Luego del 2 de abril, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, continúa el planteo de familias y organizaciones acerca de las dificultades para garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Argentina. Si bien el país cuenta con normativa específica, se advierte que aún existen obstáculos para su implementación plena.
La Ley Nacional N° 27.043, sancionada en 2014, establece que el abordaje del autismo es de interés nacional y promueve una respuesta integral e interdisciplinaria que incluye investigación, formación profesional, detección temprana y acceso a prestaciones de salud. La normativa incorpora la cobertura de diagnóstico y tratamiento al Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que implica que obras sociales, prepagas y el sistema público deben garantizar el 100% de las prestaciones necesarias.
Entre los puntos destacados, la ley subraya la importancia de la detección temprana en los controles pediátricos, con el objetivo de identificar señales de alerta en los primeros años de vida y favorecer intervenciones oportunas que mejoren la calidad de vida.
Sin embargo, el Decreto Nacional 777/2019 dejó sin reglamentar aspectos vinculados a la producción de estadísticas oficiales, la investigación y el financiamiento específico. La ausencia de un censo nacional dificulta conocer con precisión cuántas personas con TEA hay en el país y limita la planificación de políticas públicas, la organización de servicios de salud y la disponibilidad de vacantes en ámbitos educativos inclusivos.
A nivel internacional, la prevalencia se estima en 1 cada 100 niños, mientras que en Argentina se manejan proyecciones que superan las 500.000 personas con TEA, aunque no existen datos oficiales actualizados.
En relación con el presupuesto nacional de salud previsto para 2026, se señala la falta de partidas identificables destinadas específicamente a acciones vinculadas al autismo, como campañas de difusión, herramientas para la detección temprana o instancias de formación profesional. También se advierte la ausencia de mecanismos definidos para la coordinación federal que permitan fortalecer las redes de atención en las provincias.
En la Provincia de Buenos Aires, la Ley N° 14.191 y su Decreto Reglamentario 375/2015 establecen un sistema de protección integral que contempla la atención en salud, la inclusión educativa y la integración social y laboral, brindando herramientas para el acompañamiento de las personas con TEA en distintas etapas de la vida.
Entre las principales problemáticas señaladas se encuentran las dificultades en el acceso al diagnóstico oportuno, la necesidad de mayor formación profesional específica, la falta de políticas orientadas a la transición hacia la vida adulta y la existencia de barreras en la accesibilidad y en la comunicación en distintos ámbitos.
En este contexto, organizaciones y asociaciones de familias impulsan espacios de participación y visibilización, como la vigilia virtual realizada el 1 de abril de 2026 por la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APADEA) y la Federación Autismo Latinoamérica (ALaFe), con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer redes de acompañamiento.
A pesar de los avances normativos, se destaca la necesidad de contar con información estadística actualizada y con recursos específicos que permitan implementar de manera efectiva las leyes vigentes y garantizar el acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes con TEA.
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