La justicia desarticuló una banda narco que tenía a ciudadanos paraguayos secuestrados, a quiénes obligaban a vender drogas. En los nueve allanamientos, realizados en Cuartel V y José C. Paz, la Policía secuestró cocaína, marihuana y paco. Estos criminales estarían vinculados a dos homicidios por ajustes de cuentas.
A raíz de una investigación realizada por la UFI Nº 12, personal de la delegación Moreno de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, detuvo a nueve sujetos vinculados a una banda narco con ramificaciones en distintas zonas de Cuartel V y José C. Paz. Los agentes de la ley incautaron casi 5 kilos de marihuana, unos 100 gramos de cocaína y 50 gramos de Paco. Entre los apresados está el lugarteniente del jefe de la organización criminal, un forajido apodado “El Sicario”.
La perversa particularidad de esta banda radicaba traía desde Paraguay a jóvenes para supuestos trabajos de albañilería a gran escala. El alto salario era tentador. Al llegar a la región, eran secuestrados y obligados a vender drogas. Eran torturados con golpes, privación de sueño y hambruna, y custodiados por individuos armados. Algunas de estas víctimas fueron aprehendidas por las fuerzas de seguridad. Están próximos a ser liberadas y repatriadas. No es el final, sino un hito de una historia delictiva con nulos antecedentes en el distrito.
El principio fue un asesinato
Nada es lineal, ya que la complejidad del entramado narco hace difícil saber cuál es el principio. Y el principio fue el verbo matar. De manera arbitraria, lo podríamos ubicar en el homicidio de César Olguín, ocurrido en julio del año pasado. A raíz de este suceso, la justicia comenzó con una investigación que tuvo, hasta el momento, resultados sorprendentes. Con este asesinato, salieron a la luz los primeros indicios de la organización.
El martes 2 de julio del año pasado, en la esquina del pasaje Cabral y Frey Luis de León del barrio San Francisco, delincuentes balearon a César Olguín de 24 años. Olguín era integrante de una banda dedicada a la venta de drogas. Presumiblemente, se habría apropiado de dinero que debía rendir. Eric González y Juan Caballero lo habrían ejecutado en represalia. Olguín recibió un plomo en el abdomen. Murió días después en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. González y Caballero fueron detenidos.
La pesquisa, dirigida por la UFI Nº 4 bajo la tutela del Dr. Federico Soñora, con la instrucción del auxiliar letrado Francisco Lafalcé y la asistencia de la UFI Nº 12, determinó que uno de los puntos de venta de esta gavilla era una vivienda ubicada en las inmediaciones de la escena del crimen. El allanamiento se realizó en la mañana del sábado 6 de julio del 2024.
Pese a que el búnker contaba con un sistema de videovigilancia sofisticado, la sorpresa fue absoluta. No había guardianes, “soldaditos”, apostados en las cercanías. Por eso la maniobra no fue advertida. Se secuestraron 339 dosis de cocaína, marihuana, elementos de corte para estirar la droga y teléfonos celulares. Hubo cinco detenidos, entre ellos una mujer.
Pelea territorial y otro homicidio
El control de la venta de drogas en el territorio está marcado por continuas disputas. Algunas más virulentas que otras. Esta banda aterrorizaba a la zona con la continua presencia de sujetos armados, que realizaban una suerte de patrullaje con distintos vehículos en las calles aledañas a los puntos de venta. Y ante el menos atisbo de malestar por parte de algún vecino, la solución no era pacífica. Siempre se olía la pólvora quemada.
El testimonio de una de estas víctimas es esclarecedor. Esta persona, cuyo anonimato es necesario porque prima el temor, relató que uno de los responsables del emprendimiento delictivo le tomó inquina. Varias veces balearon el frente de la casa. En un momento en que estaba con varias personas arreglando un vehículo en la calle, pasó en moto y los tiroteó. Una de las balas rozó a uno de sus hijos. Levantaron una docena de casquillos. Contó también, que con una modalidad similar obligó a una familia a abandonar su domicilio. La casa fue usurpada y se convirtió en otro punto de comercialización.
