En el contexto de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir maniobras vinculadas al contrabando, efectivos del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una red criminal dedicada a introducir ilegalmente al país dispositivos tecnológicos para posteriormente comercializarlos.
El hecho tuvo su inicio en abril de 2024 cuando los uniformados de la citada dependencia federal, en el marco de una serie de tareas preventivas, detectaron que a través de redes sociales se exhibían en venta distintos productos pertenecientes a una reconocida empresa tecnológica multinacional, a precios significativamente menores respecto a los que prevalecen en el mercado.Lo que alarmó aún más al personal policial fue que dichas maniobras carecían de la correspondiente facturación y que, además, los usuarios encargados de ofrecer dichos elementos (en general, teléfonos y accesorios) tampoco contaban con el respaldo necesario en carácter de importadores.Iniciada la causa y con el aval de las autoridades judiciales interventoras, los funcionarios federales comenzaron a investigar el “detrás de escena” de aquellos presuntos ardides, estableciendo la existencia de una organizada estructura que de manera prohibida ingresaba a la República Argentina los artículos que posteriormente eran puestos a la venta.
Asimismo, se comprobó que esa banda contaba con varios puntos físicos tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como también en diversas localidades del conurbano bonaerense, los cuales eran utilizados como centros de acopio, distribución y comercio.
Del mismo modo, se pudo corroborar que las indebidas transacciones únicamente se podían llevar adelante en efectivo; sin emisión de comprobantes y con claros objetivos de eludir los controles fiscales.Dentro del debido desarrollo investigativo, los servidores públicos determinaron que el grupo realizaba diferentes maniobras con la finalidad de no ser detectados y mantener su impunidad, tales como el cierre de usuarios y cambios de nombres en las plataformas empleadas para la promoción de los productos.Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 a cargo del Dr. Pablo Yadarola, Secretaría N°5 de la Dra. Kenny, ordenó la realización de quince allanamientos sobre los inmuebles investigados; dos de ellos ubicados en Capital Federal y los restantes en las localidades de Tigre, San Miguel, José León Suárez, Villa Ballester, Villa Bosch, Bella Vista, Ituzaingó y Salto.Como resultado a dicha orden judicial, se notificó a siete personas de la causa; cuatro hombres y tres mujeres, sindicados como integrantes de la estructura delictiva investigada.
Durante los procedimientos, realizados de forma simultánea junto con personal de la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA), se incautaron aproximadamente 600 dispositivos celulares, 2.400 fundas de teléfono, 1.000 accesorios (cargadores, cables USB, auriculares, etc.), 7.991.200 pesos en efectivo, 3.982 dólares y documentación de interés.Cabe destacar que los materiales incautados poseen un valor de mercado de 673 millones de pesos, lo que representa un importantísimo golpe al contrabando de tecnología en territorio nacional.Los imputados, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos decomisados a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Aduanero.
Con info de la Policía Federal Argentina