La justicia ordenó el allanamiento de la unidad carcelaria Nº 60 de Merlo. Allí detuvieron (aunque en realidad estaba privado de la libertad) a Sergio René Martínez Portillo, alias “Sicario”. Lo acusan de liderar desde la prisión una organización de ventas de drogas que funcionaba en Cuartel V. Esta sanguinaria banda, que está acusada de al menos dos homicidios, secuestraba ciudadanos paraguayos para obligarlos a comercializar estupefacientes en Moreno. Un expediente relata el horror al que estaban sometidos los vecinos.
El pasado lunes 4 de mayo, personal policial (entre ellos oficiales de la comisaría 4ª de Moreno, Cuartel V) ingresó con una orden de allanamiento otorgada por la Dra. Celina Ardohain, titular del Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a la unidad carcelaria provincial Nº 60, ubicada en la localidad de Libertad (vaya paradoja) del partido de Merlo. Encabezados por el Dr. Ezequiel Freydier, uno de los responsables de la UFI Nº 12, junto a otros funcionarios judiciales, buscaban a un preso. Se trataba de Sergio René Martínez Portillo.
¿Qué le endilga la justicia a Martínez Portillo, alias Sicario? Manejar, desde la celda de uno de los pabellones de la prisión, la venta de drogas en el barrio San Francisco de Cuartel V. Este sujeto, de 25 años, es considerado uno de los principales integrantes de la “banda de Piky” y quien quedó liderando la organización delictiva ante la huida de Diosnel “Piky” Portillo Acosta, cuando se golpeó legalmente a la estructura en julio del año pasado. Sospechan que Portillo Acosta está “escondido” en Paraguay.
A raíz de una serie de allanamientos realizados en las últimas semanas, donde además de secuestrar drogas (principalmente cocaína fraccionada), teléfonos y anotaciones, los investigadores lograron pruebas suficientes para determinar que la “banda de Piky” seguía operando, aunque disminuida. Sumaron testimonios y armaron un esquema donde se mostraban las participaciones de distintos componentes, que fueron en su mayoría apresados.
De esta manera, descubrieron que Diosnel “Piky” Portillo Acosta, presumiblemente desde Paraguay, seguía a cargo de la logística. Conseguía la droga y la despachaba a Cuartel V. Sergio René Martínez Portillo, su sobrino actualmente detenido, manejaba desde la cárcel la estructura, que incluía un “contador” (a quién se le secuestraron cuadernos con los movimientos financieros), a un “ejecutor” (quien manejaba la violencia y la disciplina en la zona), a una persona encargada de la provisión de los “kioscos” de estupefacientes y finalmente a los encargados de esos puntos de ventas.
La banda, cuando fue parcialmente desarticulada en julio pasado, tenía una vertiente no muy vista en lo que tenía que ver con la “contratación” de mano de obra. En Paraguay tenía un captador de personas que atravesaban situaciones muy vulnerables, con la necesidad de salir de la miseria. La mayoría eran hombres. Aprovechaban esta coyuntura y les ofrecían trabajos en la industria de la construcción en la Argentina. Les pagaban el pasaje y cuando llegaban al país, virtualmente eran secuestrados. Vendían drogas durante 20 horas, con 4 de descanso. Algunos lograron escapar, pero eran rápidamente atrapados. Las víctimas no sabían dónde estaban y no contaban con la solidaridad del vecindario, pero no era por falta de empatía.
En este punto el temor era una herramienta de disciplinamiento social. Todos sabían que una mano tendida generaba represalias. En este punto el expediente explicita un contexto pocas veces clarificado en la justicia: algunos de los “kioscos” de drogas no eran manejados por delincuentes conscientes. La banda usaba el terror para obligar a los habitantes de la zona para internarse en el delito. Era eso o tener que abandonar el lugar a punta de pistola, con un destino incierto. Muchos vecinos no tienen familiares en las cercanías y algunos, ni siquiera en el país. Quedaban desguarnecidos.
El Poder se ocupa. Si no lo ocupa el Estado, estos grupos de hampones se enseñorean en los barrios. Los antiguos “transas” cumplían hasta funciones de acción social, como la compra de medicamentos. Incluso armaban espacios deportivos. La idea era lograr una identificación de la comunidad hacia su benefactor y de esa manera la “protección”. Esos tiempos quedaron atrás. Ahora todo es violencia. Irracional. Y desmedida.
La “banda de Piky”, además de las causas directas por la comercialización de estupefacientes, se les imputa dos homicidios directamente vinculados con esta actividad ilícita. Las muertes de César Olguín (el 2 de julio del 2024) y de Leandro Olivera (cinco días después) tuvieron el componente del dominio territorial y los ajustes de cuentas por pequeñas “mexicaneadas”. Hubo detenidos y también secuestros de drogas. La incautación de bajas cantidades de cocaína y marihuana siempre está contempladas como pérdidas aceptables y parte del riesgo del “negocio”.
Respecto al allanamiento en la unidad carcelaria Nº 60, los investigadores informaron a Sergio René Martínez Portillo de la formación de la nueva acusación. Las fuentes consultadas afirmaron que hubo secuestros de elementos en la redada realizada en el calabozo de Martínez Portillo, pero no brindaron mayores precisiones.
Por lo pronto sigue siendo un escándalo que Martínez Portillo pueda operar casi impunemente estando privado de la libertad, aunque se está tornando cada vez más usual. Claramente hay un celular involucrado.
Los trascendidos indicaron que las aperturas de las antenas de telefonía hacían epicentro en esa prisión cuando había comunicaciones cruzadas con los otros integrantes de la banda, llamadas que fueron interceptadas por la justicia. En ese sentido, resta ahondar respecto a cómo ingresó un aparato celular y si contó con algún tipo de complicidad puertas adentro del penal. Las preguntas se apilan. Esperan que haya respuestas.