La Justicia investiga a un interno acusado de liderar una red de grooming que operaba desde cárceles de la provincia de Buenos Aires, en una causa que también involucra delitos de cibercrimen, extorsión y abuso sexual infantil.
En el marco de la investigación, la UFIJ Nº 8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo junto a la Dra. Bianca Grivetto, ordenó allanamientos en dos unidades penitenciarias bonaerenses.
Los procedimientos incluyeron requisas en celdas de la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica, donde se encuentra alojado el principal acusado, y en la Unidad Penitenciaria de Merlo, donde fue allanada la celda de un presunto cómplice identificado como N. S.De acuerdo a la investigación, los internos utilizaban teléfonos celulares para coordinar maniobras delictivas desde el interior de los penales.
A través de perfiles falsos en la red social Instagram, contactaban a menores de edad bajo la excusa de ofrecer supuestos trabajos de modelaje.
Según la causa, el engaño derivaba en situaciones de extorsión, en las que las víctimas eran convencidas de enviar imágenes y posteriormente obligadas a realizar actos sexuales en videollamadas bajo amenazas de difundir el material íntimo entre familiares y conocidos.
Durante los allanamientos se ordenó el secuestro de teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento que habrían sido utilizados para concretar los delitos.
Se trata del segundo expediente contra el principal acusado, quien ya contaba con un pedido de elevación a juicio por hechos cometidos bajo una modalidad similar mientras se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Lisandro Olmos.
En la investigación anterior, el detenido habría contado con la colaboración de dos mujeres que facilitaban cuentas bancarias para canalizar el dinero obtenido de las extorsiones, a través de entidades como Banco Nación, Naranja X y Brubank.Los procedimientos estuvieron a cargo de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad.
La investigación continúa en curso y busca determinar los mecanismos que permiten la utilización de dispositivos móviles dentro de las cárceles para la comisión de delitos.