La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por distintos procedimientos de control dirigidos a personas migrantes que, bajo el argumento de reforzar la seguridad, derivan en situaciones de hostigamiento, demoras injustificadas y afectaciones a derechos fundamentales.
En distintos puntos del territorio bonaerense se registró un aumento de operativos en la vía pública que incluyeron requisas, solicitud de documentación y retenciones sin una causa concreta. Según se indicó, estas intervenciones no aportan a la prevención del delito y repercuten directamente sobre la población migrante, profundizando estigmatizaciones y desigualdades.
El organismo recordó que toda política de seguridad debe desarrollarse dentro del marco constitucional y con pleno respeto a los derechos humanos para ser considerada legítima.
Asimismo, señaló que la apariencia física, la forma de vestir o el origen de una persona no constituyen razones válidas para una detención. Las fuerzas de seguridad no pueden retener el Documento Nacional de Identidad ni privar de la libertad a alguien sin una orden judicial o sin la existencia de un delito en flagrancia.
También se destacó que, frente a cualquier detención, todas las personas tienen derecho a contar con asistencia legal gratuita, independientemente de su situación migratoria. El derecho a migrar está reconocido por la legislación nacional e internacional.
Desde la Defensoría se subrayó que la falta de actualización en la documentación no implica la pérdida de la dignidad ni de las garantías que protegen a toda persona. En ese sentido, se remarcó la responsabilidad del Estado de asegurar que sus acciones y políticas se ajusten a la ley y no reproduzcan prácticas de violencia institucional.
El organismo reafirmó su compromiso de acompañar, brindar orientación y recibir denuncias ante posibles hechos de violencia policial o institucional. Para ello, se encuentra disponible el canal de WhatsApp las 24 horas al 221 358 1323, además de las vías habituales de contacto.
Garantizar derechos, fortalecer los mecanismos de control democrático y promover el acceso a la justicia fueron señalados como pilares esenciales para una convivencia social basada en el respeto y la igualdad ante la ley.
Defensorba