instituto (de baja, mediana o alta complejidad) para albergar adolescentes o preadolescentes en conflicto con la ley penal. Es preocupante cómo funciona el sistema. Dato adicional: Hay un solo Juzgado de Garantías del Joven y está de turno permanente. Así es imposible la concreción de justicia.
Este es el panorama. Y es muy complejo. Sigamos.
Narcotráfico
El modus operandi de las últimas bandas dedicadas a la venta de drogas que fueron desarticuladas por la justicia de Moreno y General Rodríguez comparte características similares. Narcomenudeo. El crecimiento de la venta de drogas en la región señala la aparición de un incipiente crimen organizado. Enfrentamientos armados por la dominación de territorios, ajustes de cuentas, amenazas, la captación de menores para utilizarlos como “soldaditos”, secuestros, extorsiones, mexicaneadas y la comercialización de estupefacientes de distintos tipos y calidades. Y por consecuencia directa el aumento de la inseguridad en todos los parámetros, incluida la corrupción.
Sin el menor atisbo de hipocresía, en la calle se sabe que en poco más de dos décadas los ingresos por la venta de drogas reemplazó los negocios ilegales tradicionales con los que se financian algunos sectores de la política, la policía y la justicia, entre otros. Algunos son directamente socios de estos emprendimientos ilícitos. Es dinero contante y sonante. Los montos que se mueven untan manos y manos que se tienden ante una caja que parece infinita. Acá se enciende otra alarma. El blanqueo de capitales. La plata dulce tiene que entrar en el circuito legal. Y las oportunidades proliferan. Los controles escasean, más en épocas de neoliberalismo.
Ante este panorama, la Fiscalía General a cargo del Dr. Lucas Oyhanarte dispuso la creación en el 2016 de la fiscalía especializada y la reubicación de recursos para encarar la problemática. Justamente este 30 de julio Oyhanarte ordenó a todas las fiscalías que profundicen las colaboraciones entre los organismos del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez y con las unidades federales avocadas a la lucha contra la narcocriminalidad. Las causas crecieron en los últimos años, como muestra el siguiente cuadro.
Explosión demográfica y crecimiento del delito
Pero el desafío mayor está vinculado con la falta de medios para trabajar en profundidad respecto a este tipo de asociaciones ilícitas. Desde hace ocho años, la estructura del Ministerio Pública Fiscal en Moreno se mantiene casi inalterable. Es más, han renunciado funcionarios por las condiciones de un trabajo con más carga laboral y complejidades que en otros Departamentos Judiciales. Pocos fueron reemplazados. Los reclamos no encuentran eco en La Plata.
Mientras tanto, la explosión demográfica en Moreno y principalmente General Rodríguez (como lo muestra el último censo, que ya objetamos, donde esta comuna fue la segunda en crecimiento en la provincia, detrás de San Vicente) parece no tener techo. Aún hay grandes extensiones de espacios verdes disponibles. En este proceso, y con esta armazón, la justicia para todos es una entelequia.
Se espera por la llegada de nuevos fiscales desde finales de la década anterior, pero la burocracia que siguen los mecanismos de nombramientos es un escollo difícil de salvar. Duplicaciones de instancias (por ejemplo representantes ejecutivos y legislativos en el Consejo de la Magistratura quienes elevan ternas para ser convalidadas por esos mismos poderes) y los tiempos políticos (que exacerban en años electorales) conspiran contra la celeridad. Este panorama sin entrar a evaluar lo que pasa con la justicia federal en nuestra región.
Sin juez federal (en realidad Federico Villena, de él se trata, está subrogado en Lomas de Zamora y tendría pocas ganas de volver al lejano oeste) y sin secretarías criminales (un olvido de los tribunales de alzada en la ley del 2009 por parte de los legisladores) delitos de competencia federal se consustancian en Morón. Otras realidades. Pese a que algunos especialistas consideran que no es un impedimento, que los magistrados de Morón atienden la demanda con celeridad, tener a su señoría en territorio sería ideal. Debería ser una prioridad. Sin juez, por ejemplo, el expediente por la disputa entre la municipalidad de Moreno y la Universidad Nacional por la titularidad del predio de la calle Merlo transita lejanos despachos.
La estrategia pensada y consensuada por quienes diagraman las políticas de combate al crimen es que el hilo no se corte solamente por lo más delgado. Apuntar contra los grandes proveedores, no únicamente los puntos de ventas minoristas, enclavados en los sectores vulnerables y/o marginales. Justamente estos organizadores son los que usufructúan los espacios de poder que no ocupa el Estado. Algunos de ellos, tal vez los más visionarios, cumplen las funciones de asistentes sociales, la realización de pequeñas obras de infraestructura, financian actividades deportivas y también, aunque suene paradójico, brindan seguridad. Ninguno de ellos quiere “ruido” en la zona. Es la enseñanza adquirida de otras experiencias “exitosas”, donde los criminales son protegidos por las comunidades en las que están insertos. Logran la imagen del patriarca con rostro humano que se desvela y protege a los más desafortunados.
