La Dra. Mariela Labozzetta, titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, solicitó al juez federal Jorge Rodríguez, del mismo departamento judicial, la imputación por lavado de activos contra el ex intendente de Moreno Walter Festa y su esposa, ex diputada nacional y participante de la edición 2022 de Gran Hermano, Romina Uhrig. Es a raíz de una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y que tiene vinculación con un expediente que se tramita en la justicia bonaerense por enriquecimiento ilícito, con los mismos sospechosos. Además Festa enfrenta otro proceso en Mercedes por “Defraudación a la administración pública, falsificación de instrumento público e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.
Queda claro que el sistema judicial tiene dos marchas. Un transitar “normal” cuando los sujetos investigados son miembros de la plebe y otra, muchísima más lenta, cuando los apuntados entran en la categoría de “ricos y poderosos”. A principios de febrero del 2020 el ex intendente Walter Festa (había perdido las internas de agosto anterior y finalizado su mandato el 10 de diciembre anterior) y la entonces diputada nacional (y esposa de Festa) Romina Uhrig fueron denunciados por el delito de enriquecimiento ilícito. Todavía esa causa sigue en la justicia provincial. Cierto que en medio del proceso se declaró la pandemia de coronavirus ¿Qué pasa con ese expediente? Están trabajando los peritos, principalmente de la especialización contable, dependientes de la Suprema Corte de Justicia. Están en La Plata, porque Moreno – General Rodríguez no tiene en funcionamiento la Asesoría Pericial. Mientras tanto el Dr. Leandro Ventricelli, titular de la UFI Nº 1 a cargo de la denuncia, tiene que esperar con los brazos cruzados. No puede avanzar en la pesquisa sin esos dictámenes. Aún no hay imputados, son sospechosos.
Como consecuencia directa de esta investigación, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a cargo del Dr. Diego Velasco realizó una denuncia por lavado de activos ante la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 del Departamento Judicial de Morón, en cabeza de la Dra. Mariela Labozzetta. Nuevamente el sistema judicial en la picota. Moreno tiene Juzgado, Fiscalía y Defensoría Federal, solo que los legisladores cuando sancionaron la ley 26.528 (del 21 de octubre del 2009) obviaron designar la cámara de apelaciones en materia penal y la secretaría criminal no se puso en funcionamiento. Por ejemplo delitos federales son el narcotráfico a gran escala, los secuestros extorsivos y Crimen Organizado. Y claro, también el lavado de activos. El enriquecimiento ilícito recae en la justicia provincial. ¿Se entiende el entramado?
Todos los delitos federales que se tienen que investigar en el departamento judicial de Moreno y General Rodríguez recaen en Morón. Más allá de esta cuestión, el Dr. Leonardo Filippini, fiscal federal de Moreno, realizó la primera presentación ante la PROCELAC. Dio el puntapié inicial pero no puede jugar el partido. Filippini tiene competencia civil y comercial, contencioso administrativo y en ejecuciones fiscales. No en lo penal. Por eso ese paso procesal. PS: El cargo de juez federal de Moreno está vacante. Quien asumió en septiembre del 2018 fue Federico Villena. Ya estaba subrogado en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Hicieron el acto protocolar y no volvió a Moreno.
La Dra. Labozzetta presentó un requerimiento de instrucción ante el juez federal de Morón Nº 2 Jorge Rodríguez. Este magistrado es conocido, además de su incuestionable poder, como un amable anfitrión de grandes comilonas en su quinta de Parque Leloir del partido de Ituzaingó donde concurren invitados de todos los ámbitos: destacados dirigentes políticos, funcionarios judiciales de alto rango, abogados con recorrido en la profesión, entre otros. JR, como se lo conoce al juez en los pasillos de tribunales, tiene muñeca. Esto se lo reconocen quienes lo aprecian y también quienes lo cuestionan. Rodríguez tiene que decidir cómo avanza la investigación. Por lo pronto una fuente aseguró que el expediente por enriquecimiento ilícito fue remitido en calidad de préstamo desde la UFI Nº 1 a las oficinas judiciales moronenses.
Labozzetta solicitó 26 medidas probatorias. Pide la imputación de Walter Festa, de Romina Uhrig, de Verónica “Chili” Vendrell y una cuarta persona que solo menciona en el encabezado, no ampliando su participación. “Chili” Vendrell fue concejal por Unidad Ciudadana (así se llamaba en el 2017 el Frente de Todos, ex Frente para la Victoria, hoy Unión por la Patria) hasta el 2021. Pero más allá de esto, es (era) la mano derecha de Festa, ocupando distintos cargos en el ejecutivo durante la gestión municipal que este encabezó hasta el 2019. El 10 de diciembre de ese año, al concluir Festa el mandado, asumió como legisladora comunal. Antes había trabajado en ANSES, con Festa como jefe.
El requerimiento de Labozzetta tiene algunos puntos destacables. Para pedir la imputación de los cuatro nombrados escribió que estas personas “habrían puesto en circulación fondos de procedencia ilícita –cuanto menos desde el año 2018 a la fecha-, mediante la adquisición, edificación, administración y transferencia de inmuebles ubicados en distintas localidades de las provincias de Buenos Aires y Salta, como así también a través de la adquisición de diversos vehículos automotores. Tales sucesos habrían sido perpetrados con la intervención de posibles testaferros y sociedades comerciales que no contaban con un perfil económico aparente que posibilite su racional justificación”. Un textual de la requisitoria, aseguró un confidente.
