Fuentes municipales confirmaron que la municipalidad de Moreno le transfirió a Emiliano Moncayo la suma de 2.465.000 pesos. El pago está vinculado al secuestro de la mercadería ocurrido el 5 de agosto del año pasado y que se realizó de manera irregular. Al menos una de las causas penales seguiría en la justicia ordinaria.
La municipalidad de Moreno le pagó la suma de 2.465.000 pesos a Emiliano Moncayo, el empresario Pyme que sufrió el secuestro irregular de mercadería el 5 de agosto en un operativo de tránsito realizado en Trujui. La medida, contraría al Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires, derivó en reclamos administrativos y legales. E incluso tuvo repercusión mediática a nivel nacional.
El 5 de agosto una camioneta fue detenida en un control de tránsito de la municipalidad de Moreno. No tenía VTV ni seguro vigente, motivo por el cual fue secuestrada de acuerdo a la normativa vigente. Pero transportaba 2.870 kilos de mercadería, en su gran mayoría muzzarella, proveniente de la fábrica “Damiatony”. Los trabajadores no tenían el remito de procedencia.
Ante la novedad, el propietario de la pequeña logística, Emiliano Moncayo llevó la documentación de los quesos, pero cuando llegó dos horas después, la mercadería había desaparecido. Desde el área de Bromatología le explicaron a Moncayo que la había distribuido a distintos comedores de la zona. Una celeridad récord, pero que no tuvo intervención del Juzgado de Faltas de Moreno en una clara irregularidad.
¿Cuál fue el destino de la mercadería? En el comunicado de prensa que emitió la municipalidad de Moreno a mediados de septiembre afirmaron que fue entregada a la secretaría de Desarrollo Comunitario que comandaba la actual concejala del Frente de Todos Noelia Saavedra y que desde allí se procedió a distribuirla. Pese a la insistencia de los medios de comunicación y de la oposición nunca se difundieron los remitos por la entrega de los quesos a las entidades intermedias. Tampoco transcendió cuáles serían esas instituciones.
Moncayo siguió un derrotero que incluyó la comuna, el Concejo Deliberante y la Justicia en su reclamo. Empezó a aparecer en distintos medios de comunicación. Su frase más fuerte: “Me robaron la mercadería y el municipio no me responde”. En mayo un funcionario municipal acercó a las partes. Y a finales de julio pasado llegaron a un acuerdo, manejado con la hábil muñeca del secretario de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Nahuel Berguier.
A Moncayo se le transfirieron 2.465.000 pesos por todo concepto. Y el compromiso de no tener más contacto con la prensa. Evidentemente Moncayo aceptó, porque claramente no buscó estar en esta situación. El dinero se lo adeudaba a la empresa proveedora y tenía que saldar la cuenta, además de los honorarios de su abogado. Optó por el silencio.
Fuentes consultadas confirmaron toda la operatoria. Y desglosaron que 1.306.220 pesos corresponden al valor de la mercadería secuestrada en agosto del 2021 y el resto como compensación. En realidad el monto total es el precio de mercado de los quesos a principios de julio y que sufrió un fuerte aumento al momento del pago. En resumen: Moncayo perdió plata, pero no tenía reservas financieras para hacer frente a la deuda. Era cerrar o cerrar.
¿Hubo sumarios internos? Los voceros aseveraron que toda la movida contó con consultas al Tribunal de Cuentas de la provincia. Se interpretó que la municipalidad compró la mercadería por el monto inicial y los 1.158.780 pesos restantes serían una sanción al funcionario interviniente. ¿Quién es ese funcionario, según nuestras fuentes? Carlos Veliz, quien se desempeñaba como Director de Bromatología en momentos del secuestro. Ese dinero sería descontado en cómodas cuotas de su recibo de haberes. Nadie más habría sufrido penalizaciones, ni siquiera la responsable de la secretaría que depende la mencionada área y cuya firma figuraba al pie del comunicado de prensa: Analía Cabaña, en ese entonces titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio de Moreno, hoy fusionada con Salud.
Por lo pronto hay dos denuncias que se instruyen en la justicia. La primera la realizó Emiliano Moncayo. La segunda las concejalas Gisele Agostinelli, María Selva Aguilar y Dolores Fábregas, todas de “Juntos”. Estas últimas presentaron un escrito elaborado por el Dr. Joaquín Nogueira por los delitos de “Usurpación y abuso de autoridad, estafa por retención indebida y hurto”. La causa recayó en la UFI Nº 3 a cargo de la Dra. Luisa Pontecorvo. Hasta el momento no hay novedades.
Un verdadero escándalo. Los papeles que se plasmó el acuerdo están guardado bajo siete llaves. Con esos 2.870 kilos de mercadería se habría podido producir más de 11 mil pizzas. Lo pagó la municipalidad, es decir toda la comunidad de Moreno. ¿Dónde fueron a parar? No hay claridad al respecto. En la próxima rendición de cuentas recién se podrá saber con precisión el entendimiento alcanzado entre la comuna que conduce Mariel Fernández y Emiliano Moncayo. De los remitos, ni noticias.