En una resolución firmada este viernes, la Sede Fiscal del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez ordenó el archivo definitivo de la causa penal por presunta comercialización de estupefacientes que involucraba al edil oficialista Javier Tarragona.
La justicia penal consideró que la acusación carecía de pruebas mínimas y calificó las medidas de prueba solicitadas por el escrito como una «caza de brujas».El expediente se había iniciado tras una denuncia promovida por el propio Secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal el Dr. Nicolás Rappazzo.
El funcionario municipal había trasladado el testimonio de un vecino anónimo que señalaba que Tarragona operaba una supuesta «cocina» de cocaína y lideraba una red de narcotráfico local.
Una acusación basada en el «no dato»Según se desprende del fallo judicial, al momento de ratificar su presentación, el secretario Rappazzo no aportó ningún elemento nuevo ni indicios serios que permitieran direccionar la pesquisa.
La denuncia anónima omitía detalles elementales: no fijaba una ventana temporal de los presuntos delitos, no ubicaba geográficamente la supuesta fábrica de drogas ni identificaba a otros miembros de la banda criminal con nombres o apodos.
«Promover la instrucción sobre una base de actos de investigación a resultancia se traduce en la búsqueda de algo que se desconoce, a lo que pueda posiblemente aparecer», sentenció con dureza el fiscal de la causa, advirtiendo que la justicia penal no puede actuar bajo sospechas infundadas que vulneren las garantías constitucionales.
Celular entregado y antecedentes limpiosApenas tomó conocimiento de las acusaciones, el concejal Tarragona se presentó espontáneamente ante los estrados judiciales junto a su abogado.
En un gesto de colaboración poco frecuente en el ámbito político, el edil entregó su teléfono celular particular, la tarjeta SIM y proporcionó su código PIN de acceso para que los peritos revisen de manera exhaustiva sus comunicaciones.
Asimismo, informes requeridos a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y a la Fiscalía General Departamental confirmaron que Tarragona no cuenta con ningún tipo de antecedente penal ni investigaciones previas vinculadas al narcomenudeo o narcotráfico.Críticas a la filtración mediáticaUno de los puntos más llamativos de la resolución judicial fue el fuerte tirón de orejas por la difusión del caso.
El fiscal resaltó que la denuncia cobró una «inmediata repercusión mediática y estado público» de manera concomitante a su presentación en la fiscalía.Para los investigadores, esta publicidad operó en sentido contrario al sigilo y secreto profesional que exige cualquier causa de narcotráfico, transformándose en un obstáculo directo para la eficiencia judicial.
Con este panorama, y bajo los términos del artículo 268 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, la justicia dio por cerrada la investigación contra el legislador local. La causa solo podrá ser reabierta en los próximos diez años si se presentan elementos probatorios reales, novedosos y contundentes.
Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez