Semanas atrás, una oficial de justicia se apersonó en el barrio Marabó, para conocer la realidad en que se encuentran 622 lotes que a raíz de la quiebra decretada a la inmobiliaria Santurce S.A., pasarán a ser rematados judicialmente en los próximos meses.
La actividad oficial fue solicitada por el Juzgado Nacional en Primera Instancia en la Comercial Nº 4 a cargo del Dr. Héctor Hugo Vitale, quién envió una notificación a las personas que residen dentro de esos terrenos, para que en el término de diez días, se apersonen en la Secretaría Nº 7 del Juzgado para que allí acrediten la titularidad de los mismos.
Dada la trascendencia que rápidamente tomó esta actividad, los integrantes de la sociedad de fomento del barrio tomaron cartas en el asunto, manteniendo una reunión con la abogada de la entidad con el fin de tener un asesoramiento legal al respecto.
El presidente Eduardo Medina explicó que los lotes asignados pertenecen a la zona más lejana a la Ruta 28, pero han tomado valor desde que se instalaron en la zona varios clubes de polo. “Son alrededor de 30 familias las que han construido su vivienda en esos espacios y es realmente difícil dar un veredicto de cómo terminará todo, puesto que la realidad es que son muy distintas las situaciones de cada una”, manifestó Medina en su visita al programa “Buenas Migas” que se emite por FM El Vecinal.
Según se pudo conocer, las diferencias en cada propietario están bien marcadas. Hay quienes poseen escritura, otros muestran un boleto de compraventa y aquellos con papeles más precarios algún impuesto a su nombre. ”No queremos que nadie se alarme, pero tomaremos el tema con mucha seriedad porque están en juego las residencias de muchas familias”, indicó el presidente de la sociedad de fomento, quién comentó que justamente se suspenderá una jornada informativa acerca de la regularización dominial que estaba prevista para este fin de semana “Creemos que este tema es prioritario y nos enfocaremos en tratar de solucionarlo lo antes posible”.
Las familias consultadas acerca de cómo fue el diálogo con la oficial de justicia, comentaron que se desarrolló en forma correcta y que simplemente se les informó la situación legal existente. La asistente del juzgado lo único que hizo fue verificar quienes ocupan las diferentes parcelas o lotes que, en principio, pertenecían a la inmobiliaria quebrada.
Según adujeron los miembros de la sociedad de fomento, la zona que delimitan los 622 lotes no es la que ha sido ocupada por los usurpadores que llegaron en los últimos años, por lo que existe cierta confianza en que quienes residen en el lugar puedan tener los papeles en orden y así pasar el mal momento que están viviendo.