Más de tres años después de la impactante mega usurpación que se produjo en las inmediaciones del CIC La Bibiana la justicia detuvo a un sujeto acusado de ser el organizador, impulsor y extorsionador detrás de esta gran maniobra. Se trata de un sujeto identificado como Martín Cáceres, de 39 años. Aún se desconoce si tiene vinculación con algún sector político partidario.
El miércoles 6 de noviembre del 2019 un numeroso grupo de personas irrumpió en el predio lindante al CIC La Bibiana. La gran franja de tierra pertenece a la comuna de Moreno y está ubicada en la esquina de Ruta 23 y O´brien; hoy allí se erige la feria municipal, consecuencia del desalojo de la Feria de Las Flores, que funcionaba de manera irregular. Dos días después la usurpación alcanzó a las tierras ubicadas enfrente. En este caso la propietaria es una sociedad anónima llamada Bell Agro, cuya cara visible es el terrateniente Jorge Bellsolá Ferrer. A machetazo limpio sacaron la maleza e inmediatamente realizaron la demarcación de las parcelas. Luego llegó la especulación “inmobiliaria”. Las precarias viviendas comenzaron a armarse ante la inacción política. El escenario era desolador, lleno de carencias y de necesidades.
En este punto cabe recordar que el distrito estaba en una cuasi anarquía. Walter Festa había perdido en agosto las internas del Frente de Todos ante la lista encabezada por Mariel Fernández. En octubre Mariel Fernández se convirtió en intendenta electa con casi el 60% de los votos. Recién asumiría el 10 de diciembre. Pero mientras tanto, la administración municipal estaba casi paralizada. Ante esta toma, solo hubo algunas reacciones espasmódicas. Se impulsó una denuncia judicial, pero las negociaciones con los ocupantes comenzaron fuertemente con la llegada de la nueva gestión.
Durante el mes de enero y febrero del 2020 los flamantes funcionarios municipales lograron desocupar la tierra municipal a través de acuerdos con los habitantes. El proceso con el predio privado fue más lento y la llegada de las restricciones por la pandemia paralizó los diálogos. Mientras tanto, algunos de los ocupantes comenzaron a vivir un infierno. Varios de los sucesos los registraron los medios de comunicación.
Ventas de drogas, robos y “aguantaderos” de delincuentes comenzaron a ser descriptos por las familias que allí vivían. Muchos de ellos llegaron posteriormente a la toma, luego de pagar al menos 30.000 pesos (con un dólar a 110 pesos en promedio) a un sujeto cuyo nombre se repetía con frecuencia, aunque trataba de mantenerse en la sombra: Martín Cáceres, en aquel momento de 36 años. Era señalado como el “poronga” del lugar. Las denuncias apuntaban a que decidía quién se quedaba y quién era expulsado. Amenazaba (y habría concretado en al menos una oportunidad) con incendiar las casillas si no abonaban una suerte de protección semanal. El canon por pertenecer.
Antes de cumplirse el primer aniversario de la toma, la mayoría de los habitantes fueron relocalizados en el barrio El Manantial de Moreno Sur. Allí el IDUAR (Instituto del Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de la municipalidad de Moreno) otorgó tierras contra compromiso de pago. Aún falta mucho para urbanizar la zona. Pero increíblemente Martín Cáceres se habría hecho presente allí, acompañado por otros sujetos, para seguir extorsionando a estas familias.
Gran parte de lo relatado (salvo las consideraciones políticas) figura en el expediente judicial que instruyó el Dr. Emiliano Buscalia, titular de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Con el aval de la Dra. Celina Ardohain, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 3, Buscalia solicitó la detención de Cáceres. Esta parte del proceso fue firmado el 30 de octubre del 2020.
Durante más de dos años y medio no hubo novedades, pese a que se sospechaba que Cáceres seguía en la zona. Es más, tenía un domicilio declarado en el barrio Parque Paso del Rey. La Fiscalía General creó tiempo atrás la oficina de Registro Único Capturas y nombró al frente de la misma al Dr. Walter Velázquez. Ante nuevos datos, Velázquez solicitó la participación del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina. Esta división finalmente capturó a Martín Cáceres el miércoles 12 de abril pasadas las 13 horas en las inmediaciones de la vivienda que tenía registrada.
Ya en sede judicial Cáceres se negó a declarar. Está imputado por los delitos de “usurpación en concurso real con daño, amenazas coactivas agravadas y extorsión”. La duda que queda flotando en el ambiente: ¿Martín Cáceres respondía a alguna estructura política partidaria o era simplemente inorgánico y autónomo?. La respuesta aún no fue develada. ¿Se conocerá cuando avance el proceso? A la expectativa estaremos.