Se prohibió el alojamiento de personas en la comisaría 6ª de Moreno (Francisco Álvarez) y en la delegación de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas hasta que cuenten con condiciones edilicias apropiadas y habilitadas para alojar detenidos. También están clausurados los calabozos de las comisarías 1ª y 8ª.
Los calabozos de dos dependencias policiales de Moreno fueron clausurados luego de detectar «graves violaciones de derechos humanos» tras una evaluación por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). De esta manera, se prohibió el alojamiento de personas en ambas seccionales hasta que cuenten con condiciones edilicias apropiadas y habilitadas para alojar detenidos.
El Juzgado en lo Correccional N°1 de Moreno, a cargo de Mariano Almanza, dispuso la clausura de los calabozos de la Comisaría de Moreno seccional 6ª (Francisco Álvarez) y la delegación Moreno de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas después de las inspecciones realizadas donde se relevó condiciones de detención violatorias de los derechos humanos.
El dictamen fue anunciado por ANDAR, la agencia de información en derechos humanos de la CPM, que indicó que no se podrán alojar nuevos presos en dichos lugares hasta que “cuenten con condiciones edilicias apropiadas”.
Al resolver la presentación de la CPM, el Juzgado constató que no se cumplía ningún protocolo de alojamiento para personas detenidas y que la permanencia en esos lugares era violatoria de derechos por la evidente precariedad de la infraestructura, la insalubridad y –en el caso de la seccional sexta- el hacinamiento.
Frente al escenario advertido, se dispuso el traslado inmediato de los detenidos en un plazo de 72 horas, prohibió el ingreso de nuevas personas detenidas y clausuró el sector de calabozos de ambas dependencias.
Situación en la Comisaría 6ª de Francisco Álvarez
Al momento de la inspección, había alojadas nueve personas, aunque su cupo era de tres, lo que implica una sobrepoblación del 200%. Incluso al realizarse la constatación judicial ordenada en el marco del trámite del habeas corpus, ese número había ascendido a 11 detenidas.
Se expuso que las mujeres detenidas “debían dormir en el piso en colchones muy finos, sucios y rotos, expuestos a la humedad y filtraciones, sin ventilación alguna y en penumbra permanente, ya que la celda no contaba con ventanas y el lugar se iluminaba con focos conectados precariamente y sin ninguna medida de seguridad, en una situación de riesgo permanente frente a cualquier siniestro”.
Por otro lado, se pudo determinar que “permanecían en ese aislamiento extremo en celda durante las 24 horas, sin acceso a ningún espacio o patio con luz o ventilación natural. El aire era irrespirable y los olores nauseabundos”.
Las visitas eran una vez a la semana y sólo podían ingresar mujeres familiares directas. Quienes tenían hijos no podían verlos ni se garantizaba el contacto con ellos. Tampoco podían comunicarse con sus familias o con su defensa ya que estaba prohibido el uso de celulares.
“Los elementos de limpieza, higiene o gestión menstrual, al igual que para la provisión de alimentos o medicamentos, tenían que ser provistos por la familia, de modo que dependían de las visitas, con quienes se comunicaban a veces por carta”, destaca el escrito.
Situación en la delegación de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas
En este caso, el lugar (ubicado sobre la calle Del Carril en Paso del Rey) ni siquiera estaba habilitado para el alojamiento de personas detenidas, pero habían improvisado calabozos en oficinas en donde permanecían durante un tiempo prolongado. El lugar tenía una puerta de rejas, no tenía privacidad y del sanitario salía un olor nauseabundo a materia fecal que tornaba difícil permanecer en el lugar.
Ya son tres comisarías sin calabozos habilitados
Los calabozos de la comisaría 1ª están clausurados por orden de la Justicia desde finales de noviembre pasado. Esta decisión se basa en el expediente donde están imputados tres uniformados, quienes siguen presos, por el delito de torturas contra los detenidos. Incluso las víctimas denunciaron la aplicación de picana. Meses después, por condiciones paupérrimas, fueron inhabilitadas las celdas de la seccional 8ª (Catonas). Ahora se suma la dependencia de Francisco Álvarez.
El hacinamiento de detenidos es una constante en el conurbano bonaerense y utiliza recursos humanos que no están capacitados para cumplir las funciones de los hombres y mujeres del servicio penitenciario. La crisis carcelaria en la provincia de Buenos Aires es un gravísimo problema de seguridad. En este punto cabe recordar la fuga de un detenido el pasado mes abril de la comisaría 1ª. Posteriormente fue recapturado.
En ese sentido, la obra de la cárcel y la alcaidía en el barrio El Vergel de Cuartel V viene ralentizada. El abandono del financiamiento del gobierno nacional con la asunción de Javier Milei como presidente generó una demora de casi dos años. El dinero ahora lo aporta el gobierno bonaerense, pero aún no hay plazo de finalización conocido.
La dependencia más urgente que debería estar en funciones sería la alcaidía, ya que reemplazaría a los calabozos de las comisarías. El proyecto marca una capacidad de 300 detenidos a la espera de sentencia. La cárcel albergaría casi mil internos.