Demolieron parte de la Comisaría N°2 de Libertad, un ex centro clandestino de detención

El edificio ubicado en la calle Eva Perón 1221 de Merlo, fue señalado en 1984 como Centro Clandestino de Detención por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). La demolición a cargo del municipio local comenzó el pasado 18 de abril, violando leyes nacionales y provinciales que ordenan preservar este tipo de lugares como espacios de memoria, obviando además la decisión del juez federal Daniel Rafecas que ordenó no destruir el lugar.
Patricia Álvez, concejal de Merlo por Nuevo Encuentro hablo al respecto de lo sucedido en la localidad del conurbano bonaerense: “Nos enteramos de manera casual lo que estaba sucediendo con la comisaría de Libertad, mediante una compañera que paso por el frente de la comisaría y vio que había maquinas que estaban por demoler el edificio”. Dicha dependencia policial está siendo investigada por el juez Rafecas quién lleva adelante la causa de la sub-zona 16 en donde se encuentra la Comisaría de Libertad entre otros centros clandestinos.
“Inmediatamente al enterarnos empezamos a comunicarnos entre los compañeros del bloque para parar la situación, empezamos con los llamados a diferentes organismos de Derechos Humanos, intentamos explicar que había una orden judicial que impedía que el lugar se toque, pero los municipales respondían que obedecían al intendente”, agregó.
Luego de no recibir respuesta por parte de los trabajadores municipales, el bloque logró comunicarse con la secretaria del juez Rafecas, quién dio aviso a la Policía Federal para que pare la demolición. La fuerza de seguridad tardó en llegar al lugar, y el proceso para dar un freno al derrumbe del edificio se dilató media hora, recién con la llegada de la policía se detuvieron los trabajos, pero dos tercios del edificio ya estaban demolidos.
Horacio “Lula” Cepeda, concejal de Merlo por Libres del Sur expresó que se ve toda una red de complicidad, porque nadie se apuro para parar el derribamiento, de hecho todos tenían la consigna de tratar de hacer tiempo para que se pueda tirar, obviamente entre los cómplices estaba la policía.
“La policía bonaerense, en realidad de bonaerense tiene poco, efectivamente en los territorios responde a lo que les manden los intendentes, incluso alguno te dice como disculpándose, que en realidad el no puede hacer nada, es así te ordenan y no tenes otra posibilidad”, declaró.
Cepeda explicó que desde el municipio se trató de deslindar responsabilidades, señalando que se trató de una respuesta a los vecinos que solicitaban su demolición (efectivamente el pedido existía) porque ese edificio estaba abandonado, y era un lugar de inseguridad. Para “Lula” “está bien el pedido pero es resoluble desde cualquier lugar si se hubiera tenido la intención, y estaba claro que ellos estaban a contra reloj, tratando de que no les llegara ninguna comunicación para poder terminar con la demolición”.
“La verdad una situación de impotencia, y esto de no poder entender como ya ni siquiera intentan cubrirse o taparse en esto de somos los mismos, somos kirchneristas, ni si quiera ya, porque antes se podían disfrazar en el discurso, pero acá ya ni en el discurso se pueden cubrir, hubo declaraciones del Secretario General del municipio, el cual dijo que era una causa muy antigua de la democracia, de laque no tenían noticia”, agregó la concejal Álvez.
Para el edil de Libres del Sur si no hubiera sido demolido el edificio tendría que haberse convertido en un lugar de la memoria: “Acá no existe un lugar para la memoria, un reconocimiento de que en Merlo hubo represión como en otros lugares del país. En Merlo no hay ningún lugar reconocido, incluso placas. Ahora porque es política del Estado nacional y se supone que él es un aliado -en referencia al intendente Raúl Othacehé- , recuerdan el 24 de marzo, lo empezaron a recordar hace un par de años, desde que se bajó más línea desde Nación hacia eso”.
A su vez, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM), denunciará al intendente de Merlo, Raúl Othacehé, por haber demolido un lugar donde funcionó un centro clandestino de torturas de la dictadura. Sandra Raggio, directora de Promoción y Transmisión de la Memoria de la CPM en comunicación con el informativo FARCO declaró: “es algo muy grave lo que hace el intendente de Merlo, por eso vamos a interpelar a la justicia para que pueda sancionar lo sucedido”.