El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards. Chile reclama hace años su extradición para poder juzgarlo
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para las personas que brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno que vivía en Moreno, y que ahora se encuentra prófugo de la Justicia, y al que Chile busca extraditar hace años.
La semana pasada fuerzas federales fueron a buscarlo a la casaquinta en la que residía hace años, pero no lo encontraron. La vivienda se encuentra sobre la calle Tschiffely 1663, a medio centenar de metros de la calle Padre Fahy, a la vuelta del colegio Bartolomé Mitre.
Apablaza estaba advertido de que lo iban a detener. La información se había filtrado a algunos medios de comunicación y la vigilancia que ensayó la Policía no fue para nada discreta. Un vehículo sin identificación en las inmediaciones, en una calle cortada, es fácilmente detectable. Estuvieron casi una semana.
La relación de Apablaza con el distrito de Moreno no se limitaba simplemente a ser su lugar de residencia. Su esposa, Paula Chaín, estuvo vinculada a la municipalidad de Moreno durante la última gestión de Mariano West como intendente. Chaín, también chilena y madre de tres hijos nacidos en nuestro país, fue asesora de prensa en la comuna a la par que tenía nombramiento en Casa Rosada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. De profesión periodista, el vínculo de Chaín con el Estado Nacional finalizó con la llegada de Mauricio Macri a la primera magistratura en el 2015.
Galvarino Apablaza, de 75 años y con el alias “Comandante Salvador”, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo (FPMR-A), es requerido por la justicia chilena como responsable mediato del crimen de Guzmán, cometido el 1 de abril de 1991 en Santiago, y del secuestro del empresario Cristián Edwards.
El exdirigente del FPMR se formó militarmente en Cuba y fue parte de la conducción que planificó acciones armadas en la transición chilena; tras los hechos de 1991, salió de Chile, pasó por La Habana y a comienzos de los años noventa se radicó en Argentina bajo identidad falsa en el partido bonaerense de Moreno, donde formó familia y tuvo tres hijos argentinos.
En 2004 fue detenido en Argentina por pedido de captura internacional de Chile y el juez federal Claudio Bonadío hizo lugar a la extradición, pero el proceso quedó supeditado a la definición sobre su estatus de refugiado.
En 2010, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le otorgó la condición de refugiado político, lo que bloqueó la extradición; años más tarde, bajo la gestión de Mauricio Macri, se intentó revertir ese estatus, aunque la discusión judicial se prolongó con recursos de la defensa.
En febrero de 2026, una cámara federal argentina confirmó la revocación del refugio político de Apablaza, dejando allanado el camino para reactivar el viejo fallo de la Corte Suprema que habilitaba su entrega a Chile, aunque la defensa sostiene que aún resta resolución de recursos extraordinarios.
La jueza federal María Servini ordenó la detención de Apablaza con fines de extradición y efectivos de la Policía Federal se presentaron en su domicilio de Moreno, pero no lo encontraron, por lo que el operativo fue considerado fallido y el dirigente pasó a ser buscado como prófugo. Por este motivo el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 20.000.000 de pesos por datos que permitan apresarlo.
Según informaron autoridades chilenas, el plan coordinado preveía que Apablaza fuera trasladado por la Policía de Investigaciones de Chile en un vuelo no comercial hacia Santiago, para su ingreso a la Cárcel de Alta Seguridad mientras se sustancia el proceso penal por el crimen de Guzmán y otros hechos.
Desde la defensa de Apablaza se cuestionó la legalidad de la detención ordenada en Argentina, con el argumento de que la revocación del estatus de refugiado no estaría firme y que, en consecuencia, regirían todavía las protecciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
