La cantidad de causas iniciadas en 2016 en la provincia de Buenos Aires por drogas creció un 27,4%, por secuestros extorsivos un 25% y por abuso un 11%, mientras que disminuyeron levemente aquellas por homicidio en ocasión de robo.
La información fue suministrada por el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, quien dio a conocer nuevas estadísticas de delito y anunció que están a disposición en la web datos sobre Violencia Institucional, Violencia Familiar y de Género, el Registro Único de Detenidos y el Registro de Procesos del Niño.
En términos generales, la cantidad de denuncias por todo tipo de delitos creció un 3,8 %, ya que en 2016 hubo 27.224 más de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) que en 2015: el año pasado hubo 746.952 causas y el año anterior se radicaron 719.728.
La mayor cantidad de expedientes se concentra en Lomas de Zamora (17,2%), San Martín (11,6%), San Isidro (9,2%), La Plata (8,2%), La Matanza (8,2%), Morón (7,8%) y Quilmes (7,5%).
Las estadísticas se basan en delitos cometidos en los 19 departamentos judiciales de la provincia Buenos Aires, durante el primer año de gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Las causas por infracción a la ley 23.737 (drogas) pasaron de 37.381 en 2015 a 47.636 en 2016, es decir que hubo un incremento del 27,4 %: por ejemplo en Lomas de Zamora se iniciaron 9.872 IPP, en San Martín 6.630, en Quilmes 5.628, San Isidro 4473 y en Morón 4.230.
Las cifras difundidas en relación a secuestros extorsivos indican que aumentaron de un año a otro un 25% ya que en 2015 hubo 44 casos y en 2016, 55.
De acuerdo con los registros, hubo 18 en Lomas de Zamora, 10 en San Martín, 9 en Morón, 7 en Quilmes, 5 en San Isidro y el resto en los demás distritos.
En cuanto a delitos sexuales, el informe de la Procuración determinó que en 2015 hubo 1.110 denuncias de violaciones y en 2016 1.242, lo que marcó un aumento del 11,9%, mientras que las denuncias por otros delitos contra la integridad sexual también subieron 11%, siendo 9.900 denuncias en 2015 y 10.989 en 2016.
En cuanto a los homicidios «en ocasión de robo», se produjo una leve baja del 6,8%, ya que en 2015 se abrieron 59 causas y el año pasado 55, en tanto que casi no tuvieron variación las IPP por homicidios simples, agravados y criminis causa (cometido para lograr la impunidad de otro delito).
Respecto de los expedientes por «robos agravado por el uso de arma», hubo un leve aumento del 5% con respecto a 2015, ya que ese año hubo 47.897 IPP y el año pasado 50.288.
El informe de Conte Grand
Al hablar ante la prensa y los fiscales, Conte Grand explicó que «la intención central es poner de manifiesto que poder brindar información precisa, objetiva y constatada es un objeto de nuestra máxima responsabilidad institucional».
«Todo lo que tiene que ver con la elaboración de las bases de información, integra de modo prioritario el plan de gestión del Ministerio Publico», remarcó el jefe de los fiscales.
En cuanto a las novedades, Conte Grand dijo: «Es la primera vez que se publica un informe resultante del Registro de Proceso del Niño» y que se está trabajando «en ciertas modificaciones al sistema de manera de generar paneles de control que permitan un fácil y más preciso seguimiento de los procesos penales juveniles».
En ese sentido, el total de procesos penales juveniles que arroja el nuevo registro al 20 de julio de 2017 es de 12.246, correspondiéndose 4.238 procesos al año 2014, 3.707 al 2015, 3.131 al 2016 y 1.170 al 2017.
También como parte de esta apertura de información, el procurador se refirió al Registro Único de Detenidos (RUD), que muestra la información relativa a las personas que se encuentran privadas de su libertad.
«Desde mediados del año pasado estamos trabajando con el Servicio Penitenciario Bonaerense -en el marco del convenio suscripto con el Ministerio de Justicia en el año 2006 con motivo de la puesta en marcha del RUD- a fin de evaluar posibles intercambios de información en forma permanente», comentó el procurador.
Como una sección específica del informe del RUD se publicará, también por primera vez, un capítulo sobre muertes en contexto de encierro.
También remarcó que del total de personas privadas de su libertad, el 47% es por delitos contra la propiedad mientras que un 21% por delitos cometidos contra las personas.