La comunidad científica se encuentra en estado de alerta frente al debate en el Senado de la Ley Bases, que si es aprobada le otorgará al Poder Ejecutivo la potestad de disolver más de diez instituciones de ciencia y modificar completamente otros organismos como el Conicet o el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por lo que investigadores advirtieron a Somos Télam que la reforma legislativa significaría “el fin de nuestro sistema científico”.
“La Ley de Bases pone en riesgo a todo el sistema científico y tecnológico en varios de sus artículos. El que más preocupación nos trae a la comunidad científica es el artículo 3 porque habilita al Poder Ejecutivo nacional a hacer cambios sustanciales”, aseguró a Somos Télam la investigadora Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y referente de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt).
De aprobarse el proyecto de Ley Bases en el Senado, el gobierno de Javier Milei pasaría a tener facultad para disolver organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que brinda servicios esenciales para el país con los pronósticos meteorológicos y las alertas tempranas, o el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que elabora los mapas argentinos, monitorea la expansión de ciudades, brinda información geoespacial para gestionar el riesgo de inundaciones y vigila desde los movimientos sísmicos hasta el retroceso de los glaciares.
“Si la ley es aprobada y se le da la potestad al Poder Ejecutivo de hacer estos cambios, significa prácticamente el fin de nuestro sistema científico”, advirtió Levi, doctora en Química e investigadora del Conicet.
Cuatro claves del impacto de la Ley Bases en ciencia
El artículo 3 de este proyecto de ley del oficialismo faculta al Poder Ejecutivo a “la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades” de organismos públicos; así como su “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En el mismo apartado se aclara que las universidades nacionales y los órganos del Poder Judicial, Poder Legislativo y Ministerio Público quedan excluidos de ser sujetos a modificación alguna.
Sin embargo, en cuanto al área de ciencia y tecnología, solo se detalla que el Poder Ejecutivo no podrá disolver el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (Anlis); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“Si bien el Conicet no puede ser disuelto, el texto de la ley habilita al Poder Ejecutivo a fusionarlo, escindirlo, transferirlo a las provincias o modificar sus competencias. Con lo cual, aun cuando se protege a los organismos de la disolución, pueden quedar como cáscaras vacías sin funciones o con una función muy acotada”, apuntó Levi.
Asimismo, otras trece instituciones del sistema científico y tecnológico nacional quedan sujetas a disolución, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo pionero en su tipo que aplicó la genética a los derechos humanos y se consolidó como una referencia mundial para los bancos de ADN de búsqueda de personas y criminalística.
Por otro lado, el artículo 5 también impacta directamente en el funcionamiento del sistema científico nacional, ya que autoriza al Gobierno a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos.
Este artículo afecta en particular al Fondo de Promoción y Fomento a la Innovación que es utilizado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), el principal organismo que financia el desarrollo de la ciencia en nuestro país, pero que sin los fondos dejaría de funcionar.
También representa un riesgo el artículo 6 que autoriza la intervención de decenas de organismos descentralizados como la Administración de Parques Nacionales o el Instituto Nacional del Agua (INA).
Otro artículo que preocupa a la comunidad científica es el número 52 que sustituye el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 de Regulación de Empleo Público Nacional.
“El artículo 52 faculta al Poder Ejecutivo a poner en disponibilidad a los empleados públicos. Esto se traduce en que se pueda echar a investigadores formados de Conicet”, alertó Levi.
Más de 30 sociedades científicas manifiestan su preocupación por la Ley Bases
“Observamos con muchísima preocupación las amplias facultades que la Ley de Bases, en su artículo 3, otorga al Poder Ejecutivo a fin de rediseñar, fusionar y/o disolver las 17 diferentes instituciones que integran el Sistema Científico Tecnológico Nacional”, advirtieron 37 sociedades científicas de todo el país en un comunicado que se publicó este miércoles.
