Una mujer fue aprehendida por la Policía, acusada de dirigir una clínica clandestina de abortos en la zona sur de Moreno. Pese a que la sospechosa era investigada por el delito de supresión de identidad durante la dictadura militar, rápidamente recuperó su libertad, aunque sigue procesada. Una historia donde se cruzan los tiempos oscuros del Proceso, la SIDE y cierta protección del poder político/policial en la democracia.
16 horas del miércoles 31 de octubre. Tiempo pesado y con la amenaza latente de lluvia, que finalmente no se concretó. Ya comenzaba a sentirse el insufrible calor que presagia la llegada del verano. El termómetro iba a comenzar una escala que amenazó con romper con todos los récords de temperatura para esta época del año. Bajo el sol abrazador, una partida policial, en autos particulares, esperaban pacientemente la salida de la mujer, frente a su domicilio de la calle Manuel Obarrio 348, justo en el corte de la calle Alberdi, en barrio Aurora de Moreno Sur.
El personal de la Comisaría 1º de Moreno tenían las camisas pegadas al cuerpo y empapadas de sudor; los dedos amarillos por la nicotina de los cigarrillos, que fumaban uno detrás de otro. Sabían que se acercaba la hora de la verdad. También sabían que mucho tiempo más no podían estar en la zona sin despertar sospecha. La vivienda está rodeada por una estación de servicio y una gomería. Algunos transeúntes miraban extrañados los vehículos; la tensión invadía a los ocupantes. El menor error y el operativo podía desactivarse.
A las 16 horas la acción comenzó. Una mujer, entrada en años, salió y acompañó a una chica hasta la calle. Sacó el candado del portón, tomando a la joven del brazo, ayudándola a caminar, y le dio las últimas instrucciones, mientras un automóvil la esperaba. En esos instantes, a la carrera, irrumpieron una decena de hombres y mujeres, vestidos de civil, con chalecos que indicaban que eran Policías. Aprehendieron a la mujer mayor, mientras que a la chica la pusieron bajo custodia.
Los momentos de confusión dieron paso a la indignación. Mientras la mujer mayor pugnaba por impedir que los policías ingresen en la vivienda, uniformados, con la anuencia del fiscal Gabriel Lorenzo de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, trasladaron a la joven hasta el Cuerpo Médico Forense. Allí los peritos determinaron que la chica, de 20 años de edad, había sido sometida a un raspaje abortivo tendría un embarazado de poco menos de un mes. Las lesiones en la zona uterina no dejaban lugar para la duda y así lo asentaron los especialistas en el oficio posteriormente remitido a la justicia.
En la casa de la calle Obarrio, los numerarios de la Comisaría 1º, acompañados por personal de la Policía Científica examinaron a conciencia el lugar. Camillas, material quirúrgico, elementos médicos, sábanas con sangre. Prácticamente una clínica, una clínica clandestina. Una clínica clandestina donde se realizaban abortos. Cesira Gorordo cobraría unos 1.500 pesos por su trabajo.
Por orden de la fiscalía, Cesira Albertina Gorordo, de unos 75 años de edad, fue aprehendida y remitida a la Comisaría 7º de La Reja, donde están habilitados los calabozos para mujeres. 48 horas estuvo alojada allí. El viernes recuperó su libertad.
Quedó imputada en una causa por los delitos de “Aborto y usurpación de título”. El Código Penal Argentino en su artículo 85 se refiere a las penas que corresponden en este caso, señalando que le corresponden de uno a cuatros de prisión o reclusión al que causare un aborto con consentimiento. Respecto al ejercicio ilegal de la medicina -artículo 208 de la misma normativa- la pena varia de los 15 días a un año de prisión. Este punto, como veremos más adelante, tiene una disyuntiva. Ante el promedio de las penas -menor a tres años- el Dr. Gabriel Alberto Castro, titular del Juzgado de Garantías Nº 2, ordenó su excarcelación. Durante la mañana del sábado, Gorordo estaba nuevamente en su casa.
