Ante una serie de irregularidades detectadas, la dirección general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires decidió la intervención del Consejo Escolar de Moreno. Nombró a un avocador que tendrá como función la normalización del organismo. No se descarta que se realicen denuncias penales.
A través de una resolución emanada desde la dirección general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, el gobierno bonaerense decidió la intervención del Consejo Escolar de Moreno. La decisión, conocida durante la mañana del pasado viernes 27 de octubre, está fundamentada en irregularidades detectadas en dos auditorías realizadas por la cartera educativa y señala que las áreas señaladas son las administrativas y tesorería.
La intervención tiene un plazo de 180 días, la cual se puede extender por el mismo plazo. El argumento legal para llevar adelante esta decisión es la aplicación del artículo 177 de la ley de Educación de la provincia de Buenos Aires que lleva por número el 13.688. El mencionado apartado señala que “El Director General de Cultura y Educación conforme al artículo 59º del Decreto Ley 7.647/70, principios generales de la materia y el carácter de Órgano Desconcentrado del Consejo Escolar, podrá de oficio avocarse al conocimiento, resolución o investigación de cualquier tema o asunto en particular y/o asumir en forma directa la competencia del Consejo Escolar mediante el funcionario que designe al efecto si se dieren razones de servicios que evalúe justificadas”.
La avocación es una herramienta del derecho administrativo que hace referencia a la asunción de la atribución de un órgano concreto por otro superior. El avocador nombrado es el profesor Sebastián Nasif, quien se desempeña como secretario de la Escuela Técnica Nº 5 de la localidad morenense de Cuartel V. En las elecciones del año 2015, Nasif integró la lista de candidatos a consejeros escolares del Frente Renovador, acompañando a Aníbal Asseff y al profesor Sergio Pazos.
La función del avocador es ejecutiva, por lo tanto se diluyen las atribuciones de los consejeros quienes no tendrán funciones mientras dure la intervención. Solo podrán colaborar en la medida que así lo decida la avocación.
Si las irregularidades detectadas configuran delitos, las denuncias penales será el camino a seguir. Cabe recordar que la detección de títulos apócrifos presentados por aspirantes a auxiliares ya constituye un presunto delito que es investigado por la justicia ordinaria.
La revisión de archivos señala que es la primera vez en la historia del Consejo Escolar de Moreno que el mismo es intervenido por la provincia de Buenos Aires.