Una banda dedicada al narcomenudeo, liderada por una mujer beneficiada con arresto domiciliario debido a que era persona con riesgo de contraer coronavirus en la cárcel, fue desbaratada tras un allanamiento realizado en una vivienda del partido bonaerense de Hurlingham, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.
Los detenidos por integrar la banda, en total cinco, habían montado a metros de la casa una garita de vigilancia, desde donde monitoreaban los movimientos de la policía y que también empleaban como búnker para comercializar drogas.
Los voceros precisaron que la señalada jefa de la banda es Andrea Fabiana Vallejos Ruíz (47), alias «La gorda Andrea», quien tiene antecedentes penales por robos y venta de droga, aunque se encontraba con prisión domiciliaria desde el 28 de mayo último, cuando el juzgado de Garantías 3 de San Martín le otorgó ese beneficio por tratarse de una persona de riesgo ante la pandemia de coronavirus.
Es que, según los voceros judiciales, Vallejos Ruiz padece «asma bronquial, hipertensión, obesidad y diabetes».
La mujer organizaba desde su vivienda la venta de drogas al menudeo a través de «soldados» que operaban en las zonas de San Miguel y Hurlingham, añadieron los voceros.
Además, la banda contaba con una garita de seguridad desde donde monitoreaba los movimientos policiales y vendía drogas que fue desmantelada por una cuadrilla municipal ni bien fue descubierta.
La acusada, sus dos hijos, su ex pareja y un allegado que siempre permanecía apostado en la garita fueron detenidos por efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas de San Miguel con la colaboración de la Dirección Apoyo Judicial y Policial del Municipio en un procedimiento realizado en Cuzco 1.970, de Hurligham.
Los investigadores secuestraron prendas de vestir con logos de una empresa de seguridad fantasma, drogas listas para la venta, dos armas de fuego, varios teléfonos celulares, agendas de contactos para las entregas, dos balanzas y dinero.
Los detenidos quedaron alojados en la sede de la Sub DDI de San Miguel, a disposición de la justicia de San Martín, acusados de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de arma y encubrimiento».
Con información de Télam