Algunos vecinos, sorprendidos por los movimientos que se produjeron ese miércoles y los días siguientes, en estricto off de récord, señalaron que los rumores sobre las prácticas de la mujer corrían desde hacía décadas. Le temían, porque la vinculaban al Proceso de Reorganización Nacional que gobernó a sangre y fuego la Argentina entre 1976 y 1983 y dejó 30 mil desaparecidos. Incluso mencionaban que existieron períodos que policías llegaban acompañados por chicas y que salían horas después. El dato llamativo es que, en base a los testimonios de los lugareños esta clínica clandestina de abortos funcionaba desde los años 80 del siglo pasado. Nunca fue allanada ni investigada por la Policía. ¿Connivencia?.
Dictadura y SIDE
La historia de Cesira Albertina Gorordo se cruza con el Plan Cóndor, el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, la SIDE y el robo de bebés durante la última -y definitiva- Dictadura Militar.
Mariana Zaffaroni Islas tenía menos de dos años cuando fue secuestrada junto a sus padres en septiembre de 1976. Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas habían escapado de la dictadura uruguaya, transitaban sus 20 años y comenzaron a estudiar en el país. Vivían en una casa alquilada en Vicente López.
En el marco del Plan Cóndor, impulsado por las dictaduras de la región, la familia Zaffaroni – Islas fueron llevados al centro clandestino de detención conocido como “Automotores Orletti”. Mariana compartía la pequeña celda con su mamá, María Emilia, hasta que fue sacada de allí y apropiada por un oscuro personaje.
Miguel Ángel Furci, alias “Pato Fillol”, se llevó a la pequeña. Con los pocos datos obtenidos, los familiares, ya en el regreso de la democracia, pudieron determinar que existían grandes posibilidades que Mariana estuviera viviendo como hija propia de Furci, desconociendo sus orígenes. Ante la presión, Furci escapó al Paraguay, pero posteriormente regresó y fue detenido junto a su esposa.
Un análisis sanguíneo practicado a Daniela Romina Furci mostró que en un 97% coincidía con las familias Zaffaroni – Islas. Daniela Romina Furci era en realidad Mariana Zaffaroni Islas.
En la declaración testimonial brindada por Miguel Ángel Furci, agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado con el legajo Nº 8087, en la causa iniciada a mediados de la década del 80 por el delito de lesa humanidad de “Apropiación de Bebés”, reconoció el delito con lujos de detalles, relatando como se hizo cargo de la crianza de Mariana, desconociendo el destino de sus padres. Además María Emilia estaba embarazada de tres meses en momentos de su captura; de esa criatura aún nada se sabe.
Un párrafo de la indagatoria es lapidario “También surge del resolutorio de Cámara que el certificado de nacimiento domiciliario fue otorgado por el médico Cesira Albertina Gorordo con fecha 29 de septiembre de 1975 a las 13:30 hs., ubicándose esta datación falsa en una época cercana a la verdadera fecha de nacimiento del 22 de marzo de 1875 a las 8:45 hs., en la maternidad `Ramón Sardá´”.
Por este motivo a Cesira Albertina Gorordo se le inició un expediente promediando los años 90 por el delito de “Supresión de identidad de un menor”, trámite iniciado por el Dr. Jorge Luis Ballesteros Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2. Indicios marcan que posiblemente haya sido sobreseída por estar civilmente inhabilitada.
También es mencionada en otra causa que llegó al Concejo de la Magistratura -Resolución 321/01-. En ella, Gorordo denuncia a una jueza civil y comercial, disconforme con el trabajo de una curadora que le asignaron. Este punto hecha un poco de luz la investigación encarada por Ballestero. Se desprende del escrito que Gorordo fue inhabilitada por la justicia en los términos del artículo 152 bis del Código Civil -Podrá inhabilitarse judicialmente: a los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio-. En el expediente del Consejo de la Magistratura se explicita que son “de difícil comprensión” algunas manifestaciones -cita a modo de ejemplo un peritaje realizado por el Cuerpo Médico Forense donde se señala que “la Dra. Cesira Gorordo debe permanecer bajo el régimen de protección judicial, ya que estimamos que ‘…el uso irrestricto de la libertad puede redundar en perjuicio para su persona y/o su patrimonio’”- y se desestima la presentación.
En base a este punto, Gorordo tenía la licencia para ejercer la medicina inhabilitada. También se presume que puede ser inimputable. En estos momentos la fiscalía trabaja a destajo para determinar su situación procesal y de esta manera continuar con la pesquisa.