El viernes 13 de octubre, la Policía Bonaerense llevó adelante dos allanamientos en distintos puntos de Moreno en el marco de una investigación realizada por la UFI Nº 7 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Fueron demoradas dos mujeres acusadas de “instigación para cometer delitos” por publicar en las redes sociales convocatorias para realizar saqueos.
La investigación comenzó el martes 22 de agosto a raíz de una denuncia de personal de la municipalidad de Moreno, donde daban cuenta de convocatorias a realizar saqueos (en rigor, robos agravados por ser cometidos en banda en grado de tentativa). Para ese fin se habían realizado publicaciones en Facebook en dos grupos: “Gente que vive o vivió en Catonas” y “Vecinos de Atalaya – La Reja – Moreno”. En el primer posteo se identificaba lugar de reunión a las 16 horas en el supermercado ubicado sobre Ruta 23, frente al ingreso al complejo habitacional. El segundo no consignaba horario ni lugar.
Con esos datos, la Fiscalía General de Moreno y General Rodríguez derivó el expediente a la UFI Nº 7 a cargo del Dr. Jonatan Lay –coordinada por el ayudante fiscal Maximiliano Gómez- quien designó al funcionario judicial Luis Marchese, a cargo de la Oficina de Tecnología y Gestión, para ponerse al frente de la pesquisa. Hubo requerimientos a empresas de provisión de internet y a la red social “Facebook”. Con el IP (protocolo de internet) determinado pudieron identificar a las usuarias.
El viernes 13 de octubre se solicitaron dos órdenes de allanamientos al Juzgado de Garantías Nº 2 a cargo del Dr. Gabriel Castro, quien autorizó las medidas. Los operativos se realizaron en Catonas y en el barrio Casasco de Moreno Sur.
Personal policial dependiente de la Estación de Policía de Moreno aprehendieron a las dos mujeres investigadas (mayores de edad ambas) y secuestró teléfonos celulares, principalmente. Las apresadas fueron trasladadas a la sede de la fiscalía, donde con asistencia de la Defensoría oficial, se negaron a declarar. Fueron informadas de la imputación judicial y posteriormente recuperaron la libertad. La causa tiene como carátula “instigación para cometer delitos”, que prevé una pena de 2 a 6 años de prisión. Peritos tecnológicos trabajan sobre los celulares para recuperar datos borrados para acreditar si participaron de una organización más amplia. No descartan aún alguna vinculación política con el objetivo de generar conmoción social.