En el marco de una política de optimización de recursos y fortalecimiento de la seguridad pública, el Gobierno Nacional dispuso, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 103/2025, la reutilización de armas decomisadas para su uso exclusivo por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. La norma fue firmada por el Presidente Javier Milei y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Estas armas, provenientes del crimen organizado, ya no serán desperdiciadas ni destruidas sin sentido. A partir de ahora, serán entregadas a las Fuerzas Federales de Seguridad para reforzar su lucha contra los delincuentes.
Con este decreto del Presidente Javier Milei, eliminamos gastos innecesarios, optimizamos los recursos del Estado y fortalecemos a quienes combaten el delito día a día.
MÁS SEGURIDAD. MENOS BUROCRACIA
¡Las armas que estaban en manos de los delincuentes ahora servirán para enfrentarlos!
El compromiso de austeridad y reducción del déficit fiscal asumido por el Gobierno Nacional requiere del aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles. Hasta ahora, la disposición de armamento en desuso o previamente destruido representaba un gasto innecesario en la adquisición de nuevo equipamiento para las fuerzas de seguridad.
El decreto establece que, una vez concluidas las causas judiciales o administrativas, la autoridad interviniente deberá remitir el material a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, para su depósito definitivo. A partir de allí, se iniciarán los trámites correspondientes para determinar su destrucción o entrega a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Esta disposición modifica la Ley N° 25.938, que anteriormente establecía la destrucción obligatoria de las armas decomisadas.
Además, la norma contempla la implementación de mecanismos estrictos de trazabilidad para garantizar el control del armamento y prevenir su malversación o extravío. La iniciativa no solo incrementará las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad, sino que también permitirá evitar gastos innecesarios en la adquisición de nuevo armamento. Se establecerán controles adicionales para evitar el desvío de estas armas al mercado ilegal.
El decreto responde a la necesidad de modernizar y optimizar el equipamiento de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el delito y el crimen organizado. La medida busca agilizar la gestión de los recursos incautados y garantizar su uso en favor de la protección de los ciudadanos, asegurando su correcta administración bajo los más altos estándares de control y supervisión.
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