Fueron seis operativos ordenados por la justicia y ejecutados por la DDI. Identificaron a seis menores. Dos de ellos tienen 16 años, por lo tanto son punibles. Los restantes cuentan con 14 años, es decir inimputables. Hubo secuestros de armas. A los padres de los chicos de 16 se les trabaría una inhibición de bienes para que afronten los gastos totales que generaron las amenazas.
La UFI Nº 6 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez (Responsabilidad Penal Juvenil), a cargo de la Dra. Alejandra Piqué, en coordinación con la UFI Nº 7 de las Dras. Érica Chiessi y Solange Castelli y organismos municipales, como las secretarías de Seguridad y de Justicia, llevaron adelante una exhaustiva investigación en torno a las amenazas de tiroteos recibidas en numerosas escuelas del distrito de Moreno y de General Rodríguez. En total fueron 70 denuncias plasmadas por los directores de establecimientos educativos.
Con el avance de la instrucción, se focalizaron en puntos determinados de los barrios La Perla y Lomas de Moreno (zona norte) y Santa Julia y Las Lilas (La Reja). También en dos objetivos céntricos de General Rodríguez. Identificados los autores de las intimidaciones, quienes subieron fotos y videos a las redes sociales, los funcionarios públicos solicitaron las órdenes de allanamiento a la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino. La Dra. Guarino las autorizó y fueron ejecutadas en la tarde de este martes por la DDI, que comanda el comisario Mayor Federico López.
Los resultados fueron positivos. Secuestraron armas, las cuales fueron exhibidas en las redes en el momento de las amenazas, como así también celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos. En La Perla y Lomas de Moreno, identificaron a dos menores punibles de 16 años. En las otras redadas, los sospechosos tienen 14 años, por lo tanto inimputables. Todos fueron formalmente citados en la sede fiscal para este miércoles.
A los adolescentes de 16 años se los imputa del delito de intimidación pública. Mientras avanza el proceso, fuentes judiciales aseveraron que solicitarán una inhibición general de bienes contra los progenitores de estos menores. La intención es que se hagan cargo de los gastos generados por las amenazas de tiroteo, al menos en sus respectivos establecimientos educativos.
Para evaluar el monto, se pedirá a la fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires que haga una estimación de los costos, que incluirá los que generó la investigación sobre la intimidación, como así también los allanamientos y los que se produzcan por el cambio de protocolos en las escuelas. La suma sería cuantiosa.
En el caso de los padres de los menores de 14 años aún no está claro si se podrá avanzar en este proceso, ya que son no punibles. Cabe recordar que la ley sobre la baja de la edad de imputabilidad, aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Ejecutivo, entrará en vigencia en septiembre próximo.
La pesquisa continúa, así que no se descartan más allanamientos en los próximos días.