Entre las sociedades firmantes se encuentran la Asociación Argentina de Astronomía (AAA), la Sociedad Argentina de Investigaciones en Bioquímica y Biología Molecular (SAIB), la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) y la Sociedad Argentina de Inmunología (SAI).
En el mismo sentido, Levi explicó a Somos Télam que desde la Raicyt expresan su rechazo a la aprobación de la ley.
La preocupación de las y los investigadores se fundamenta en el marco del ajuste que sufre el área de ciencia desde el inicio de la presidencia de Javier Milei.
En los últimos meses las becas doctorales del Conicet se redujeron en más del 50%, los ingresos a las carreras de investigador científico se encuentran congelados, y los fondos girados a los institutos no alcanzan a garantizar su funcionamiento.
Sumado a esto, la semana pasada se designó a Lilia Lemoine como secretaria 1° de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, lo que generó el repudio de representantes de la comunidad científica, quienes recordaron la adhesión de Lemoine al terraplanismo y su militancia antivacunas.
“Si han elegido a esta persona para un rol tan importante, ¿qué será del sistema científico si le damos la potestad al Poder Ejecutivo de hacer todos los cambios que plantea la Ley Bases?”, se preguntó Levi.
En medio del debate sobre la Ley Bases, esta semana se desarrolla un plenario de comisiones en el Senado, donde el martes se escuchó al decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Guillermo Durán, y al investigador superior del Conicet Diego Golombek como referentes del área de Ciencia y Tecnología.
Poniendo el foco en el impacto negativo de la reforma legislativa sobre el sistema científico, Durán pidió a los senadores que “no comprometan el futuro de nuestro país” y subrayó que “sin desarrollo científico y tecnológico sólido no hay universidades públicas de calidad”.
“Mientras nos dicen que no hay plata, la Secretaría de Innovación y Ciencia ha ejecutado al mes de mayo sólo el 1% de su presupuesto”, detalló.
Por su parte, Golombek advirtió que es una falacia cuando “los gobiernos, este en particular, manifiestan que una vez que se solucionen los grandes problemas del país como la pobreza, la alimentación, la salud, la energía y el empleo, tal vez puedan dedicarse a apoyar a la ciencia”.
“Es exactamente lo contrario”, remarcó el biólogo y apuntó que “es a través de la ciencia y tecnología que vamos a poder solucionar esos grandes problemas. No es apoyar a la ciencia, es apoyarse en la ciencia”.
Lanzan una campaña de firmas en rechazo a la Ley Bases
Con vistas al tratamiento de la Ley Bases en el recinto de senadores, integrantes del sistema de Ciencia y Tecnología impulsan una campaña en rechazo a la aprobación del proyecto.
La iniciativa apunta a conseguir miles de firmas de trabajadores de distintos organismos científicos del país en una carta abierta a la que se puede adherir de forma online en este link.
“Aprobar dicha Ley implicaría someter a un riesgo enorme al sistema científico nacional, habilitando el vaciamiento, el despido del personal y la brutal reducción de los recursos de organismos enteros. Esto equivaldría a echar por tierra décadas de inversión en recursos humanos, infraestructura, y fundamentalmente el desarrollo de conocimientos y tecnología pensados en función de las necesidades y la soberanía de nuestro país”, señalan en el texto firmado por el Espacio de Coordinación de Colectivos de Ciencia y Tecnología, integrado por delegaciones de ATE Conicet, la Red Federal de Trabajadores de Conicet y la organización de Jóvenes Científicxs Precarizadxs (JCP), entre otros.
“Esta ley busca una traslación del sector público al sector privado por destrucción y abandono de lo público”, apuntó a Somos Télam Lucas Kreiman, becario doctoral e integrante de JCP.
“La mayoría de las investigaciones en las que Argentina es pionera, como el estudio de enfermedades endémicas regionales, la calidad de los suelos y el impacto ambiental, son todas investigaciones que no están en la agenda de los privados. Ese es el aspecto más peligroso de darle el timón de la ciencia argentina a los inversores”, concluyó.
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