La investigadora del CONICET y la UNMDP, Cecilia Rustoyburu, recorre las tensiones entre derechos, criterios médicos y afectos en torno a los cuerpos en transición. Una revisión sobre lo que pasa cuando las leyes no alcanzan, pero el acompañamiento familiar y de otros actores sí puede hacer la diferencia.
La escena se repite en múltiples consultorios, centros de salud y hogares del país. Una infancia trans se anima a hablar y alguien -una médica, un docente, una madre- duda. No de su palabra, sino de qué hacer. ¿Hay que intervenir? ¿Esperar? ¿Informar a los adultos a cargo? ¿Respetar el deseo? ¿Y si después se arrepiente? En esa maraña de preguntas, la respuesta que propone la investigadora Cecilia Rustoyburu es sencilla y, al mismo tiempo, compleja: escuchar.
Rustoyburu es investigadora del CONICET y dirige el grupo “Familia, género y subjetividades” en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estudió Historia, luego hizo un doctorado en Ciencias Sociales en la UBA y desde hace años investiga la medicalización de la infancia y las disputas en torno a los cuerpos, las hormonas y la identidad. En los últimos años su mirada se centró en una pregunta urgente: ¿cómo acceden las infancias trans a la salud? “Escuchar no es solo oír: es confiar, dar lugar y respetar los tiempos”, afirma.
Una historia en capas
Todo empezó con las hormonas. En sus primeros trabajos, Rustoyburu investigó cómo la medicina intervenía en los cuerpos infantiles: bloqueos de la pubertad, tratamientos para estimularla, diagnósticos de obesidad, entre otros escenarios. Pero le empezó a llamar la atención el lugar que ocupaban las hormonas como tecnología y como símbolo. Así fue como se encontró con un tema sensible, complejo y en disputa sobre los bloqueadores hormonales utilizados por algunas infancias y adolescencias trans para frenar los cambios físicos con los que no se identifican.
“Las hormonas condensan muchas tensiones: lo biológico, lo social, lo identitario. Por eso, los bloqueadores hormonales son más que un tratamiento, son una forma de intervenir en cómo se entiende la infancia y el género”, apunta Rustoyburu.
En 2018 impulsó un proyecto conjunto entre las facultades de Medicina y Humanidades de la UNMdP para estudiar los procesos de hormonización corporal. Entrevistaron a profesionales de la salud, activistas y personas trans. Más tarde, junto a colegas de otras tres universidades (UNPAZ, UNICEN, UBA) y 19 organizaciones, impulsaron una encuesta federal sobre salud trans. Esa investigación, que contó con casi 1200 entrevistas, reveló una foto diversa y desigual del acceso a derechos.
Lo que dicen los datos
Los resultados muestran un cambio: las nuevas generaciones de personas trans enfrentan menos expulsión del hogar. Solo el 10 por ciento de quienes tienen entre 16 y 19 años fueron echadas de su casa, frente al 31 por ciento de quienes tienen entre 20 y 24, y el 27 por ciento entre los 25 y 29 años. “El acompañamiento familiar hace una diferencia enorme”, remarca la investigadora y agrega: “quienes no fueron expulsades tienen mejores niveles educativos, menos incidencia en el trabajo sexual y más acceso a profesionales de la salud en sus procesos de modificación corporal”.
En el mismo sentido, el 78 por ciento de las personas encuestadas accedieron a acompañamiento profesional durante su primera hormonización. Entre las masculinidades trans, ese porcentaje trepa al 94 por ciento y, entre las feminidades trans, al 62 por ciento. En adolescentes de 16 a 19 años el acompañamiento alcanza al 86.
Sin embargo, las brechas persisten. Entre las feminidades trans menores de 24 años, el 74 por ciento reportó haber transitado el trabajo sexual o la prostitución. Pero con las masculinidades ese porcentaje baja al 14. Ellos, además, presentan mayores niveles educativos y mejor inserción laboral. El género también estructura las desigualdades al interior del colectivo.
Magalí de Diego (Agencia CTyS-UNLaM)