La expansión de un “negocio” tan lucrativo era inevitable que traspasara límites tácitamente acordados e invadiera zonas regentadas por otras gavillas. Como consecuencia, se producen los ajustes de cuentas. El homicidio de Leandro Olivera tuvo este componente, al menos para la justicia. El suceso se produjo el domingo 7 de julio del 2024 en el barrio San Norberto. La UFI Nº 4, en turno en esos momentos, detuvo a un sujeto, acusándolo del crimen.
Allanamientos y derribo de búnkeres
En las inmediaciones del lugar donde fue asesinado César Olguín, la UFI Nº 12 a cargo del Dr. Ezequiel Freydier y con la instrucción de la secretaria Dra. Sofía Giaccaglia realizó dos allanamientos. Uno en enero y otro en mayo, ambos de este año. Secuestraron estupefacientes, armas y detuvieron a varios sujetos.
En esta dinámica de usurpaciones y de cooptación de vecinos bajo amenazas para que se hagan cargo de la venta, los kioscos y búnkeres cambian constantemente. Si la Policía allana uno de ellos, a los pocos días otro funciona a pocos metros. Por este motivo, las fuerzas de seguridad incautan pocas dosis de drogas. Los traficantes dosifican la mercadería para atender la demanda de pocas horas. El stockeo de cantidades importantes puede generar fuertes pérdidas. Leyeron manuales de logística y almacenamiento. No son improvisados quienes llevan adelante la administración.
A finales de abril, se procedió al derribo de una vivienda que funcionaba como un centro de comercialización al menudeo. Lo habitual en este tipo de lugares: No podría alojar a una familia tipo. Sin muebles, con colchones en el piso, un par de sillas, una mesa y una garrafa con pantalla para calefaccionar el ambiente. Un resfrío puede ser peligroso, más si se tiene el dedo en el gatillo.
A esta actividad fue invitada la intendenta municipal Mariel Fernández, quien concurrió acompañada por el secretario de Seguridad Ismael Castro. La demolición fue ejecutada con maquinarias de la secretaría de Obras Públicas de la comuna. Además de jerarcas policiales, participó el Dr. Leandro Ventricelli, el otro fiscal que comanda la UFI Nº 12 y quien instruyó la investigación, la cual se originó de una denuncia radicada por Ismael Castro, en virtud de testimonios anónimos.
Las fuentes consultadas indicaron que mientras se desarrollaba la destrucción, a pocos metros otro kiosco de estupefacientes seguía con la operatoria como si nada pasara. Es el capitalismo salvaje, estúpido. Este hecho evidenció el grado de impunidad con el que operan estos delincuentes. Ventricelli ordenó un allanamiento de emergencia. Varios apresados y la incautación de drogas fue el resultado.
Engaño y esclavitud
Algunos de los detenidos a lo largo de los distintos allanamientos, cuando fueron citados a declarar, y con mucho temor, contaron una historia que sonaba casi increíble. La coherencia narrativa entre los imputados se mantenía, lo que le daba un alto grado de veracidad a los dichos.
Según estos detenidos, todos paraguayos, una persona los había contactado en las tierras guaraníes. Se les ofrecían un empleo en la albañilería a gran escala, con altos sueldos y pasajes incluidos. La propuesta, por demás tentadora, era aceptada de buen grado. Expectantes, subían al micro, pasaban por migraciones y cruzaban la frontera. Argentina, el país de las oportunidades.
La odisea comenzaba cuando descendían del transporte público de pasajeros. Quienes los esperaban, los subían a una camioneta y los trasladaban a Cuartel V. Ya con amenazas, les retiraban las cédulas de identidad, el dinero y los teléfonos celulares. Y los recluían en los búnkeres, con la orden de vender drogas. Cumplían turnos de 24 horas con 5 o 6 de descanso. Apenas les proporcionaban alimento.
