Escándalo en Moreno: Cuatro Policías aprehendidos por una brutal detención

Cuatro policías del Comando de Prevención Comunitaria fueron aprehendidos por orden de la justicia. Dos de ellos, los más comprometidos en la investigación, están acusados de vejámenes agravadas por violencia y por el uso de arma de fuego en concurso ideal con lesiones leves, incumplimiento de los deberes de funcionario público, ocultamiento de pruebas y falsificación de instrumento público. Sigue la pesquisa, porque, además, se habría intentado una extorsión. En la causa estaría mencionado otro oficial contra el cual no se habría emitido –aún- una orden de detención.
Conmoción en el Comando de Prevención Comunitaria (CPC). Cuatro oficiales de Policía –de distintas jerarquías- fueron aprehendidos por orden de la justicia acusados de protagonizar una violenta detención. Este accionar de los uniformados no tendría justificación alguna. La denuncia contra estos funcionarios públicos la realizó la víctima de esta brutalidad policial. La carga probatoria permitió que el Dr. Gabriel Lorenzo –titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez- solicitará la aprehensión de estos oficiales al Juzgado de Garantías N° 3 a cargo de la Dra. Celina Ardohain. La autorización por parte de la magistrada permitió que fuesen arrestados y aún continúan encarcelados.
Los hechos están explicitados en la denuncia y tienen una fuerza probatoria que van más allá de testimonios: las lesiones físicas fueron constatadas y dejaron cicatrices.
El miércoles 27 de enero dos sujetos interceptaron un patrullero del CPC en el barrio Aberásturi. Les dijeron a los policías que un individuo le había pedido dos mil pesos para entregarles un televisor. Este sujeto, supuestamente, había tomado el dinero y se había dado a la fuga, dejando a los “compradores” sin nada.
El móvil siguió las indicaciones de los “estafados” y logró dar con el individuo, que ingresaba en una casa. Por estar aún instruyéndose la causa judicial, no brindaremos su identidad. Los uniformados lo identificaron y comenzaron a golpearlo. Lo más grave llegó casi inmediatamente. Uno de los Policías le disparó con la escopeta reglamentaria, varias veces y a cortísima distancia, en las piernas. La posta era de goma, el dolor es casi el mismo que el plomo. Llega otro móvil al lugar. En esos momentos, el sujeto logra zafarse e ingresa en la casa –que resultó ser su casa-. Los uniformados ingresan, le vuelven a disparar, lo golpean y lo sacan nuevamente a la vereda. Lo tiran en un zanjón. Lo levantan, lo esposan y lo llevan a la Comisaría 8° de Moreno (Catonas). Describir las lesiones sería largo: el aprehendido estaba muy golpeado, con heridas en las piernas por los perdigones de goma y con un ojo comprometido.
En la seccional continúo el suplicio. El acta de procedimiento habría sido falseada. Nunca se habría comprobado ningún delito por parte del aprehendido. No habría quedado reflejado la real secuencia del arresto. Se trataría de una venganza por parte de los “compradores” ya que, según nuestras fuentes, el acusado en realidad sería un pequeño prestamista y los “estafados”, deudores morosos.
Pero hay un fuerte trascendido que aún no habría sido comprobado en la justicia. Nuestros confidentes señalan que en la seccional se le habría pedido a la esposa del aprehendido una fuerte suma de dinero para lograr su liberación. De confirmarse esta supuesta extorsión, el escándalo sería mayúsculo. Y se podría producir al menos una detención más.
Ante la denuncia de esta increíble historia, el Dr. Gabriel Lorenzo –a cargo de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez- solicitó al Juzgado de Garantías N° 3 del mismo departamento judicial la detención de los cuatro policías que participaron del operativo. El teniente Walter Cardozo y el oficial Carlos Lara fueron acusados de “Imposición de vejaciones agravadas por violencia y por el uso de arma de fuego en concurso ideal con lesiones leves, incumplimiento de los deberes de funcionario público, ocultamiento de pruebas y falsificación de instrumento público”. El oficial subinspector Sixto Prieto y la sargento Luisa Martínez están sindicados en los delitos de “Incumplimiento a los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público”. La Dra. Celina Ardohain autorizó el pedido y los cuatro policías fueron aprehendidos en la misma sede del Comando de Prevención Comunitaria.
Hasta el momento continúan tras las rejas. Se está tramitando en sede judicial un pedido de excarcelación presentado por los abogados defensores de los uniformados. Aún no fue otorgada, pero no se descarta que en los próximos días recuperen la libertad. Las penas por estos delitos tienen un máximo de 8 años y 6 meses y un mínimo de 3 años. Trascendió que todos estos efectivos habrían sido desafectados de la fuerza policial, mientras la investigación de asuntos internos continúa.