Docentes de distintos puntos del país participaron este jueves de una jornada de protesta que incluyó una movilización al Obelisco y un paro nacional de 24 horas. La medida fue convocada para exigir justicia por el femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural cuyo cuerpo fue encontrado en la localidad correntina de Esquina.
La convocatoria estuvo encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), junto con otros sindicatos del sector, entre ellos UTE, CEA, UEPC y SADOP.
Además del reclamo por el esclarecimiento del crimen, las organizaciones pidieron que la investigación avance con perspectiva de género y plantearon la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad y el presupuesto destinado a las escuelas rurales.
Desde CTERA calificaron como «altísima» la adhesión al paro y señalaron que hacía mucho tiempo no se registraba un nivel de acatamiento similar.
En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia informó una participación de entre el 67% y el 70%, según datos oficiales, mientras que el sindicato estimó que en la capital provincial superó el 90%.
En las instituciones privadas, en cambio, el impacto fue más dispar, aunque también hubo establecimientos que se sumaron a la medida de fuerza.
La jornada de duelo y el cese de actividades estuvieron acompañados por manifestaciones en distintos puntos del país.
Los gremios adelantaron que evalúan nuevas acciones para sostener el reclamo, aunque todavía no definieron un próximo plan de actividades y mantienen conversaciones con las organizaciones docentes de Corrientes.
El caso de Nancy Godoy
Nancy Estela Godoy fue encontrada sin vida en una zona de bañados de la localidad de Esquina, Corrientes, luego de varios días de búsqueda.
La docente, de 52 años, se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal.
Por el crimen hay cinco personas detenidas.
Tres de ellas están acusadas de femicidio, mientras que las otras dos enfrentan imputaciones por homicidio simple y falso testimonio, respectivamente.
La investigación judicial continúa para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho.
El reclamo de la comunidad educativa apunta a que el caso no quede impune y a que se garanticen condiciones de mayor protección para quienes trabajan en establecimientos rurales.
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