Avanza lentamente la causa impulsada por el concejal Carlos López contra el intendente Mariano West, el ex jefe comunal Andrés Arregui y los funcionarios Marcelo Martinelli y Daniel Navarro -entre otros- por los delitos de “Administración fraudulenta de caudales públicos agravada, Malversación de caudales públicos e Incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal”. La investigación recayó en la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Luisa Pontecorvo. Justamente sobre la Dra. Pontecorvo recaen sospechas de parcialidad, ya que en las últimas horas vio la luz una fotografía donde se ve a la fiscal participando de un acto político realizado en marzo del año pasado encabezado por el entonces diputado West, quien buscaba sentarse nuevamente en el sillón principal del palacio municipal. Las primeras medidas procesales ya se realizaron.
La presentación pública de la denuncia la encabezó el concejal Carlos López, del socialismo, a través de una conferencia de prensa realizada hace poco menos de un mes atrás. Junto al edil, se encontraban otros dirigentes del Frente Amplio Progresista y en sus fundamentos López sostuvo que “esta presentación la realizó a título personal y luego de obtener múltiples pruebas parciales que demuestran el negociado millonario extraordinario entre el gobierno municipal y la empresa a cargo de la recolección de los residuos sólidos urbanos, me refiero a El Trébol”.
En aquel momento también estuvieron presentes los abogados Fernando Nouet y Esteban Ballarino, quienes son los que dieron los detalles técnico–judiciales de la presentación. El Dr. Nouet explicó que “hay una maniobra defraudatoria de los caudales públicos”, argumentando que “la base está en el contrato porque establece que se paga por día y por cuadra, quedando la carga para el municipio de controlar la prestación del servicio”. El letrado calificó que “se trata de un negociado producto de un contrato mal redactado” y que resulta “muy difícil controlar su ejecución por lo se generan una cantidad de delitos”. Agregando que podría existir “una asociación ilícita, dependiendo de las pruebas que se produzcan y de los elementos que tenga la fiscal surgirán las imputaciones”.
Carlos López detalló que “durante el trabajo que realizamos para la última Rendición de Cuentas se cruzaron los datos que figuraban en las facturas oficiales que el municipio le abona a la empresa El Trébol y los registros de lluvias del INTA, Estación Castelar”. Lo que arrojaría “como conclusión que el Departamento Ejecutivo de Moreno pagó más de 7 millones de pesos en forma indebida”.
La denuncia que implica al actual intendente West, al diputado nacional y ex jefe comunal Andrés Arregui y a los funcionarios municipales Daniel Navarro (Secretario de Obras Públicas); Gustavo Ficosecco (Contador Municipal); Charles Buratovich Hermann (Director de Control Tributario) y Marcelo Martinelli (secretario de Economía), está radicada en la UFI Nº 3 a cargo de la Dra. Pontecorvo.
Justamente las sospechas sobre la actuación de la fiscal están ahora en el centro de la escena, ya que se hizo pública una fotografía donde la Dra. Luisa Pontecorvo se apresta a abrazar al entonces precandidato a intendente -y en esos momentos diputado nacional- Mariano West, en el acto donde el ex jefe comunal anunciaba su intención de competir nuevamente por la titularidad del ejecutivo morenense. El mitin se realizó en los primeros días del mes de marzo del 2011, en la esquina de Asconapé y Joly, frente al palacio comunal.
Sería inconstitucional censurar los derechos de los funcionarios de la justicia para participar activamente en la vida política. La situación controvertida se produce cuando los encargados de administrar justicia deben investigar a los dirigentes con los que sienten alguna suerte de afinidad y la han puesto de manifiesto, al menos públicamente. La lógica, en este caso, indicaría que la Dra. Pontecorvo se debería excusar y dar un paso al costado en la instrucción del expediente, buscando una mayor transparencia en la pesquisa a desarrollar dada la magnitud de la denuncia. No se duda aquí de la capacidad ni de la honradez de la fiscal, aunque cualquier resolución podría ser tachada de parcial. Esta circunstancia debería ser evitada.
Más allá de estas consideraciones, el concejal López se mostró conforme con las medidas procesales impulsadas hasta ahora por la fiscalía “días atrás nos presentamos en la fiscalía, cuestión que no realizábamos desde el momento en que presentamos la denuncia, y ahí nos informaron que las primeras diligencias ya se habían realizado” explicó. “Cabe recordar que además de denunciante había solicitado que se me considere como particular damnificado y ese pedido lo resuelve el Juzgado de Garantías que tiene asiento en General Rodríguez. Entendía que hasta que no se resolviera esta cuestión, no se iba a avanzar con la causa”. Pero desde la fiscalía “tomaron debida cuenta del contenido de la denuncia y se realizaron las diligencias que fue la de librar oficios tanto al municipio como a las distintas reparticiones para tener la información oficial sobre los hechos denunciados”.
López reveló que se reunió con el Fiscal General del Departamento Judicial de Mercedes Pablo Merola -que aún tiene a su cargo las fiscalías del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez- y el funcionario le indicó que la denuncia sería remitida a la UFI en turno, la que comanda la Dra. Pontecorvo, a diferencia de lo que ocurría hasta meses atrás donde se hacía cargo de este tipo de requerimientos el fiscal de Delitos Complejos Juan Ignacio Bidone. López indicó encontrarse “satisfecho” ante las primeras novedades en la causa.
“A mi entender las irregularidades estarían probadas y es lo que me movilizó a realizar la denuncia. En materia penal no se trata de denunciar y que esto quede automáticamente probado. Esto queda a mérito del fiscal, que realizará todas las investigaciones correspondientes, con vista al juzgado de Garantías para controlar la legalidad de cada una de las acciones que se lleven adelante. Será la convicción del fiscal si esto amerita la elevación a juicio oral. Por lo que me corresponde a mí sí, sino no estaría en esta instancia y no hubiese hecho la denuncia penal, quedándome con la denuncia política que en su momento realizamos en el Concejo Deliberante cuando se trató la rendición de cuentas” afirmó López.
López explicitó parte del trabajo realizado previamente: “Hicimos una campaña pública, donde proyectamos videos en la Plaza de Moreno y repartimos cartas a 20 mil hogares, que fueron entregados casa por casa. Para la denuncia política se había cumplido el objetivo de poner de manifiesto estas irregularidades. Entendemos que hay más que una cuestión de índole política y que hay una transgresión a las leyes vigentes, que supera la desidia de los gobernantes que es la de controlar el contrato más oneroso que afronta el municipio anualmente y además entendemos que hay un daño patrimonial muy grande que sufre los vecinos de Moreno directamente”.
Finalmente López dijo confiar en el trabajo de la Dra. Pontecorvo “porque hasta acá no tengo motivos para no hacerlo” ya que “pensé que estás diligencias se iban a realizar después de la feria judicial”.
La causa, de momento, avanza. Son los movimientos preliminares, más allá de las supuestas relaciones políticas de la fiscal Pontecorvo con parte del oficialismo local y alguna duda sobre el impulso de la denuncia. También cabe recordar que no es la única mancha legal que debe afrontar la gestión de Mariano West -y la de su antecesor Andrés Arregui- ya que la UFI Nº 4 del mismo Departamento Judicial se instruye la causa por el robo de combustible destinado a los patrulleros que prestan servicio en las calles de Moreno, donde, además de personal policial en actividad, también se menciona a un funcionario municipal hoy separado de sus funciones -y que estuvo varios días detenido en la Comisaría 1º de General Rodríguez-. Este expediente estaría a punto de ser elevado para su tratamiento en los tribunales de Mercedes, por lo que se espera prontas novedades.
