Una investigación judicial coordinada entre dos fiscalías permitió detener a varias personas que operaban en el Plan Federal del barrio La Perla de Moreno Norte, dedicadas a usurpar viviendas y expulsar a sus ocupantes mediante amenazas para luego utilizar esos inmuebles, al menos en su mayoría, en la comercialización de estupefacientes.
Los hechos se registraron entre octubre de 2025 y febrero de 2026 y salieron a la luz tras múltiples denuncias de vecinos, canalizadas a través de la municipalidad de Moreno. La secretaría de Gobierno aportó datos en escritos elevados a la justicia, información básica que impulsó la investigación.
De acuerdo con la pesquisa, los acusados se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de las víctimas: ingresaban de manera clandestina a las casas, utilizaban armas de fuego para intimidar y desplazaban a propietarios y ocupantes legítimos. Además, se identificaron distintos “kioscos” de venta de drogas.
Las actuaciones comenzaron a partir de reiteradas presentaciones que advertían sobre episodios de extrema violencia. Se trata de una situación recurrente desde la inauguración de ese Plan Federal, hace ya más de una década, y que cuenta con 1.194 unidades habitacionales. Cabe recordar en este punto, a modo de ejemplo, el triple asesinato ocurrido en diciembre del 2016.
Según fuentes del caso, los implicados no solo tomaban las viviendas por la fuerza, sino que también amenazaban a quienes intentaban recuperarlas o colaborar con los procesos judiciales de restitución. Como consecuencia, familias enteras fueron expulsadas y algunas quedaron en situación de calle, bajo temor a represalias.
La investigación, de por sí compleja, tomó dos caminos en la instrucción, que corrieron a la par. Por un lado, el Dr. Leandro Ventricelli (uno de los fiscales de la UFI Nº 12), encargó el trabajo de campo a la delegación Moreno de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. El Dr. Emiliano Buscalia derivó la pesquisa a la DDI. Esta repartición de la policía bonaerense se enfocó en la toma de viviendas de manera violenta.
Uno de los primeros hechos documentados ocurrió el 16 de octubre de 2025, cuando un grupo integrado por Brisa Aylen T., Alan Gastón L. y otros individuos irrumpió en una vivienda durante la madrugada, forzó el ingreso y despojó de la posesión a su propietaria. Ese episodio marcó el inicio de una serie de maniobras similares en la zona, con un patrón de acción reiterado.
El 28 de diciembre de ese mismo año, otro grupo encabezado por Marcos Damián P. ingresó de forma violenta a una casa del barrio y, mediante amenazas con un arma de fuego, obligó a una familia a abandonar el lugar, dejándola en situación de calle.
El 5 de febrero de 2026, durante un procedimiento judicial de desalojo en inmuebles ocupados ilegalmente, varios de los sospechosos —entre ellos Gustavo L., Alan L., Daiana J. y Brisa T.— se presentaron y amenazaron tanto a efectivos policiales como a personal municipal. Según consta en la causa, advirtieron que volverían a tomar las propiedades “a los tiros”, lo que incrementó la tensión en el sector.
Dos días después, el 7 de febrero, se registraron al menos tres nuevos episodios vinculados a la misma organización: el ingreso ilegal a un inmueble perteneciente al Municipio de Moreno, amenazas a damnificados que realizaban tareas en una vivienda recuperada y la intimidación armada a una mujer, a quien obligaron a retirarse bajo amenaza de dispararle.
La reiteración de estos hechos a lo largo de varios meses permitió establecer la existencia de una estructura organizada dedicada a la usurpación sistemática de inmuebles. Según confirmaron fuentes de la investigación, las propiedades, en su mayoría, eran posteriormente utilizadas como puntos de venta de drogas.
Por el lado de la delegación local de narcotráfico, las tareas desarrolladas se centraron en la dinámica interna que se producía en el barrio en torno a la comercialización de estupefacientes. Los puntos de venta de drogas, los “kioscos”, variaban continuamente, motivo por el cual al menos la mitad de los plasmados en las denuncias originales no funcionaban más, pero se detectaron otros.
Con los elementos reunidos, los Dres. Ventricelli y Buscalia solicitaron una veintena de órdenes de allanamiento a los jueces de Garantías 2 y 3, los Dres. Gabriel Castro y Celina Ardohain. El megaoperativo, realizado durante la mañana del jueves 16 de abril y en conjunto por la Policía y autoridades municipales, permitió concretar detenciones, avanzar en la restitución de viviendas y secuestrar estupefacientes junto a elementos vinculados a su comercialización. Fueron casi 200 efectivos de distintas reparticiones, incluyendo perros antinarcóticos. Se utilizaron 40 móviles, incluyendo ambulancias.
Como resultado, fueron detenidos seis de los principales sospechosos y otras cuatro personas quedaron aprehendidas. Habría sospechosos que eludieron el accionar de la justicia. Además, dos inmuebles fueron restituidos al Municipio mediante órdenes judiciales.
Los involucrados quedaron imputados por usurpación y amenazas agravadas reiteradas, en concurso con infracciones a la Ley 23.737, mientras la investigación continúa para identificar a otros posibles integrantes y relevar la situación de las propiedades que aún permanecen ocupadas ilegalmente.
La detención de “Flopy” Ayala, realizada durante la tarde del martes 14, conmocionó a los vendedores de drogas que operan en La Perla. Esta situación hizo temer los resultados de los allanamientos planeados para el jueves. Fuentes consultadas evaluaron que el impacto que tuvo en realidad fue de una suerte de relajación por parte de los criminales, que siguieron con la actividad ilícita con “normalidad”. Si algún movimiento sospechoso habían advertido previamente, lo atribuyeron a esa investigación.