Los ejes de la acusación serían cinco:
La adquisición, edificación y transferencia del inmueble emplazado en el barrio privado “Villa Robles”, del partido de la Costa. Se trataría de dos lotes edificados con un valor de 490.000 dólares y que estarían a nombre de Festa y de Vendrell. Cabe recordar en este punto que Festa y Uhrig están legalmente casados.
Adquisición de lotes en el barrio “Terravista” de General Rodríguez. Festa y Uhrig habrían pagado 200.000 dólares. La mitad en efectivo y la mitad en cuotas.
Adquisición de lotes ubicados en la ciudad de Cafayate, provincia de Salta. La operatoria habría contado con la participación de Vendrell, según la denuncia, y serían tres terrenos linderos por los que se habrían pagado 150.000 dólares.
Adquisición de vehículos mediante la utilización de empresas. Principalmente consignan una denominada como “Arroyo del Centro S.R.L.” integrada por Festa y Uhrig. Hay otra llamada “Arroyo del Oeste S.R.L.” pero no se especifica rol. La primera se habría utilizado por la pareja para la compra de una decena de autos y habrían celebrado un contrato con una franquicia para rentar esos vehículos en la provincia de Córdoba. El destino de esos automóviles estaría bajo la administración de Festa, Uhrig y familiares. Estarían en Buenos Aires.
Adquisición de vehículos a título personal. Apuntan contra cuatro: Un auto Kia modelo Carnival, un Audi A5, una Toyota Hilux y un Peugeot 3008.
Para sostener la hipótesis, la Dra. Labozzetta habría aseverado que “es menester señalar una vez más que Festa, Uhrig y Vendrell se desempeñaron como funcionarios nacionales, provinciales y/o municipales durante varios años y con cargos vinculados a las funciones de manejo de fondos, compras y contrataciones”. En ese sentido afirma que Festa no está inscripto en AFIP como monotributista ni autónomo y “que no registra impuestos activos a la fecha”. Por el lado de Uhrig era empleada del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires al momento de ingresar a la casa más famosa del país, al reality “Gran Hermano” que se emite por Telefé. Ahora figuraría anotada en AFIP en un rubro vinculado a la producción de espectáculos.
Marca además la fiscal federal la incompatibilidad de los perfiles patrimoniales de los investigados con las inversiones realizadas. Apunta hacia el manejo inusual de efectivo, en la operación de la compra en el country “Terravista”. Y en la utilización de sociedades pantalla o fachada para canalizar fondos de procedencia ilícita como un accionar habitual en el lavado de activos.
A grandes rasgos, este sería el escrito presentado ante el juez Rodríguez. El magistrado habilitó 3 de las 26 medidas solicitadas. La ya mencionada remisión del expediente por enriquecimiento ilícito desde la justica provincial, un pedido de copia al Tribunal de Cuentas bonaerense de la rendición de cuentas del municipio de Moreno del año 2019 y un requerimiento a la Oficina Anticorrupción de la Nación para que informe si hay denuncias o investigaciones en marcha contra las cuatro personas denunciadas por Labozzetta. Los abogados de Festa ya fueron notificados. Este medio tomó contacto con el ex jefe comunal a través de Whatsapp para conocer su opinión, pero declinó la posibilidad de realizar declaraciones periodísticas.
La tercera causa que tiene como protagonista a Festa se encuentra tramitándose en el Tribunal Oral Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes. Tiene como carátula “Defraudación a la administración pública, falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además de Festa, que en este caso sí está imputado, son cinco los acusados. Ningún nombre de trascendencia mediática. Básicamente se trata de una operatoria donde un sujeto cobraba sueldos de empleados municipales que no trabajaban. Eran “ñoquis”. En realidad, “prestanombres”. Una acción parecida a la que se investiga en La Plata y que tiene como principal protagonista a Julio “Chocolate” Rigau. El ex jefe comunal habría firmado los decretos de nombramiento de esos supuestos “ñoquis”. Eso se tiene que dirimir en Mercedes. Están en la etapa de ofrecimiento de pruebas, paso previo a la concreción del Juicio Oral y Público, que aún no tiene fecha.
Los expedientes por enriquecimiento ilícito y lavado de activos están íntimamente vinculados. Para introducir dinero en el circuito legal tiene que haber ingresado en el patrimonio de manera irregular. Más allá de este razonamiento, pueden tener caminos distintos. Las sospechas están planteadas. Muchos morenenses recuerdan que en enero del 2018 Festa envió un saludo por el nuevo año a los vecinos del distrito desde una playa paradisíaca de México. Estaba junto a su familia. No pidió licencia como intendente e incumplió con la ley orgánica de las municipalidades. La comuna estaba en emergencia económica. Y más de un empleado del Estado local, quienes cobraban el sueldo en cuotas, miró en el celular la emotiva salutación y se preguntó “¿éste con qué guita se fue?”. Es el mismo interrogante que plantea la justicia, ahora en otros ámbitos. ¿Festa lo podrá explicar?