Por pedido de los fiscales, el jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, ordenó la baja de 34 militares que tenían condenas firmes por delitos de lesa humanidad. La medida implica la pérdida del estado militar, con efecto inmediato sobre retiros, pensiones y cobertura de la obra social.
Entre los afectados se encuentra el teniente coronel retirado Juan Daniel Amelong, quien acumula siete sentencias en su contra, y 33 suboficiales.
La decisión fue tomada en respuesta a un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que detectó 78 casos de miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad con sentencias firmes que no habían sido desafectados, como lo establece la ley vigente.
La baja de militares condenados por delitos de lesa humanidad asegura que dejen de percibir beneficios que hasta ahora se mantenían pese a las condenas.
Cabe recordar que a comienzos de 2025, el entonces ministro de Defensa Luis Petri ordenó la baja de 23 militares con sentencia firme. En ese momento, el jefe del Ejército era el teniente general Carlos Alberto Presti, actual ministro y sucesor de Petri.
La decisión se conoció en la misma semana en que se cumplieron 50 años del golpe de Estado de 1976, marcando un nuevo avance en la aplicación de la ley sobre la responsabilidad de miembros de las Fuerzas Armadas en crímenes de lesa humanidad.