Solicitan la elevación a juicio la causa por el robo de combustible de la municipalidad de Moreno

La fiscalía Nº 4, a cargo del Dr. Gabriel Lorenzo, solicitó al Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez la elevación a juicio de la causa donde se investiga el robo de combustible destinado a la distrital de Policía y que es solventado por la comuna de Moreno. Así lo revelaron fuentes consultadas, con acceso al expediente.
Cinco personas están acusadas de cometer los delitos de “Asociación ilícita, peculado y falsificación de documento privado”. El miércoles 29 de febrero un funcionario municipal, un policía en actividad y un civil fueron detenidos por orden de la fiscalía, luego de comprobarse que extraían ilegalmente combustible de la estación de servicio Esso, ubicada en la intersección de la Autopista del Oeste y Avenida España, la cual estaba destinada a los patrulleros que cubren las 24 cuadrículas de seguridad en Moreno.
Oscar Pazos, funcionario político dependiente del área de Seguridad comunal, estaría sindicado como jefe de una asociación ilícita que sustraía combustible, para luego comercializarlo en estaciones de servicio de la zona. La casa de Pazos, en Paso del Rey, fue allanada durante la tarde del miércoles 29 de febrero y se habría secuestrado documentación de importancia para la pesquisa. Junto a Pazos fueron privados de la libertad el sargento de la Policía bonaerense Diego Agudo -ahora pasado a disponibilidad- y Leonardo Agüero.
Pazos era el encargado del área de logística, bajo la órbita de la secretaría de Seguridad que encabeza Diego Vacis. Vacis se desempeñó hasta el 10 de diciembre como secretario Privado de la comuna durante la gestión de Andrés Arregui. En esa función Vacis también tenía bajo su influencia la estructura de la Seguridad municipal.
Según fuentes confiables, la operatoria desarrollada -y que estaría acreditada en el expediente- se habría realizado de la siguiente manera: un grupo de personas -entre ellas Pazos, Agüero y Agudo- se dirigían a la estación de servicio ESSO -firma EMFACO- ubicada en la intersección de la Avenida España y colectora sur de la Autopista del Oeste. Allí retiraban el combustible, por cuenta y orden de la municipalidad de Moreno, movilizándose en vehículos particulares -Agüero sería propietario de una de estas unidades-. Los trascendidos indican que la sustracción rondaba entre los 250 y 350 litros diarios, los cuales eran trasladados en bidones y tambores de gran capacidad. Eran reducidos en surtidores de la zona a un valor aproximado de 3 pesos el litro. El desfalco alcanzaría los 7 mil pesos semanales.
Aunque se conoció que este no habría sido el único delito detectado. También se sospecha oscuras maniobras con repuestos para los automotores policiales. Aunque el proceso para determinar este ilícito es más engorroso, ya que se necesitaría la intervención directa de especialistas y los peritajes se tornarían complicados, no se descarta ahondar la pesquisa en ese sentido. Más allá de esto, la acusación contra los involucrados sería la misma: “Asociación ilícita, peculado y falsificación de documento”. Tanto en el caso de los combustibles como de los repuestos, los mismos tenían como contrapartida vehículos de la fuerza de seguridad provincial que se encontraban inutilizados.
Ante el impacto de la noticia, la municipalidad de Moreno emitió un comunicado en el que se explicita que Mariano West “manifestó públicamente su firme decisión de continuar colaborando con el proceso y ofrecer todo lo que sea necesario para esclarecer el hecho”. En otro párrafo señala que “ya desde mediados del año pasado, cuando se inició esta investigación, el Municipio se puso a disposición y a la espera del accionar de la Justicia ofreciendo todo lo que ésta necesite para esclarecer el hecho”.
