El Poder Ejecutivo presentará en el Senado un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, con el objetivo de actualizar la normativa sancionada en 2010 y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones que actualmente presentan dificultades en su abordaje.La propuesta busca facilitar la aplicación de la ley en todo el país, superar obstáculos en su implementación y modernizarla en función de la realidad asistencial. Para su elaboración, se relevaron aportes de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo, lo que permitió identificar problemáticas vinculadas a la implementación desigual entre provincias y a la falta de criterios claros para intervenir de manera oportuna ante situaciones de riesgo.A más de 15 años de su reglamentación, 16 jurisdicciones han adherido formalmente a la normativa vigente. Además, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas para internación, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención.
Entre los principales puntos, el proyecto propone habilitar internaciones en hospitales generales para casos leves y reservar instituciones especializadas para cuadros graves, con el fin de optimizar los recursos disponibles.
Asimismo, plantea actualizar los criterios de internación involuntaria, incorporando un enfoque situacional que contemple antecedentes recientes y la evolución previsible del paciente, y no solo el riesgo inmediato al momento de la evaluación.
También se establece la participación obligatoria de un médico psiquiatra en las evaluaciones para internaciones involuntarias, con el objetivo de garantizar un abordaje clínico más integral.
En casos de urgencia, la internación podrá ser indicada por el profesional interviniente y deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas, plazo que también se propone para la notificación judicial.
Por otro lado, en internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, la internación podrá transformarse en involuntaria con la correspondiente intervención judicial.
Las modificaciones mantienen el carácter excepcional de la internación y apuntan a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud, mejorar la articulación entre los distintos dispositivos de atención y garantizar intervenciones más oportunas y efectivas frente a situaciones complejas en salud mental.
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