La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó un informe sobre las demandas telefónicas realizadas por personas privadas de la libertad durante 2025, en el que se advierte que más de la mitad de los reclamos estuvieron relacionados con el acceso a la justicia y a la salud.
El relevamiento se elaboró a partir de 399 llamados recibidos en las líneas gratuitas de la dependencia especializada, que derivaron en 574 demandas o reclamos y en un total de 588 intervenciones por parte del organismo.
Según el informe, las problemáticas más frecuentes estuvieron vinculadas al acceso a la salud, acceso a la justicia, condiciones de detención, cambios de alojamiento, educación, trabajo y vinculación familiar. También se registraron denuncias relacionadas con aislamiento, malos tratos por parte del personal penitenciario y conflictos intramuros.
Desde PROCUVIN señalaron que las líneas telefónicas funcionan como una herramienta fundamental para facilitar el acceso efectivo a la justicia de las personas privadas de la libertad y sus familiares, especialmente frente a las dificultades que suelen presentarse en contextos de encierro.
El documento indicó además que la mayoría de las comunicaciones provinieron de establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, principalmente de los complejos de Ezeiza, Marcos Paz y Senillosa. En relación con los reclamos por salud, se destacó que muchas de las demandas apuntaban a falencias en la atención médica dentro de las unidades penitenciarias.
Durante 2025, las intervenciones realizadas por la procuraduría incluyeron informes ante dependencias judiciales, pedidos de intervención al Servicio Penitenciario Federal, denuncias penales y orientaciones destinadas a personas detenidas y familiares.
En ese sentido, desde el organismo remarcaron que el acceso a la justicia constituye un derecho esencial para las personas privadas de la libertad y advirtieron sobre las barreras que aún persisten, como dificultades para comunicarse con defensores, obstáculos administrativos y temor a represalias.
La PROCUVIN fue creada en 2013 con el objetivo de investigar y visibilizar hechos de violencia institucional, además de fortalecer el acceso a derechos de las personas en contextos de encierro.
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