Durante 2023 hubo 24 veredictos en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, entre los que se destacaron condenas por complicidades judicial y empresarial, como el caso del exfiscal federal Juan Carlos Yanello, en San Juan, y del exdueño de la empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte, Marcos Levín, en Salta.
El 16 de marzo la jueza federal María Eugenia Capuchetti condenó a 15 años de prisión al represor Juan Carlos Vázquez Sarmiento, por la apropiación del nieto restituido Ezequiel Rochistein Tauro, en una causa que se llevó adelante en los tribunales del barrio porteño de Retiro bajo el viejo código procesal.
El 30 de marzo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca impuso penas de entre ocho años y seis meses a once años de prisión a tres expolicías por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de cinco personas que estuvieron secuestradas a principios de 1976 en las comisarías de Sierra Grande y primera de Viedma, y en la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro.
El 11 de abril el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a los exmiembros del Destacamento de Inteligencia 141 del Tercer Cuerpo de Ejército Ernesto Guillermo «Nabo» Barreiro, Carlos Enrique Villanueva y Carlos Alberto Díaz, a la pena de 24 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante agosto de 1979 en el centro de detención clandestino «casa de Guiñazú», en el marco del juicio conocido como «caso Palazzesi».
El 14 de abril el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a siete años de prisión al agente civil de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército Julio Adelaido Ramos, señalado como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido mediante la utilización de violencias y amenazas, y tormentos agravados contra perseguidos políticos, en concurso real, en perjuicio de Luis Felipe Solé.
El 4 de mayo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a seis expolicías y a un exministro bonaerense por seis crímenes y reparó lo sufrido por los tres hijos de una víctima, al emitir una declaración de verdad y sentenciar a cinco años de cárcel a una exsecretaria judicial por alojarlos en una institución donde sufrieron golpizas y abusos sexuales, en un juicio conocido como Hogar de Belén.
El Tribunal Oral Criminal Federal 1 de Mendoza condenó el 2 de junio a prisión perpetua seis de los 18 imputados en el juicio oral y público de la causa denominada «Destacamento 144» y aplicó penas que van desde los 7 hasta los 14 años para el resto de los acusados.
El 7 de junio el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó a diez años de prisión al exoficial de la Policía Federal Roberto Álvarez, en el juicio «Contraofensiva III», tercer debate que abordó hechos producidos en el marco del plan desplegado por la inteligencia castrense para la captura y desaparición de miembros de la organización Montoneros que se encontraban en el exilio y que, entre 1979 y 1980.
El 7 de julio, en San Juan, la justicia condenó a prisión perpetua los integrantes del temible grupo de tareas del RIM 22, compuesto por Jorge Antonio Olivera, Daniel Gómez, Eduardo Cardozo, Francisco Del Torchio, Juan Carlos Coronel, además del expolicía Miguel Ángel Mejías. A ellos se les sumó el exfiscal federal Juan Carlos Yanello.
Además, otros nueve tuvieron castigos que van desde los 4 a los 12 años de prisión y siete involucrados fueron absueltos.
El Tribunal Oral Criminal Federal 2 de Mendoza condenó el 24 de julo al exteniente del Ejército Mario Guillermo Ocampo a cadena perpetua por crímenes cometidos en la localidad de San Rafael, en perjuicio de 12 víctimas, perpetrados entre marzo y noviembre de 1976.
El 26 de julio, en una revisión de condenas pedida por la Cámara de Casación, la justicia neuquina reconoció en la nueva sentencia la violación padecida por uno de los cautivos en el centro clandestino conocido como «La Escuelita» en Neuquén y por ello Oscar Lorenzo Reinhold, Jorge Di Pasquale y Sergio San Martín fueron responzabilizados por delitos sexuales, al tiempo que revirtieron absoluciones por las torturas.
El 16 de agosto el teniente coronel (re) Alberto José Jaime fue condenado a la pena de prisión perpetua tras ser hallado culpable del homicidio doblemente agravado de la militante Yolanda Rosa Ponti, ocurrido el 1 de diciembre de 1976 en pleno centro de Santa Fe, según el fallo dado a conocer por el Tribunal Oral Federal de la capital provincial.
El 28 de agosto, en el marco del juicio «Guerrieri VI», el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario condenó a prisión perpetua a 16 ex militares, ex policías y civiles por crímenes contra 116 personas, de las que más de la mitrad fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.
