La denuncia se basa en el ingreso irregular de la municipalidad en el predio que tenía en custodia la Universidad Nacional de Moreno sobre la calle Merlo entre Corvalán y Remedios de Escalada de San Martín, donde inauguraron las nuevas oficinas del Consejo Escolar y recayó en la UFI Nº 5. Piden que se investigue a la intendenta Mariel Fernández y otros funcionarios locales por los delitos de usurpación, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y abuso de la autoridad. La fiscalía se declaró incompetente, ya que entienden que es un tema de la justicia federal. Debe decidir el Juzgado de Garantías Nº 1.
La justicia de la provincia de Buenos Aires debe dictaminar sobre la competencia de una denuncia que ingresó en la UFI Nº 5 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Se trata de un escrito presentado el lunes 23 de junio e impulsado por el diputado provincial, adscripto a La Libertad Avanza, Ramón “Nene” Vera y patrocinado por el Dr. Ricardo Hugo Porta, letrado inscripto en el Colegio de Abogados de San Martín.
La denuncia es por tres delitos contemplados en dos artículos del Código Penal Argentino. Se trata de usurpación (art. 181 “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años: 1º el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes; 2º el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo; 3º el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble) y por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”).
La misma se basa en los hechos ocurridos el 4 de marzo del 2023 en el predio que tenía en custodia la Universidad Nacional de Moreno, ubicado sobre la calle Merlo entre Corvalán y Remedios de Escalada de San Martín. Esa mañana, con las primeras luces del día, personal municipal ingresó de manera intempestiva, vulnerando el cerco perimetral y cortando la conexión de las cámaras de seguridad que tenía en funcionamiento la casa de altos estudios. El resto de la historia es conocida: La licitación para construir el Polo Educativo “Sandra y Rubén” por parte de la comuna, la adjudicación a la empresa “Dipronor”, su posterior paralización por decisión de la firma y el cobro de 87 millones de pesos de anticipo en el inicio de la obra, dos nuevos llamados a licitación (uno desierto), el inicio de los trabajos de la cooperativa “El Yunque”, la terminación del edificio, la ocupación del mismo por parte del Consejo Escolar el 2 de junio y la inauguración oficial con la presencia de la intendenta el sábado 28 del mismo mes. Más de 1.400 millones invertidos, dinero proveniente del Fondo Educativo, en base a datos extraoficiales.
Hay causas judiciales que impulsó la Universidad, principalmente la que debe resolver el fondo de la cuestión ¿El predio es nacional o corresponde a la municipalidad? ¿Quién es el titular? Más allá de este tema base, lo que se pone sobre el tapete con esta nueva denuncia es si se cometió el delito de usurpación.
En los fundamentos, el abogado Porta explica que sus patrocinados (Vera, los consejeros y concejales de La Libertad Avanza) tomaron conocimiento de este suceso a través de un spot difundido por la Radio UNM en las últimas semanas. Por más de dos años no se enteraron de uno de los conflictos políticos – institucionales más graves que se registraron en el distrito. Tuvieron una reunión con el rector Hugo Andrade, donde les explicó la situación y les brindó material documental respaldatorio.
Con esos datos, elaboraron el escrito y lo presentaron en la UFI Nº 5, fiscalía a cargo de los Dres. Emiliano Buscalia y Jonatan Lay y que recepciona los conflictos por tierras, entre otros. Apuntan contra las autoridades municipales, encabezadas por la intendenta Mariel Fernández. Este organismo se declaró incompetente. ¿Por qué? Porque en marzo del 2023 la UNM había radicado una denuncia de igual tenor en la Comisaría 1º de Moreno. Fue girada a la UFI Nº 1 del Dr. Leandro Ventricelli. Y desde allí, remitida a la justicia federal.
Finalmente el escrito recayó en el Juzgado Federal de Mercedes, que encabeza el Dr. Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto. Este juez es conocido porque, en los últimos tiempos, tuvo notoriedad al dar luz verde al amparo que presentó la AFA contra la conformación de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), que había impulsado el gobierno nacional. Por el conflicto UNM – Municipalidad de Moreno, el magistrado sobreseyó a los funcionarios municipales María Giménez (secretaria de Obras Públicas de la municipalidad y concuñada de la intendenta) y a Federico Aliaga (en aquel entonces al frente del IDUAR) al considerar que los hechos denunciados no constituían delito. Fue firmado en junio del 2023.
Por consiguiente esta nueva denuncia está en consideración del Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, cuya titular, la Dra. Adriana Julián, no se pronunció hasta el momento. No tiene plazos. Lo que tiene que interpretar, según los conocedores de las cuestiones penales, es si la investigación la debe realizar la justicia ordinaria o debe intervenir la federal. En este último supuesto, ¿se considerará cosa juzgada la decisión de Portocarrero Tezanos Pinto?
El Dr. Porta ya ha tenido un rol relevante en la justicia de Moreno y General Rodríguez. Fue el abogado que tramitó el juicio abreviado donde el ex consejero escolar y tesorero de ese organismo (durante la gestión de Walter Festa al frente del municipio) Jorge “Pol” Almada fue condenado a dos años de prisión en suspenso por los delitos “Defraudación Pública en Concurso Ideal con Malversación de Caudales Públicos”. Fue en el marco de una investigación por el pago de facturas apócrifas en el Servicio Alimentario Escolar. La pena ya fue cumplida. Almada hoy forma parte de la estructura de La Libertad Avanza en Moreno, que coordina Ramón “Nene” Vera. Y Porta sigue asesorando.
Los vericuetos judiciales a veces se cruzan con los tiempos políticos. Sirve de ejemplo la confirmación de la condena contra la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia a días del cierre de las alianzas y de la presentación de candidatos para las elecciones de medio término. ¿Qué pasará con esta denuncia?