El juicio oral por la muerte en 2013 de un paciente en la comunidad terapéutica San Camilo, ubicada en el partido bonaerense de Pilar, comenzará el próximo martes y se juzgará a un ex empleado de seguridad de la institución, que años después fue clausurada tras constatarse «tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes», informó hoy el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Desde la sanción de la Ley de Salud Mental, se trata de la primera causa que llega a una instancia de juicio oral a un miembro de una comunidad terapéutica, en este caso Ángel “Pipi” Súñez, el empleado de seguridad de la Fundación San Camilo que será juzgado por el suicidio de Saulo Rojas, quien se encontraba internado en la institución desde junio de 2012 y que se quitara la vida un año después de llegar.
Saulo era un joven mendocino de 23 años con consumos problemáticos e insulinodependiente, que con 18 años fue internado en la comunidad terapéutica San Camilo, luego de que diferentes centros terapéuticos de la provincia de Mendoza le negaran atención argumentando que la situación de adicción más su dependencia a la insulina era algo “imposible de manejar”.
Un año después de su ingreso, el 14 de julio de 2013, Saulo fue «castigado y encerrado» en una celda de aislamiento, una habitación «pequeñísima, con paredes de cemento sin revocar, una ventana sin vidrio y la puerta con rejas y candado», en violación a lo que establece la ley de Salud Mental sancionada en 2010, señalaron desde el CELS.
Minutos después de entrar a esa celda, el joven se ahorcó, pero a su madre, Miriam Lucero, desde la comunidad terapéutica le dijeron que su hijo «había sufrido un infarto» y, cuando la policía llegó al lugar, el joven «ya no se encontraba en la celda, que rápidamente fue adornada con muebles y un acolchado», aseguraron.
Finalmente, tras dos años sin avances, el expediente se reactivó y llegó a juicio oral luego de que la madre del joven y su abogado, Yamil Castro Bianchi, junto al periodista Pablo Galfré, lograran juntar pruebas y testimonios de pacientes y empleados que «demostraron que los golpes, maltratos y sobremedicación eran algo cotidiano en San Camilo».
La Fundación estaba ubicada en el partido bonaerense de Pilar y fue clausurada en 2017 por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, tras constatar “graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios”.
El único imputado en el juicio oral, que estará a cargo del Juzgado en lo Correccional 4 de San Isidro, es Súñez, acusado de homicidio culposo, mientras que Martín Iribarne, dueño de la Fundación, y Alejandro Jacinto, psicólogo y director terapéutico, fueron imputados pero no presentaron antecedentes penales y aceptaron una probation.
Asimismo, el pasado 12 de mayo el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de San Isidro declaró «la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires por incumplir el deber de fiscalizar a la Fundación San Camilo».
De acuerdo con la Ley Nacional de Salud Mental y la legislación provincial, el Ministerio de Salud está «obligado a monitorear los servicios de salud mental públicos y privados a fin de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas que allí se atienden».
Según se sostiene el fallo, el cumplimiento de este deber «podría haber evitado la muerte de Saulo».
Con info Télam