María Paula Hertrig, quien fue víctima de un plan para asesinarla organizado desde unidades penitenciarias, busca que se aborde la problemática del uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
La fiscal a cargo de la UFI de Boulogne, María Paula Hertrig, comenzó a trabajar para promover una discusión sobre el uso de celulares dentro de las cárceles bonaerenses, luego de que se conociera un plan criminal organizado por presos que pretendían asesinarla.
La funcionaria fue víctima de una amenaza después de impulsar una investigación contra una banda acusada de duplicar llaves de vehículos que permanecían en una cochera para luego ingresar a las viviendas de sus propietarios y cometer entraderas.
Tras las detenciones, los integrantes de la organización fueron trasladados a distintas unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Desde el interior de las cárceles, pese a la distancia, habrían organizado una venganza contra la fiscal.
El plan incluía el asesinato de Hertrig y de integrantes de su familia.
Para organizarlo, los presos utilizaban WhatsApp y contaban con información sobre los movimientos de la fiscal, además de fotografías de ella, su pareja y sus familiares.
La investigación permitió detectar las comunicaciones mediante la interceptación de llamadas y mensajes.
A partir de la evidencia reunida, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, ordenó el allanamiento de las celdas de los dos imputados.
Durante los procedimientos fueron secuestrados tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.
En medio de la investigación, Hertrig decidió hacer pública su preocupación por el uso de celulares dentro de las cárceles y buscar la participación de distintos sectores para abordar la problemática.
“Quiero de verdad que de algún modo se toque el tema de los celulares, que es suma gravedad”, expresó la fiscal, quien actualmente cuenta con custodia.
Según un informe, entre 43.000 y 60.000 líneas y dispositivos celulares se encuentran activos en manos de personas detenidas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Esta situación permite que organizaciones criminales continúen ejerciendo actividades y manteniendo vínculos desde el interior de las unidades penitenciarias.
Hertrig señaló que continúa trabajando con normalidad y que, además de su labor habitual, busca generar acciones para abordar el uso de teléfonos celulares en las cárceles.
La fiscal lleva 11 años en esa función y 30 años dentro del Poder Judicial. Según manifestó, es la primera vez que decide hablar públicamente sobre una problemática vinculada con su trabajo.