El Tribunal Oral Federal 2 de La Plata condenó el 30 de agosto a prisión perpetua al exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jaime Lamont Smart, y a los dos expolicías bonaerenses, Walter Omar Ale y Juan Nazareno Risso, por el homicidio del militante de la organización Montoneros Horacio Alejando Benavides, a plena luz del día frente a la Municipalidad de la capital provincial el 30 de septiembre de 1976.
El 4 de octubre el Tribunal Oral Criminal Federal 1 de Salta sentenció a la pena de ocho años de prisión al exjefe policial Joaquín Guil, por abuso sexual en perjuicio de la hermana de un militante de la Juventud Peronista asesinado en 1975 por la policía provincial.
El 6 de octubre el Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta al exoficial de Logística del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, Alejandro Federico Sálice, y al exjefe del Servicio de Finanzas y exjefe del Servicio de Administración de esa misma unidad militar, Roberto Horacio Sifón, en el juicio de la denominado «Sheraton IV», donde se abordaron delitos de lesa humanidad perpetrados contra 28 víctimas.
El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó el 9 de octubre a prisión perpetua al excomisario bonaerense Luis Abelardo Patti por haber sido partícipe necesario del homicidio del exdiputado peronista Diego Muniz Barreto y del intento de homicidio de su secretario, Juan José Fernández.
El 25 de octubre en Santa Fe tres ex policías fueron condenados a penas de 7 a 9 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados, cometidos durante la última dictadura cívico militar en perjuicio de seis militantes comunistas, y en el caso de dos de ellos por el abuso deshonesto de una de las víctimas, en una causa que ventiló hechos ocurridos en la ciudad de Santa Fe en mayo de 1977 es conocida como «Causa Requena».
El 27 de octubre la justicia chubutense condenó a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, a los ex policías federales Jorge Norberto Lagunas y Luis Horacio Coria, al considerarlos «coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido con violencia y amenazas, en concurso real con aplicación de tormentos por un funcionario a los presos; agravado por ser las víctimas, presos políticos», ocurridos en 1975 contra nueve militantes políticos.
El 2 de noviembre el Tribunal Oral Federal 1 de Salta sentenció al exdueño de la empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte, Marcos Levín, a la pena de 18 años de prisión, por considerarlo responsable del secuestro y la tortura de 17 empleados de esa firma, en enero de 1977, durante la última dictadura militar, mientras que Víctor Hugo Almirón, exjefe de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta, y el exjefe de personal de La Veloz del Norte, José Antonio Grueso, fueron condenados a 16 años de prisión.
El 2 de noviembre el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a Santiago Omar Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, a la pena de prisión perpetua por el homicidio del abogado de presos políticos Mario Hernández dos meses después del golpe de Estado, sumando así 13 sentencias a condena perpetua.
El 6 de noviembre el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a penas de entre cuatro y 25 años de prisión a siete militares que formaron parte de los grupos de planificación y ejecución del plan sistemático de represión ilegal durante la dictadura bajo la órbita de la VII Brigada de Infantería.
El Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires condenó el 6 de diciembre a 25 años de prisión al exagente de la Policía Federal Argentina Carlos Alberto Infantino y a los exgendarmes Miguel Pablo Lugo, Sergio Raúl Nazario y Hugo Luis Medina en el marco del quinto tramo de la causa por el funcionamiento del circuito represivo de los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo (ABO) y dispuso la absolución e inmediata libertad del exgendarme Miguel Víctor Pepe.
El 11 de diciembre el Tribunal Oral Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua al exgendarme Eduardo Britos por crímenes contra más de 40 personas y fue encontrado culpable por tormentos, secuestros, allanamientos ilegales, delitos sexuales y el homicidio del actual beato Wenceslao Pedernera, dirigente rural y colaborador del obispo Enrique Angelelli.
El Tribunal Oral Federal 3 de San Martín condenó el 28 de diciembre a los expolicías bonaerenses Hermes Acuña, a prisión perpetua, y Samuel Bunge Diamante, a tres años de prisión en suspenso, en el veredicto del juicio conocido como «Masacre del Río Luján» que investigó el fusilamiento de cinco militantes de Montoneros en abril de 1975.
Télam