Estrategias contra el delito
Hablando de la municipalidad de Moreno, tuvieron un gran acierto. La conformación de una mesa de política criminal donde actores de la justicia (en todos los estamentos), la Estación de Policía de seguridad, de Investigaciones, funcionarios municipales y provinciales analizan mapas de delitos y diseñan estrategias y tácticas. Pero faltan recursos para abordar la conflictividad social. Un ejemplo es la justicia de Familia. Solo tres tribunales en el Departamento Judicial. Se necesitan seis más, al menos. Aún no hay definiciones en el poder ejecutivo y legislativo bonaerense.
Una preocupación. La paralización de las obras de la cárcel y la alcaidía en el barrio El Vergel de Cuartel V. Con un avance significativo, el gobierno nacional las desfinanció. Una promesa de campaña del presidente Milei que se cumplió a rajatabla. Los datos indican que la administración de Axel Kicillof aportaría los fondos para la culminación. Pero el ministro de Infraestructura provincial Gabriel Katopodis, en la última visita a Moreno durante la inauguración del puente Roca señaló que “le estamos reclamando al gobierno nacional el financiamiento”. O sea que nada. ¿Se convertirá en un elefante blanco, luego de la imposición a los vecinos de la zona de la construcción, quienes la rechazaban? Por lo pronto, la puesta en funcionamiento de la unidad penitenciaria en Merlo descomprimió la saturación de los calabozos de las comisarías de Moreno. Los Policías son Policías, no guardiacárceles.
La tasa de homicidios y de delitos
Un desacierto. “La tasa de homicidios se redujo en un 50% y en un 50% la tasa del delito” afirmó la intendenta Mariel Fernández en marzo del año pasado, en el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Es inexacto. Por ejemplo los robos denunciados (repetimos y remarcamos, denunciados. Porque tiene un alto valor de “tasa negra”, un subregistro de denuncias) en el 2019 fueron 7.795, en el 2020 se registraron 7.971 (pese a las restricciones por la pandemia), 7.247 en el 2021, 7.532 en el 2022 y en el año 2023 fueron 7.155. Ya el vecino no se molesta en comerse la amansadora en la comisaría por la sustracción de un celular y algunos objetos personales. Víctimas en su mayoría de los motochorros. Aún no está la costumbre arraigada de realizar la denuncia a través de las aplicaciones de celular o en la página web del ministerio de Seguridad. A modo de colaboración compartimos el mail denunciasmoreno@mpba.gov.ar.
Respecto a los homicidios, el tema es mucho más complejo. No se puede medir la inseguridad con esos parámetros. Porque por ejemplo hay asesinatos vinculados a problemáticas sociales, no por eso menos graves, como femicidios o “disputas” vecinales. No son números fríos, detrás hay historias de vida. Los picos en Moreno se dieron en el período comprendido entre el 2014 y el 2019, como se muestra en el gráfico con las estadísticas emanadas por la procuración y contrastadas con nuestros archivos. También se publican el total de homicidios en el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.
En esos años, se produjeron varios asesinatos por ajuste de cuentas por el tráfico de drogas. El 29 de diciembre del 2016 se perpetró el triple crimen del barrio La Perla. Una mexicaneada de más de un kilo de cocaína. Siete meses después el triple crimen del barrio Casco Salas, íntimamente vinculado al anterior. Ese 2016, en el primer día del año, un patrullero fue baleado con una ametralladora portada por un sicario de uno de los narcos de la zona de Lomas de Moreno. Milagrosamente los oficiales salvaron sus vidas, pero uno de ellos quedó gravemente herido.
Rehenes de una trama compleja
Urgen herramientas, por ejemplo tecnológicas. Principalmente se necesitan mujeres y hombres probos, que honestamente encaren el reto, que sean resilientes, sobre todo, a la frustración y que cuenten con el respaldo de la institucionalidad. Claro que se necesita un presupuesto acorde. También estudios sociológicos que contribuyan a racionalizar recursos. Los análisis históricos muestran que la delincuencia en Moreno tenía características de lumpen, de bajísimo vuelo, “berretas” al decir de un viejo jefe policial, poco violentos. En el nuevo siglo (aunque ya llevamos un buen trecho, casi un cuarto) se dieron y se dan las condiciones para que esto mute. Que al menos los cabecillas de las organizaciones criminales incorporen conocimientos de management, se reconviertan en hombres de “negocios”. Capitalismo salvaje. Hay una demanda creciente en lo que respecta a los estupefacientes. El mercado está, hay que satisfacerlo con la mayor eficiencia posible. A sangre y fuego. Caiga quien caiga. Esa es la ley primera.
Mientras tanto, la comunidad es rehén de los “transas”, “dealers” y “narcos”. El marco normativo aggiornado es clave para combatirlos. Hay que aprender de Rosario. De los aciertos (poquísimos), pero sobre todo de los errores. Este análisis puede pecar de ingenuo y simplista, ya que tiene un entramado con ribetes absolutamente complejos. Es un panorama en base a la experiencia empírica nutrida de datos estadísticos. Resuena en este punto un párrafo de la Carta Abierta a la Junta Militar, escrita por Rodolfo Walsh en 1977 “donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades” Una claridad meridiana. ¿Será así en este caso?
P.S.: Es necesario conformar en su totalidad el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Fue creado en el 2006. Casi 20 años después, faltan la creación y funcionamiento de una cantidad apreciable de organismos de todos los fueros. Que la espera no sea eterna.