La causa por la muerte del empleado municipal Matías Castillón sigue su instrucción judicial, la cual incluye pedidos de informes a organismos estatales que aún no fueron contestados. Mientras tanto la oposición política solicitó que la intendenta Mariel Fernández y la secretaria de Obras Públicas brindaran explicaciones en el Concejo Deliberante durante sesiones extraordinarias: Ninguna de ellas concurrió a las interpelaciones y además el oficialismo no dio quórum.
Matías Castillón era padre de 4 hijos. Tenía 34 años. Era empleado de la comuna desde el 2019 con el legajo 22.595. Vivía en el barrio Don Sancho de Cuartel V y era conocido como “Laucha”. Era amigo y militaba junto al concejal de Unión por la Patria, Gonzalo Galeano.
El jueves 7 de noviembre, Castillón cayó de un camión que el municipio alquilaba y golpeó su cabeza contra el hormigón de la Ruta 25. Ocurrió alrededor de las 16.30 a la altura de la denominada “Curva de San Enrique”, cerca del cruce con la calle General Fructuoso Rivera, en dirección a la localidad de Cuartel V. Una cuadrilla de trabajadores de la comuna estaba realizando la mudanza a una joven mujer. Castillón viajaba en la caja del vehículo. Fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, pero lamentablemente los médicos no pudieron salvarle la vida.
La instrucción de la causa, calificada como “homicidio culposo”, quedó bajo responsabilidad de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Carina Saucedo y tiene por número el 31999-24. Quien está siendo investigado es el chofer del camión.
La pesquisa avanza lentamente pero sin pausa. Fuentes judiciales aportaron algunos datos: El conductor de la unidad no habría presentado licencia habilitante. Motivo por el cual se solicitó informes a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que detalle la fecha de vencimiento y las categorías autorizadas del registro de este sujeto, quien también sería trabajador de la comuna.
Simultáneamente hicieron un requerimiento a la municipalidad de Moreno para que aporte el contrato de alquiler del camión y las condiciones del mismo. Buscan determinar si el acuerdo entre el dueño del vehículo (quien sería Romero de apellido) y el Estado local era full time. Es decir, la unidad quedaba bajo absoluta responsabilidad de la comuna hasta la extinción del convenio.
No hubo, al menos hasta el momento, una comunicación de la municipalidad de Moreno respecto a esta trágica muerte. Tampoco un pésame público. Solo trascendidos indicaron que estos trabajadores estaban fuera del horario laboral y que la mudanza no era una tarea encargada ya sea desde la Delegación de Cuartel V o de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. La justicia también solicitó que esta información se convierta en oficial, consignando el turno en que prestaba servicios Castillón y el chofer como así también los trabajos que tenían asignados. Incluye el área de la cual dependían y la estructura jerárquica que los contenía.
Confidentes indicaron que desde la Policía aseguraron que no hay cámara de vigilancia pública que haya registrado el momento del siniestro. Estos datos deberán ser ratificados por la secretaría de Seguridad de la comuna.
El conductor del camión fue notificado de la formación de la causa. Aún no está imputado. Este jueves declaró la viuda de Matías Castillón. Se mostró muy angustiada y habría remarcado que se trató de un “accidente”. También habría puesto de manifiesto su malestar por la utilización política de la muerte de su pareja.
Hasta aquí el derrotero judicial, pero hay otro plano en que tiene trascendencia la muerte de Matías Castillón y es el político – institucional.
El miércoles 13 de noviembre la oposición convocó a una sesión extraordinaria en el Honorable Concejo Deliberante y citaron a la secretaria de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad de Moreno, ingeniera agrónoma María Giménez. La funcionaria pública no concurrió como así tampoco los 13 ediles del oficialismo. Por lo tanto no hubo quórum. El jueves 14 había sesión ordinaria. Tampoco se sentaron los legisladores de Unión por la Patria.
Este miércoles 20 estaba convocada otra reunión extraordinaria. El pedido lo hicieron ocho concejales de la oposición. El expediente tiene las firmas de Gisele Agostinelli, María Selva Aguilar, Demian Martínez Naya, Alejandro Sosa y Florencia Asseff (Juntos), Daniel Chávez, Ingrid Flessa y Cristian Zárate (La Libertad Avanza).
El objetivo de la misma era que comparezca ante el pleno de los ediles la intendenta municipal Mariel Fernández. Buscaban interpelarla por las circunstancias de la muerte de Castillón. Además solicitaban la conformación de una comisión investigadora. Tampoco hubo quórum. Al previsible faltazo de la jefa comunal y de los 13 concejales de ese espacio, se sumó la ausencia de Cristian Zárate (La Libertad Avanza) y de Julián Cigna (quien asumió como legislador de “Juntos” pero desde el año pasado conformó un unibloque, cercano al oficialismo).
La próxima sesión ordinaria está planificada para el jueves 28 de noviembre. Si se presentan al menos 13 de los 24 concejales se podrá realizar. Allí la oposición, tanto de “Juntos” como de “La Libertad Avanza” como así también los dos del “Frente de Izquierda” (presentes en todas las convocatorias) podrán hacer uso de sendas mociones de privilegios para hablar del tema, pero no podrían convocar a ninguna comisión investigadora. Siempre y cuando el oficialismo permita el debate, con solo sentarse en sus bancas. Sueldos millonarios y no cumplen con su rol básico. Lamentable.
