Estas instancias tendrán por objeto intercambiar criterios de política criminal y compartir información clave sobre causas en curso referidas a delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.
El narcotráfico constituye un delito de alta complejidad, con características transnacionales y efectos devastadores sobre la sociedad. Su abordaje exige coordinación interjurisdiccional, inteligencia criminal y trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, destacan los fundamentos de la norma.
La medida se fundamenta en un marco normativo amplio que incluye las leyes N° 22.520 (de Ministerios), N° 24.059 (de Seguridad Interior), N° 23.737 (de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes) y sus modificatorias, además de la Ley N° 27.502, que incorporó el artículo 34 ter. Esta norma establece expresamente la creación de mesas integradas por jueces, fiscales nacionales, provinciales y de la CABA, en aquellas jurisdicciones que hayan adherido a la competencia en materia de estupefacientes.
La resolución responde a una necesidad concreta de mejorar la coordinación y la asignación de recursos en las investigaciones judiciales vinculadas al narcotráfico, así como de consolidar criterios comunes de intervención penal frente a un fenómeno que muta, se expande y penetra diversos niveles del entramado social.
El texto de la resolución subraya también que el narcoterrorismo representa una amenaza directa a la seguridad nacional y al orden público, por lo que se requiere una respuesta urgente y contundente de todos los órganos del Estado involucrados.
Las mesas estarán coordinadas por la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, y podrán contar con la participación de fuerzas federales, fuerzas provinciales y otras áreas del Ministerio.
Además, se conformará una Comisión Técnica de Investigación de Narcotráfico, integrada por la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Secretaría de Seguridad Nacional y la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, que colaborará como auxiliar de la justicia para el cumplimiento de las medidas dispuestas por los magistrados y fiscales.
El contenido de los intercambios será secreto y confidencial, pero podrá dar lugar a la producción de protocolos y documentos de trabajo compartidos para robustecer la estrategia federal.
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