El suceso se registró durante la tarde del pasado lunes. Ocurrió en el centro de Moreno ante una infracción. Los dos agentes (un hombre y una mujer) exigieron 7.000 pesos para no labrar la multa. Fueron denunciados por los mismos jefes, ya que uno de ellos presenció la maniobra sin ser observada.
Los rumores llegaron durante el día martes, pero la situación se trató de mantener hermética. Pese a eso, fuentes consultadas confirmaron toda la secuencia. Durante las primeras horas de la tarde de este lunes 8 de mayo, dos inspectores de tránsito de la municipalidad de Moreno detectaron que un vehículo había hecho un giro prohibido en el semáforo ubicado en Libertador y Bartolomé Mitre.
Cómo marca la normativa, los empleados de la comuna lo detuvieron en la Plaza San Martín. Pero casi inmediatamente lo dejaron ir. En la zona estaba controlando una jefa de inspectores y le llamó la atención la rapidez con la que actuaron. Cuando se acercó, les pidió el talonario de multas para ver que habían consignado. No se sorprendió ante la excusa. Le habrían dicho que solo le marcaron la falta y liberaron al infractor “ya que iba con su familia” y no querían hacerle pasar un mal momento.
Sin dudarlo, esta persona se trasladó junto a los agentes hasta la secretaría de Tránsito y Transporte de la municipalidad de Moreno. Dentro una oficina, uno de ellos se terminó quebrando y confesó que le habían “cobrado” 7.000 pesos para no hacer la multa. El otro habría reconocido finalmente el suceso.
La actuación por parte del secretario Martín Fraiz y la subsecretaria Liliana Ojeda fue fulminante. Recomendaron a la mujer que renuncie (había entrado en planta hacía poco tiempo, en reconocimiento a una destacada labor como educadora vial) y al hombre, con años de antigüedad en el sector, le armaron un sumario.
Pero no quedó ahí el tema. Martín Fraiz radicó una denuncia en la justicia. La conformación de la causa recayó en la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Federico Soñora. Aunque aún el expediente está caratulado como “Averiguación de ilícito”, un vocero judicial anticipó que en las próximas horas sería renombrado como “Cohecho agravado”. Es decir, pedir coimas siendo empleado público.
Aunque está en la primera etapa de instrucción, la investigación avanza desde lo testimonial. En caso de ser hallados culpables, se arriesgan a la pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua. Es un delito que posiblemente no tenga cumplimiento efectivo tras las rejas, aunque habría que esperar el juicio oral o en su defecto un juicio abreviado reconociendo el hecho ilícito.