Varios lograron escapar. Pero al desconocer el lugar dónde se hallaban y no conseguir ayuda, eran rápidamente recapturados. No era falta de empatía de los vecinos, era simple terror ante las represalias. Dentro de las edificaciones, los golpes se repetían contra los frustrados fugitivos. Las condiciones de hacinamiento se agudizaban. Permanecieron así durante meses. Contactaban a sus familiares con teléfonos provistos por la organización en ambientes controlados por los delincuentes. Nada podían decir que alertara sobre su situación.
Durante los allanamientos, fueron aprehendidos por la Policía y trasladados a cárceles donde también se encontraban individuos vinculados a sus captores. La declaración testimonial representó una suerte de liberación. Fueron protegidos por las autoridades, bajo condiciones privativas de libertad más laxas. Desde la Fiscalía contactaron con el Consulado de Paraguay, donde chequearon la veracidad de los datos brindados. Además aportaron otros testimonios con valor probatorio. También intervino la Procuraduría de Trata y Protección de Personas, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Esta modalidad de secuestro ejercía por una asociación ilícita dedicada al narcomenudeo es inédita en la zona, al menos registrada con tal nivel de precisión. Constituía, lisa y llanamente, una réplica de la esclavitud de los siglos XVIII y XIX.
Redadas y desarticulación de la “Banda de Piky”
Las pruebas se acumulaban. Los celulares secuestrados fueron importantes para esto. Las escuchas, reveladoras. Los testimonios sumaban datos. La inteligencia, con vigilancias encubiertas incluidas, daba frutos.
Los investigadores lograron identificar al líder de la organización, llamado Diosnel Portillo Acosta, de unos 40 años, alias “Piky” y de nacionalidad paraguaya. Mismo origen para su sobrino, René Portillo Martínez, de 24. Lo conocían como “Sicario”. Era su mano derecha. E individualizaron a un puñado de “tenientes”. La Cosa Nostra versión guaraní. Sapucay, tereré, “merca”, “faso”, “chupaderos”, “tira corte”, machetes y pistolas humeantes. Pero pistolas de las grandes. Se sospecha que esta red proveía de estupefacientes a la banda liderada desde la cárcel por Gustavo Bellido.
Con estos datos, desde la UFI Nº 12 solicitaron nueve órdenes de allanamientos. La Dra. Adriana Julián, titular del Juzgado de Garantías Nº 1, las concedió. Y las ejecutaron, durante la tarde de este jueves 18 de julio, numerarios de la delegación Moreno de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas junto a otras dependencias policiales de la provincia. Casi un centenar de uniformados.
Seis de los operativos se llevaron a cabo en los barrios San Francisco, 5 de Enero, Mayor del Pino, Los Hornos y José C. Paz, todos en la localidad morenense de Cuartel V. Los restantes, en el partido de José C. Paz. Los uniformados incautaron cinco kilos de marihuana (parte fraccionada), unos cien gramos de cocaína lista para la venta y cincuenta gramos de pasta base, conocido como Paco, lista para fumar. También encontraron más de dos millones de pesos y dos mil dólares. Secuestraron un Chevrolet Cruze y una moto Zanella 110 CC.
Durante las redadas los policías detuvieron a René Portillo Martínez. Cayó “El Sicario”. Junto a él, ocho integrantes más de la “Banda de Piky”, incluyendo dos mujeres. Todos fueron indagados este viernes pasado el mediodía por el Dr. Freydier. Se negaron a declarar. Fueron asistidos por abogados particulares. Nada de generar gastos al Estado, sin recurrir a los servicios de los defensores oficiales. La plata vale.
Quien permanece prófugo es Diosnel “Piky” Portillo Acosta. Lo buscan intensamente y ya solicitaron la captura nacional e internacional.