Por lo tanto, desde la comuna se conocía la pesquisa desde hace 8 meses, y se permitió que la irregularidad se sostuviera en el tiempo, con un costo para el erario municipal no menor a los 200 mil pesos, los cuales serían prácticamente irrecuperables. En base a esta aclaración es evidente que el delito investigado comenzó anteriormente a esa fecha, y por lo tanto la suma defraudada puede ser sensiblemente mayor. Desde principio de este año el área de logística está bajo una suerte de intervención y los trascendidos indican que se habría bajado el consumo de combustible de los móviles policiales en casi 300 litros diarios.
Un punto no menor, y que vendría de la mano de la cuestión precedente, gira en torno a la efectividad de los controles. ¿Cómo se monitoreaba los gastos elevados en la cuentas de combustibles?. Evidentemente la situación es complicada para todos los funcionarios vinculados a esta área, aunque ninguno -al menos no se conoció oficialmente- renunció a su cargo para transparentar la investigación y así enviar un fuerte mensaje político.
También se espera con expectativa la presentación de la municipalidad de Moreno como particular damnificado. Analistas consultados sostienen que este paso otorgaría, al menos en la consideración de la sociedad, una claridad en el accionar de la comuna, ya que este hecho de corrupción afecta directamente las arcas del Estado local. La medida a solicitar posteriormente sería un embargo de los bienes de Pazos, para que, una vez que se desarrolle el debate oral ante el tribunal -y en el caso de ser hallado culpable- la municipalidad logre recuperar, al menos, parte del dinero desviado por la maniobra ilícita.
Posteriormente fueron detenidos dos personas más, ambos personal policial en servicio. Uno de ellos es Subteniente y sería de apellido Duarte y el otro sería un Sargento identificado como Ledesma. Todos ellos recuperaron la libertad días después de su aprehensión.
Pazos estuvo alojado en los calabozos de la Comisaría 1º de General Rodríguez y liberado casi dos semanas después. Desde la fiscalía se lo sindica como el jefe de la asociación ilícita, cuestión que fue descartada por el Juzgado de Garantías. El Dr. Gabriel Lorenzo presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones de Garantías, donde se apoyó la postura de la Fiscalía, se habilitaron y confirmaron los autos de procesamiento. Ante esta decisión Pazos debía volver a estar privado de su libertad, ya que se trata de un delito no excarcelable. El abogado de Pazos, el Dr. Joaquín Nogueira, redobló la apuesta y apeló ante la Cámara de Casación. Aún este organismo no se expidió y Pazos continúa esperando que se resuelva su situación procesal caminando tranquilamente -o no tanto- las calles de Paso del Rey.
Desde el Concejo Deliberante de Moreno, el edil Carlos López -Socialista- redactó un pedido de informes al ejecutivo respecto a esta causa. Aún no fue respondido. En la última reunión de la Comisión de Seguridad del HCD estuvo presente el secretario de Seguridad municipal Diego Vacis. Los trascendidos indican que al ser consultado por este tema, Vacis habría señalado lacónicamente que “no van a contestar desde el ejecutivo ningún pedido de informes vinculado a la causa porque el mismo está en una instancia judicial”.
Días atrás la causa tuvo un nuevo empuje judicial al solicitar la fiscalía a cargo del Dr. Lorenzo la elevación a juicio. Desde este estamento se considera que la etapa de instrucción está finalizada. El expediente se encuentra en el Juzgado de Garantías a la espera de objeciones por parte de los abogados defensores de los imputados. En caso de que se planteé alguna cuestión, la causa volvería a la fiscalía donde se revisaría la misma. Luego nuevamente estará en poder de la Dra. Adriana Julián, titular del Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, quien resolvería el diferendo. Salvado este procedimiento legal, -o en el caso de que no existiera objeciones- la instrucción sería remitida a la cámara de Mercedes donde se sorteará el tribunal oral que juzgará a los acusados. Se espera que en las próximas semanas la causa donde se investiga el robo de combustible que afecta a la comuna de Moreno genere novedades importantes y, tal vez, algún cimbronazo político.