Con el objetivo de frenar la coordinación de ilícitos desde el interior de los penales, el diputado provincial Oscar Liberman impulsó una iniciativa que prohíbe la tenencia y uso de teléfonos celulares en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
El legislador fundamentó la medida señalando que las instituciones actuales han perdido su carácter preventivo, funcionando en la práctica como centros de operaciones delictivas.
Seguridad pública y mandato constitucionalEl proyecto se apoya en el Artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser para seguridad y no para castigo.
Según Liberman, este mandato obliga al Estado a garantizar que el encierro cumpla su fin y no se transforme en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo.“La normativa busca adecuar el régimen de comunicaciones a las exigencias actuales de seguridad pública y protección de las víctimas”, detalló el diputado.
Para la redacción de la norma, el legislador contó con el asesoramiento de especialistas en derecho, equipos técnicos de la jueza Arroyo Salgado, del juez Carlos Pagliere (h) (Cámara Penal de Azul) y exfuncionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Plazos y mecanismo de implementación
De ser aprobada la ley, el proceso de desarme tecnológico en los penales seguirá un cronograma estricto:
Notificación: El SPB tendrá 10 días hábiles para informar a la población carcelaria.
Entrega voluntaria: Los internos dispondrán de un plazo de 24 horas para entregar sus dispositivos (declarados o no) sin recibir sanciones, a fin de realizar un inventario.
Requisa general: Una vez vencido el plazo de gracia, se procederá al secuestro de los equipos mediante inspecciones en celdas y espacios comunes, aplicando las sanciones correspondientes a los infractores.
Hacia una reforma del sistema penitenciario
El autor de la norma fue tajante al describir la situación actual de los establecimientos, aludiendo a que la falta de control ha convertido a las celdas en espacios que «parecen productoras audiovisuales o call centers del delito».
Con esta ley, se pretende restablecer parámetros de control compatibles con la normativa legal vigente y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de detención en la provincia.